Venezuela registró 384 violaciones a la libertad de expresión en 2023, asegura Espacio Público
Se contabilizó 28 detenciones por el ejercicio del derecho. Del total de personas aprehendidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. La represión y los apagones contribuyeron a los casos reportados
La Organización no Gubernamental (ONG) Espacio Público denuncio que durante el año 2023 recibieron 384 denuncias provenientes de distintas partes del país con motivo de la violación de derecho a la libertad de expresión, lo que representa una disminución de 18 % en comparación con el pasado 2022, sin embargo, proyectan un 2024 preocupante ante la persecución política ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro.
En concreto, dentro del grupo de denuncias hubo 204 casos comprobados, de los cuales, el mes de mayo fue el que condensó una mayor cantidad, llegando a 27, seguido de octubre, con 22 y septiembre con 21. En promedio, se registraron al menos 17 casos mensuales.
La disminución del número total de violaciones, con relación a la cifra registrada en el 2022 no implica que se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, por el contrario, se mantienen las limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir informaciones.
La incidencia se mantiene por encima del promedio de casos previo a 2013. La menor es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conflictividad social y política.
Por su parte, la principal violación registrada en este periodo fue la intimidación, la cual suma casi un tercio del total de incidencias. Está vinculada principalmente a los impedimentos de desplazamiento, detenciones arbitrarias o asalto a periodistas durante el ejercicio de sus labores.
Se contabilizó 28 detenciones por el ejercicio del derecho; lo que representa un incremento del 65 % con relación al año pasado, cuando registraron 17 detenciones.
Del total de personas aprehendidas, 16 fueron particulares, 10 trabajadores públicos y dos periodistas. Estas detenciones suelen ser una medida en represalia por mensajes difundidos en redes sociales o reclamos antigubernamentales enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
La situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad ante la intervención de comunicaciones personales, registrada por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, o el seguimiento y la posterior criminalización de mensajes de interés público.
Además, registraron 37 fallas o apagones que afectaron el servicio e internet a nivel nacional, limitando la difusión de la información.
El 31 de agosto se reportó una caída nacional de internet que bajó la conectividad al 87%, luego de un bajón de electricidad 9. En esta ocasión, al menos ocho entidades fueron afectadas por la falla. El estado Táchira fue el más afectado, la conectividad en esa entidad cayó a 31 % de sus valores normales.
En los estados llaneros de Guárico y Portuguesa se redujo a 78 % y 79 %, respectivamente. Otros estados afectados fueron Trujillo (80 %), Carabobo (82 %), Vargas (83 %) y Barinas (85 %). En el Distrito Capital la conectividad cayó a 93 %, de acuerdo a un reporte del observatorio de internet Ve sin Filtro.