Advertencia del Departamento de Justicia sobre votos de no ciudadanos en California
A menos de tres semanas de las elecciones, el Departamento de Justicia de EE.UU. amenaza con investigaciones a funcionarios electorales en California que contabilicen votos por correo de presuntos no ciudadanos. La controversia se intensifica con la respuesta de las autoridades estatales.
La tensión electoral en Estados Unidos se agudiza a medida que se acercan las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El Departamento de Justicia ha lanzado una advertencia contundente: los funcionarios electorales de California que cuenten votos por correo de presuntos no ciudadanos podrían enfrentar investigaciones y procesos penales. Esta amenaza se materializó en una carta firmada por el fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, dirigida a la oficina legal del condado de Los Ángeles.
La misiva, que también fue enviada a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador electoral del condado, Dean Logan, resuena en un contexto donde el expresidente Donald Trump ha amplificado la controversia a través de su plataforma Truth Social, afirmando que “¡Todos irán a la cárcel por un largo período de tiempo!”
No es la primera vez que la administración Trump choca con California en temas electorales. Esta semana, el Departamento de Justicia envió a las autoridades estatales un listado de 20.000 personas que, según ellos, no son ciudadanos, exigiendo su verificación en un plazo de 48 horas. La respuesta de las autoridades californianas fue clara: la solicitud carece de fundamento legal. Weber advirtió que tales exigencias “amenazan el derecho al voto de miles de californianos” basándose en “información o metodología no verificables”.
El Gobierno federal sostiene que intentó colaborar con California, pero acusa al estado de no hacer “ningún esfuerzo serio” para cumplir con los plazos establecidos. Como resultado, se interpuso una demanda para impedir que esos votos sean contabilizados. McCotter enfatizó en su carta que las consecuencias legales por facilitar o ignorar un delito federal son severas, y que el voto de personas no ciudadanas en una elección federal es un crimen.
El fiscal advirtió que quienes contabilicen “a sabiendas” votos de individuos identificados como no ciudadanos por agencias federales “corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”. Además, cuestionó la idea de que los registros electorales no pueden modificarse en los 90 días previos a una elección, argumentando que esa restricción se aplica solo a programas sistemáticos de mantenimiento.
Logan, en respuesta a la carta, reafirmó que su oficina está enfocada en garantizar una elección segura y justa, sugiriendo que el Departamento de Justicia ha optado por litigios sobre afirmaciones no verificadas. “Lo mejor es que este asunto se resuelva en los tribunales”, declaró el registrador electoral.
La administración Trump ha priorizado la búsqueda de votantes no ciudadanos, solicitando a los estados información detallada de sus padrones, incluyendo fechas de nacimiento y números de Seguridad Social. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también envió cartas a varios estados, señalando que hasta 250.000 no ciudadanos estaban inscritos. Sin embargo, funcionarios electorales han cuestionado esa cifra; en Nevada, por ejemplo, se reportó que tras verificaciones estatales, el número de no ciudadanos registrados resultó ser cero.
En lo que va del año, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra aproximadamente 90 personas por diversas conductas electorales, incluyendo a 50 acusadas de votar sin ciudadanía. La batalla por la integridad electoral en EE.UU. se intensifica, dejando una estela de incertidumbre y confrontación entre el gobierno federal y los estados.