ONG denuncia suspensión de salarios a más de 40.000 docentes en Venezuela
Según la organización, docentes, personal administrativo y obrero afectados por medidas de despido o suspensión. La organización alertó que existen instituciones educativas con 100% de su personal. La ONG afirmó que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no ha ofrecido declaraciones ni ha respondido a las solicitudes de reunión del gremio
La ONG Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció este lunes una política sistemática del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ha resultado en la suspensión arbitraria de salarios a decenas de miles de trabajadores del sector educativo en Venezuela.
Según la organización, desde octubre del año escolar 2024-2025, se han registrado más de 40.000 casos de docentes, personal administrativo y obrero afectados por medidas de despido o suspensión, sin expediente ni justificación legal.
Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi, explicó que se trata de trabajadores con fuero maternal o sindical, en reposo médico o en reincorporación postnatal, muchos de los cuales han sido suspendidos hasta en cuatro ocasiones durante el presente período escolar, reseñó El Nacional.
Es inadmisible que primero se suspenda el salario y después se investigue. Es una violación flagrante del debido proceso y del principio de presunción de inocencia”, declaró Sánchez en nota de prensa.
La organización alertó que existen instituciones educativas con 100% de su personal docente suspendido, lo que ha dejado a miles de estudiantes sin clases, justo cuando se aproxima el receso escolar.
Esta situación contrasta con los discursos oficiales sobre estabilidad laboral y reingreso de jubilados, denunció la organización.
La ONG afirmó que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no ha ofrecido declaraciones ni ha respondido a las solicitudes de reunión del gremio docente. Además, no existe un mecanismo claro de apelación ni una vía expedita para la restitución de los salarios suspendidos, lo que mantiene en incertidumbre a miles de familias.
Ante esto, Fordisi pidió la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que investiguen esta política sistemática, la declaren contraria al derecho internacional y exijan la reparación integral a las víctimas.