Asamblea del Estatuto de Roma pide a Venezuela y Chad frenar su retiro de la CPI
El organismo advirtió que la salida de ambos países podría debilitar la lucha internacional contra la impunidad y la búsqueda colectiva de justicia. La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes exhortó a Caracas y Yamena a reconsiderar su decisión y mantener un diálogo constructivo. El organismo recordó que abandonar el Estatuto de Roma no elimina las obligaciones asumidas por Venezuela y Chad durante su permanencia en la CPI
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma instó este viernes 7 de agosto a los Gobiernos de Venezuela y Chad a reconsiderar su decisión de iniciar el proceso de retiro de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un comunicado, el organismo lamentó la decisión de ambos Estados y advirtió que su salida podría «socavar la búsqueda colectiva de justicia» y debilitar los esfuerzos internacionales destinados a combatir la impunidad.
La Presidencia de la Asamblea destacó el papel de la CPI dentro del sistema internacional de rendición de cuentas y señaló que la eficacia de la institución depende del respaldo sostenido de la comunidad internacional.
"La búsqueda de justicia se fortalece mediante la unidad de propósito", afirmó el organismo.
En este sentido, la Asamblea exhortó a Venezuela y Chad a reconsiderar sus decisiones y continuar participando de manera constructiva en el marco de los Estados Partes del Estatuto de Roma.
El organismo recordó que los gobiernos miembros tienen derecho a plantear sus inquietudes dentro de la Asamblea y animó a ambos países a participar en un «intercambio constructivo» sobre las razones que motivaron sus respectivas decisiones.
Asimismo, la Presidencia hizo énfasis en que la eventual retirada del Estatuto de Roma no libera a un Estado de las obligaciones contraídas durante el período en el que fue parte del tratado.
La Asamblea señaló que tanto Venezuela como Chad han contribuido a la labor colectiva de los Estados Partes en respaldo de la CPI como una institución judicial independiente e imparcial.
La solicitud se produce después de que ambos gobiernos iniciaran el proceso para abandonar el Estatuto de Roma, una decisión que abre un nuevo escenario en sus relaciones con el sistema internacional de justicia penal.