Bolivia acusa a Evo Morales y García Linera por el Caso Terrorismo
La Fiscalía General de Bolivia ha formalizado un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por el asalto policial de 2019 al Hotel Las Américas, que dejó tres muertos. Se les imputan graves delitos como asesinato y tortura
El eco de un escándalo que sacudió a Bolivia en 2019 resuena nuevamente: la Fiscalía General del Estado ha abierto un proceso penal formal contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por el conocido como Caso Terrorismo. Este caso se refiere al asalto policial al Hotel Las Américas en Santa Cruz, donde tres personas perdieron la vida.
La imputación surge de una denuncia presentada por el partido conservador Alianza Libre y marca el inicio de un juicio de responsabilidades que será supervisado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actuando como juez de garantías, según informó la emisora boliviana Erbol. Morales y García Linera enfrentan acusaciones de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
El trágico episodio tuvo lugar el 16 de abril de 2009, cuando agentes de la Policía boliviana irrumpieron en el Hotel, resultando en la muerte de tres personas y la detención de dos más, acusadas de pertenecer a una célula terrorista. En ese momento, Morales se encontraba en Venezuela y admitió haber ordenado la operación, mientras que García Linera era el presidente en funciones.
La familia de uno de los fallecidos, el irlandés Michael Dwyer, junto con los sobrevivientes, llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que fueron víctimas de vulneraciones, lo que implica un derecho a resarcimiento.
El Gobierno de Morales defendió la incursión policial como una medida contra el terrorismo, aunque el caso estuvo rodeado de controversias y denuncias de extorsión, y fue cerrado durante la administración de Jeanine Áñez.
Si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, deberá remitir un requerimiento al Parlamento boliviano para que se apruebe el juicio de responsabilidades, lo que requiere una mayoría de dos tercios.