Editorial | Venezuela, de los espejitos españoles al colonizaje de Trump
¿Todavía hay dudas de que Venezuela corre el riesgo de convertirse en una colonia de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump?
La pregunta obliga a mantener el foco sobre una relación en la que los intereses estratégicos de Washington pisotean la soberanía venezolana a la vista de los integrantes de una cúpula que saqueó y destruyó al país. Y lo peor es que ocurre sin mejora alguna para los ciudadanos.
Durante la colonización española, el intercambio de espejos, cuentas de vidrio y otros objetos de escaso valor por bienes de los pueblos indígenas se convirtió en una especie de símbolo de una relación desigual.
Bastante leímos sobre ello.
La Corona obtuvo riquezas de los territorios conquistados, en un proceso marcado por el sometimiento y la explotación. Cinco siglos después, Venezuela se enfrenta a una interrogante que remite a ese pasado. ¿Qué recibe a cambio de sus recursos naturales si las decisiones sobre su explotación responden a intereses ajenos y no se traducen en bienestar para su población?
El petróleo, el oro, los diamantes, el hierro y el aluminio constituyen activos estratégicos para cualquier negociación internacional y hoy forman parte del botín que de manera permanente menciona Trump cuando quiere mostrarse ante el mundo como el titiritero de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, la precariedad que padecen millones de venezolanos comienza a recordarnos la peor etapa del Socialismo del Siglo XXI. Cuando Nicolás Maduro con su acostumbrada perversidad patentó en su discurso el impacto en la población de su dieta.
Como en esos días la crisis eléctrica acaba con la paz de los venezolanos, los hospitales incrementan sus carencias, las escuelas se tambalean –con o sin terremotos- como símbolo estructural del deterioro y los servicios públicos se alejan cada vez más de ofrecer respuestas adecuadas.
La cooperación económica y energética puede resultar beneficiosa para Venezuela, pero exige reglas claras, garantías de transparencia y una distribución de beneficios que responda al interés nacional. En ningún caso operaciones opacas o declaraciones que promuevan una felicidad que cada vez hace más infelices a quienes esperan un cambio democrático.
Tampoco puede ignorarse la continuidad de la crisis política. La dictadura no desaparece por el hecho de establecer acuerdos con Washington.
No podemos entregar un cheque en blanco a Marcos Rubio o a Dinorah Figueras bajo las sombras del G-4. No podemos permitir que una razia de bandidos se atornille día tras día en el poder en el marco de una coyuntura histórica mientras centenares de familias se mantienen en vigilia por los presos políticos.
Insistiremos siempre con que la falta de garantías democráticas y el deterioro institucional no se resuelven mediante negociaciones sobre petróleo ni con entendimientos o acuerdos bajo la mesa entre quienes ostentan el poder, pero se mueven al margen de la Constitución.
Hemos repetido hasta el cansancio que Venezuela no puede aspirar a recuperar su autonomía si sustituye una dependencia por otra.
La influencia de Cuba, Rusia e Irán, durante los años del chavismo, dejó profundas interrogantes sobre la capacidad del Estado venezolano para tomar decisiones soberanas. Una relación subordinada a Washington, cualquiera que sea su justificación, reproduciría el mismo problema bajo nuevas condiciones.
En este escenario, María Corina Machado tiene una responsabilidad política fundamental. Su liderazgo debe contribuir a una salida democrática sustentada en la voluntad de los venezolanos, no supeditada a las prioridades de la Casa Blanca.
Sí, el respaldo internacional es importante, pero no puede reemplazar la legitimidad ciudadana ni convertirse en una autorización para negociar el futuro del país sin sus protagonistas.
Machado cuenta con una base social que aspira a recuperar la democracia, reconstruir las instituciones y restablecer el ejercicio de los derechos políticos.
Esa fuerza constituye un activo que debe defenderse con autonomía, pero debe hacerse sentir de inmediato.
La interlocución con Trump puede ser necesaria, pero no implica concederle la facultad de determinar quién conduce el cambio ni cuáles serán sus límites.
La recuperación de Venezuela requiere instituciones legítimas, servicios públicos funcionales, seguridad jurídica y mecanismos que permitan a los ciudadanos beneficiarse de la riqueza nacional.
La soberanía no se demuestra cambiando de aliado, sino defendiendo los intereses del país frente a cualquier poder extranjero. Si los recursos venezolanos generan beneficios fuera de sus fronteras y la población continúa sin electricidad, hospitales adecuados ni oportunidades, habrá razones para cuestionar el resultado de esas negociaciones.
La historia colonial debería servir de advertencia. Los venezolanos no necesitan nuevos espejitos ni otro administrador de sus riquezas. Necesitan libertad para decidir, instituciones que los representen y un proyecto nacional en el que los recursos del país estén al servicio de su gente.
La pregunta sigue en pie. ¿Hasta cuándo Venezuela dependerá de las decisiones de otros para definir su destino?
Carlos Alaimo | Presidente-Editor