Abogados de venezolanos en el Cecot alertan sobre su paradero: "No sabemos si están vivos"
Más de 250 venezolanos enviados por la administración del presidente estadounidense a El Salvador fueron recluidos sin juicio en la cárcel de máxima seguridad Cecot. Abogados y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nayib Bukele mantiene su paradero y situación en total opacidad. Además, que impide toda asistencia legal o familiar
Un total de 252 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos fueron enviados sin juicio al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la gigantesca cárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Desde su llegada, su paradero y condición han quedado envueltos en un silencio oficial absoluto, según denuncian abogados y organizaciones de derechos humanos.
No tenemos derecho a llamarlos ni a visitarlos. No sabemos si están vivos. Ni siquiera contamos con una lista oficial de detenidos”, afirma René Valiente, abogado de la ONG Cristosal, con sede en Santa Tecla, a 10 km de San Salvador.
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, desde marzo cuando salieron a la luz imágenes de cientos de hombres rapados, encadenados y arrodillados en la prisión de máxima seguridad, organizaciones como Cristosal comenzaron a recibir denuncias y solicitudes de ayuda por parte de familiares, alarmados al reconocer rostros y nombres en listas extraoficiales difundidas por medios estadounidenses o en videos del traslado al penal.
Valiente asegura que han presentado más de 70 recursos de habeas corpus sin que ninguno haya sido resuelto.
Hemos solicitado información a centros penales, la presidencia, ministerios y cortes de justicia. Las respuestas han sido sistemáticamente negativas”, lamentó.
La opacidad no es solo institucional: las autoridades salvadoreñas, en aparente coordinación con el gobierno estadounidense del entonces presidente Donald Trump, han acusado a los detenidos de pertenecer al "Tren de Aragua", una organización criminal venezolana sin presentar pruebas ni siquiera confirmar sus identidades.
La abogada Ruth López, jefa de anticorrupción de Cristosal, también colaboraba en la orientación legal a las familias de los deportados. Sin embargo, fue detenida el pasado 18 de mayo, acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía. Días antes, había calificado públicamente los encarcelamientos como “desapariciones forzadas” y criticado abiertamente la política de seguridad del gobierno de Bukele.
En medio de este entramado de acusaciones sin pruebas y represión contra defensores de derechos humanos, las familias siguen sin respuestas. Y los venezolanos deportados siguen, hasta hoy, desaparecidos.
Su detención encendió las alarmas entre abogados críticos, activistas y oenegés, a quienes Bukele señala de militancia de izquierda y manipulación.
"Hablar, pedir algo que no esté alineado con el gobierno, implica arriesgarse a ser capturado", afirma Noah Bullock, director de Cristosal.
En una mesa de una cafetería alejada de oídos extraños, Salvador Ríos, abogado de un bufete contratado por el gobierno venezolano, muestra documentos y enumera los artículos de tratados internacionales y de la Constitución en los que basa la defensa de los deportados.
Hemos pedido el acuerdo que hizo el señor Bukele con Trump, la lista de presos, saber de qué los acusan y entrar al Cecot. Tenemos derecho como defensores. Son detenciones ilegales y guardan silencio total. Nos han cerrado las puertas», lamentó.
De lo mismo se queja Walter Márquez, presidente de la ONG venezolana Fundación Amparo, quien acompañó en silla de ruedas a parientes de los deportados que viajaron en junio a El Salvador, y que no están representados por el bufete de Ríos por ser críticos del presidente Nicolás Maduro.
Reina Cárdenas, uno de esos familiares, relató que para comprar los boletos de avión hicieron rifas, vendieron comida y recibieron donaciones. Pero volvieron a Venezuela sin verlos, y sin siquiera tener una "prueba de vida".
El vicepresidente Félix Ulloa afirma que su país presta un servicio de "alojamiento carcelario" por el cual Washington paga a El Salvador seis millones de dólares anuales. Pero no se sabe más.
La AFP pidió entrevistas con autoridades salvadoreñas, sin respuesta hasta ahora.
Cuando fue arrestada, Ruth López dijo a la policía que la detenían porque pertenece a una «organización incómoda».
Cristosal denuncia constantemente que el régimen de excepción, piedra angular de la guerra antipandillas de Bukele, viola los derechos humanos.
El estado de excepción, vigente desde 2022, suprime algunas libertades. Unas 87.000 personas fueron detenidas desde entonces sin orden judicial ni derecho a llamadas o visitas, ni siquiera de abogados. Así están también los venezolanos.
"Están en un hoyo negro jurídico, en el limbo", aseguró René Valiente en las oficinas de Cristosal, fotografiadas hace un par de meses por policías que llegaron poco antes de una rueda de prensa sobre los venezolanos.
Los datos recopilados por Cristosal, dice, cuentan "una historia completamente diferente" al perfil criminal de los venezolanos del que hablan Bukele y Trump. Identificaron a 152 deportados hasta ahora, un 90% sin antecedentes penales, según sus familiares.
"Buscamos documentar la grave violación de derechos humanos, dejar un registro. Estamos agotando las vías nacionales", un paso indispensable para acudir a instancias internacionales, destacó.
Walter Márquez recuerda que la "desaparición forzada" es "un crimen de lesa humanidad que da pie a un enjuiciamiento internacional". Pero esperó a salir de El Salvador para hablar de la Corte Penal Internacional (CPI).
La prudencia es clave en la labor de los abogados y activistas humanitarios. No hay ningún letrero que indique que detrás de unos portones negros está Cristosal.
Pero no basta con ser discreto. También se requiere constancia: "La verdad de las víctimas tarde o temprano se impone", dice el director de Cristosal.