Agresión de ICE en Long Beach desata indignación y denuncia formal
La agresión sufrida por un ciudadano estadounidense a manos de agentes de ICE durante un operativo en Long Beach ha provocado una ola de rechazo y la exigencia de una investigación formal. El alcalde y un representante demócrata claman por justicia y rendición de cuentas.
Un video inquietante ha sacudido a California: un ciudadano estadounidense, Ricardo González, fue agredido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un procedimiento de detención en Long Beach el pasado fin de semana. Las imágenes, difundidas por StopICE.net, muestran a González inmovilizado en la acera, clamando por ayuda y asegurando tener el brazo roto.
El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, no tardó en reaccionar. Identificó a González como un “residente de Long Beach, padre y ex empleado de la ciudad”, y presentó una queja formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En su denuncia, Richardson detalló que el detenido “supuestamente fue sometido al uso repetido de una pistola Taser, inmovilizado por la fuerza y sufrió lesiones importantes” durante el operativo del sábado, según reportó ABC News.
Los hechos se desencadenaron cuando el Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) recibió un llamado de auxilio de personal de ICE, que alegaba vandalismo contra vehículos y la necesidad de asistencia médica para una persona. Al llegar, los policías encontraron a González esposado y sangrando, en medio de un enfrentamiento masivo. El LBPD aclaró que sus agentes no participaron en ninguna operación de control migratorio ni realizaron arrestos.
Las circunstancias que rodean la detención son alarmantes. González había contactado previamente a la policía municipal “solicitando ayuda durante un enfrentamiento con agentes federales de inmigración”. Este hecho ha suscitado críticas contundentes. El representante demócrata por California, Robert Garcia, calificó la situación como “sumamente perturbadora” y confirmó la ciudadanía estadounidense de González. “No hay informes que indiquen que estuviera haciendo algo malo”, enfatizó García, pidiendo una investigación exhaustiva del procedimiento.
Richardson, en un comunicado, no escatimó en palabras al calificar lo ocurrido como “indignante e inaceptable”. Exigió una investigación independiente, afirmando que “Long Beach no permanecerá en silencio cuando nuestros vecinos resulten perjudicados”. Insistió en que “una placa federal no da derecho a brutalizar a las personas ni a ignorar sus derechos constitucionales”. La presión por transparencia y rendición de cuentas en este caso se intensifica, dejando claro que la comunidad no tolerará abusos en nombre de la ley.