Ley prohíbe a funcionarios retener cédulas y pasaportes en alcabalas y establece sanciones
La Ley Orgánica de Identificación establece límites para los funcionarios durante controles y procedimientos en la vía pública. La retención ilegal de cédulas, pasaportes o documentos de viaje puede generar responsabilidades civiles, penales, disciplinarias y administrativas. La normativa busca evitar que la documentación sea utilizada como mecanismo de presión para obligar a ciudadanos a trasladarse a comandos policiales
El ordenamiento jurídico venezolano establece que los funcionarios policiales y servidores públicos no pueden retener de manera ilegal la cédula de identidad, el pasaporte o documentos de viaje de los ciudadanos durante procedimientos en alcabalas o puntos de control.
La disposición está contemplada en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Identificación, publicada en la Gaceta Oficial N.° 6.155 del 19 de noviembre de 2014, que establece responsabilidades para los funcionarios que incurran en este tipo de prácticas.
De acuerdo con la normativa, ningún funcionario puede retener ilegalmente los documentos de identidad de una persona bajo el argumento de trasladarla a un comando policial. Quienes incurran en esta conducta pueden enfrentar responsabilidades de carácter civil, penal, disciplinario y administrativo.
La legislación establece así límites al accionar de los cuerpos de seguridad durante las verificaciones realizadas en carreteras, alcabalas y otros puntos de control, especialmente cuando se trata de documentos personales.
La prohibición busca evitar que la retención de la documentación sea utilizada como mecanismo de presión o coerción para obligar a conductores, pasajeros o peatones a trasladarse a una sede policial sin que exista una justificación legal.
En este sentido, los procedimientos de control deben desarrollarse dentro del marco establecido por la legislación venezolana y respetando las garantías de los ciudadanos.
La normativa también establece consecuencias para los funcionarios que incumplan estas disposiciones, por lo que cualquier actuación irregular puede ser objeto de las correspondientes acciones ante las autoridades competentes.