Maestros jubilados rechazan petición de regresar a clases: "¿Con qué ánimos pretenden que volvamos a trabajar?"

Indignación. Ese es el sentimiento con el que los maestros jubilados recibieron la noticia el pasado 8 de octubre, luego que Héctor Rodríguez, ministro de Educación, firmó un decreto para exhortar a los profesores retirados en Venezuela a regresar a las aulas de clases ante el déficit de docentes que golpea al sector educativo.

La resolución DM/n.° 0025, publicada en Gaceta Oficial n.° 42.979 establece: “Las instituciones deberán incorporar como docente al personal docente jubilado por el Ministerio, que de manera voluntaria decida dedicar semanalmente al menos las horas académicas de clases de una sección”.

La crisis económica y social de Venezuela dejó a los educadores desamparados, con un sueldo que no alcanza los 15 dólares mensuales. Según estudios realizados por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el país cuenta con un déficit de unos 250 mil maestros.

Por ello el Ejecutivo decidió llamar de vuelta a aquellos profesores que por décadas dedicaron su vida para formar el futuro de Venezuela.

Sin embargo, ese futuro que en antaño moldearon, hoy se cierne sobre ellos en un panorama grisáceo y desolador.

El pasado martes, 22 de octubre, en una asamblea del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia (Suma), un grupo de jubilados de la Gobernación exigió el pago de sus prestaciones sociales, que nunca han recibido desde su retiro profesional.

Ante este escenario, en el cual no se les garantizan los beneficios sociales y la quincena que perciben no supera los 200 bolívares en la mayoría de los casos, surge el dilema: ¿Cuál es el incentivo para volver?

Las historias de Yajaira y Adriana

Yajaira Parra fue docente por 29 años en el Instituto de Educación Especial Monseñor Olegario Villalobos y se jubiló en 2019, y recuerda con cariño su etapa al trabajar con sus queridos niños, pero hoy ve como misión imposible regresar.

“Soy madre de un solo hijo y crio a dos nietos, y el sueldo no me alcanza para nada. Mi quincena es de 200 bolívares, pero no cuento con ellos porque me los descuentan de una funeraria. Solamente cuento con los 91 dólares del bono de Guerra Económica”, comentó.

La profesora vive con su esposo, trabajador del Metro de Maracaibo, y con la ayuda de Dios, tal y como expresó, pueden mantener su hogar.

Yajaira vive en Los Haticos y la escuela Monseñor Olegario Villalobos está ubicada en el sector Valle Frío, por lo que debía tomar cuatro transportes públicos diarios para trasladarse.

En la actualidad, con el costo del pasaje en 20 bolívares, sería un gasto semanal de 400 bolívares, el doble de su quincena como jubilada, que son 199 bolívares. Por ello, en sus últimos años en activa, debía caminar desde el centro comercial Plaza Lago hasta la institución, para ahorrarse dos pasajes diarios.

Ahora, a sus 51 años, Parra no ve factible volver a su trabajo. “¿Con qué voy a comprar mi uniforme? ¿Con qué voy a comprar comida?”, se pregunta.

Lo mismo se cuestiona Adriana Sánchez, docente jubilada en 2021 que dio 22 años de su vida a la educación primaria y bachillerato, donde incluso llegó a trabajar en áreas rurales.

Tras tres años sin recibir sus prestaciones sociales, y percibiendo sólo el ya famoso “bono de Guerra”, además de su quincena, Adriana afirma que con ese sueldo “no nos dan ganas” de volver.

“Como está la inflación, con eso no se puede vivir, con un mísero sueldo que no cubre ni siquiera nuestras necesidades básicas de alimentación, ropa, medicina, calzado”, expresó con preocupación.

Adriana llega a ser más contundente, y asegura que cualquier padre o madre de familia que dependa exclusivamente de esta profesión, “se muere de hambre”.

¿Cómo subsiste? Gracias al apoyo de sus hijos, así como de amigos y familiares que se encuentran fuera de Venezuela, al igual que le ocurre a buena parte de los educadores jubilados.

Incredulidad

Leonor Molina, de 63 años, trabajó en la localidad de Tía Juana, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y hoy debe asistir periódicamente a consultas psiquiátricas para tratar una condición mental que padece.

Una consulta para ella cuesta alrededor de 50 dólares, sin contar los medicamentos que debe tomar y los exámenes a los que se somete, y con ello, no le sobra nada para comprar alimentos, por ejemplo.

Gracias a la ayuda de su hijo que emigró, Leonor puede sobrevivir, pero se siente “decepcionada” del decreto que firmó el ministro Rodríguez. “¿Cómo ellos pretenden que volvamos a las aulas a trabajar? ¿Con qué ánimo? No se puede vivir así”, cuestionó en su incredulidad.

Para Luis Virla, subdirector de la escuela estadal Luis Arrieta Acosta, ubicada en el sector La Pomona, jubilado desde 2018, el decreto “es una gran falsedad”. “¿Un jubilado se va a presentar de gratis? ¿Eso quieren?”.

A sus 71 años ve inviable retornar sin tener un sueldo cónsono con la labor que están desempeñando y el panorama económico actual. A pesar de todas las dificultades, Virla describe a la educación como “un trabajo romántico”.

Sin embargo, recuerda cómo llegó un punto en el cual tuvo que colocar dinero de su bolsillo para mantener a la escuela Luis Arrieta Acosta.

“Se rompía algo y tenía que sacar de mi bolsillo, cuando faltaba comida para los niños debía completar para que los niños comieran porque empezó a fallar el PAE”, señaló.

Luego de 40 años de trayectoria, y con un título de postgrado, su sueldo no supera los 1.200 bolívares mensuales. Junto con su esposa, socióloga y profesora universitaria, compaginan sus salarios para sobrevivir.

Sin prestaciones, traslado, estabilidad y un sueldo digno, pedir a los jubilados que vuelvan a trabajar no resulta en una solución creíble al déficit de maestros en Venezuela.