Editorial: Ética y talento en el nuevo TSJ
En Venezuela nada cambiará sin un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y la modificación –este jueves 27 de agosto- del artículo 65 de la ley, relativo a los mecanismos de elección, evidencian una vez más que estamos frente a un proceso viciado, que solo busca cambiar rostros y seguir manejando el sistema judicial con el lenguaje nauseabundo de las mafias.
Y Venezuela ya no aguanta más.
Con elajuste estructural del número de representantes y de la proporcionalidad de la Comisión Preliminar, elevando su conformación de 21 a 23 miembros y asignando 12 puestos a representantes de la sociedad civil y 11 a una representación legislativa, el régimen pretende garantiza que el ADN delictivo del socialismo del Siglo XXI y todo lo que significa, prevalezcan.
Y no vamos a callarnos.
Del trabajo de este órgano emergerá un Comité de Postulaciones que presentará la propuesta final con los nuevos magistrados ante la plenaria del TSJ. Ese comité no puede estar diseñado para seguir respondiendo al poder político.
Antes de discutir los nombres de los futuros magistrados hay que discutir quiénes tendrán en sus manos la responsabilidad de examinarlos, calificarlos y presentar las postulaciones. La calidad del Tribunal comienza mucho antes de que la Asamblea vote.
Jorge Rodríguez presenta la reforma aprobada en primera discusión como una apertura hacia la sociedad civil, pero incorpora 11 diputados dentro de un Comité de 23 integrantes. Y lo dice fiel a su estilo provocador: 11 diputados de la AN de 2026. Es decir, casi la mitad del órgano que debe cumplir una función esencialmente asesora será conformada por parlamentarios sectarios.
El artículo 270 de la Constitución es suficientemente claro. El Comité de Postulaciones de los Magistrados al TSJ estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. La Constitución no colocó allí a los diputados.
No es un detalle menor. Es la diferencia entre un proceso de evaluación independiente y uno sometido desde su origen a la correlación política de la Asamblea.
El asunto se vuelve todavía más delicado cuando se observa quién escogerá a los representantes de la sociedad civil. Según la reforma planteada, esos 12 integrantes serían seleccionados por los propios diputados y posteriormente ratificados por la plenaria.
Hay que decirlo sin eufemismos: si el poder político escoge a quienes deben participar en la evaluación de quienes ocuparán el máximo tribunal del país, la independencia del proceso queda comprometida antes de comenzar.
¿De qué sirve hablar de magistrados probos, talentosos e independientes si el filtro que debe identificar esas condiciones está políticamente condicionado?
El Comité no puede convertirse en una oficina previa de la Asamblea. Su razón de existir es precisamente incorporar una mirada social, profesional y técnica que permita evaluar méritos con independencia del interés partidista.
Por eso exigimos reglas públicas, transparentes y verificables para su conformación. Universidades, academias vinculadas al derecho, colegios de abogados y otros sectores calificados de la sociedad deben tener un peso real. No pueden ser invitados decorativos dentro de una decisión previamente cocinada.
Aquí no está en juego una formalidad parlamentaria. Está en juego la credibilidad del proceso completo.
Si se quiere reconstruir la República, hay que comenzar por respetar la Constitución. Derogar cualquier disposición que desnaturalice el Comité y devolverle su carácter ciudadano no es una concesión de la política. Es una obligación institucional.
Las delegaciones negociadoras tienen una responsabilidad enorme. Deben impedir que la discusión sobre el nuevo TSJ termine convertida en una negociación de cuotas. La justicia venezolana ya pagó demasiado caro el sometimiento al poder.
Y hay una pregunta que merece una respuesta pública: ¿la comisión de la Asamblea Nacional de 2015 ya advirtió en la mesa sobre esta contradicción?
Venezuela no necesita cambiar magistrados para conservar el mismo sistema. Necesita cambiar las reglas para que la justicia vuelva a pertenecerle a la República.