La gran deuda de la Ley de Amnistía

Una de las más grandes tragedias en Venezuela en el terreno de la política es el abuso de los eufemismos, la transfiguración en el significado real de las palabras y de los compromisos. Resulta común que muchas de ellas pocas veces signifiquen lo que dicen. Resulta común reconocerlas debajo de la piel de la realidad saturadas de maquillajes.

La Ley de Amnistía aprobada el viernes con el aval de la “oposición” liderada por Henrique Capriles, que levantó la mano de forma unánime para excluir a más de 200 militares y perseguidos políticos, hoy convertidos en despojos humanos dentro de decenas de cárceles producto del trato cruel, pretende vender reconciliación donde apenas hay administración del conflicto. Se anuncia como cierre de ciclo, pero huele a maniobra de supervivencia.

Para quienes administran el poder, tutelados o no, cada preso tiene un valor, y los que quedaron alimentan un negocio oscuro del que viven desde el carcelero hasta el magistrado más alto.

Así que nadie se equivoque: cada preso político que recupere la libertad es una victoria humana. Cada familia que vuelva a abrazarse merece respeto. Pero una cosa es celebrar excarcelaciones y otra, muy distinta, declarar que el país ha entrado en una transición democrática. No son sinónimos.

Una amnistía verdadera nace del reconocimiento del abuso y de la voluntad de no repetirlo. Aquí no hay confesión ni propósito de reforma estructural. La norma libera a algunos mientras deja intacto el engranaje que permitió encarcelarlos. Se abre la reja, pero el candado sigue en la misma mano.

El análisis de Foro Penal es revelador. La ONG reconoce avances técnicos que no estaban en el proyecto original: aplicación de oficio, principio de favorabilidad, procedimientos con plazos, posibilidad de tramitar desde el exterior. Son conquistas de la sociedad civil organizada. Pero también advierte lo esencial: el aparato represivo no ha sido desmantelado. Y cuando el aparato permanece, el riesgo persiste.

La ley asegura abarcar casi tres décadas, desde 1999 hasta 2026. Sin embargo, al examinar sus artículos, aparecen vacíos escandalosos: años completos de persecución que no fueron considerados y una selección fragmentada de meses específicos. En la práctica, el período realmente cubierto es mínimo frente a la extensión de la represión documentada. No es un detalle técnico; es una decisión política.

Las exclusiones hablan más que los discursos. Como ya indicamos centenares de militares y personas vinculadas con ellos quedan fuera. Casos emblemáticos, como el de la jueza María Afiuni, los tres policías metropolitanos y otros procesados bajo figuras penales infladas, no encuentran cobijo claro en la norma. Se mantienen categorías amplias como “ataques a la soberanía” o “terrorismo”, que en el pasado sirvieron para criminalizar disidencias. Cambian los nombres, no la lógica.

Los números tampoco permiten triunfalismos: más de 600 presos políticos siguen registrados, miles permanecen bajo medidas cautelares y más de 11.000 ciudadanos cargan restricciones. Sí, ha habido excarcelaciones. Sí, la presión social ha logrado aperturas. Pero la estructura que hizo posible detenciones preventivas eternizadas y juicios sin garantías continúa operando.

Y hay otro ángulo ineludible: el internacional. Presentar esta ley como prueba suficiente de normalización puede convertirse en la coartada perfecta para suavizar presiones externas. Levantar sanciones personales sin transformaciones verificables en la independencia judicial y en las condiciones electorales enviaría un mensaje peligroso: basta un gesto para obtener legitimidad.

La reconciliación no se decreta por gaceta. Se construye desmontando leyes que criminalizan la opinión, reformando tribunales cooptados y garantizando que nadie vuelva a ser detenido por pensar distinto. Sin garantías de no repetición, cualquier amnistía es parcial por definición.

Venezuela necesita justicia, no escenografía ni palabras o promesas vacías. Necesita instituciones que protejan al ciudadano, no que lo vigilen. Necesita reglas claras que impidan nuevas persecuciones. Mientras la discrecionalidad siga siendo la norma, la palabra “amnistía” será apenas un recurso retórico.

La pregunta de fondo no es cuántos salen hoy, sino quién puede regresar mañana a una celda por disentir. Si esa amenaza sigue latente, no estamos ante un cambio de era, sino ante una pausa táctica.

Celebrar la libertad de los liberados es un deber moral. Confundir eso con la restauración del Estado de derecho sería, en cambio, una peligrosa ingenuidad.

Carlos Alaimo

Presidente editor