Guatire: un mes sin respuestas tras la explosión de gas
Juan Palacios aguarda que la Fiscalía 30 de Guatire determine responsabilidades por la explosión de una tubería de gas que dejó a su madre fallecida y múltiples heridos. La investigación se complica ante la falta de información sobre la instalación del servicio.
Un mes ha pasado desde que una explosión por una tubería de gas en Guatire transformara la vida de Juan Palacios y su familia. El siniestro, que ocurrió el 15 de agosto, dejó a su madre, Josefina Blanco, con quemaduras de segundo grado en el 95% de su cuerpo, lo que finalmente le costó la vida. Ahora, Palacios espera que la Fiscalía 30 de Guatire asuma la responsabilidad en un caso que ha revelado la precariedad de las instalaciones de gas en el país.
La detonación se produjo en el apartamento 22 de la torre 10 del conjunto residencial Las Bonitas II, en el sector Valle Arriba. A consecuencia de la explosión, cuatro familiares resultaron heridos, incluidos dos menores. Además, once apartamentos y dos vehículos sufrieron daños significativos. La respuesta de emergencia fue inmediata, con la presencia de los Bomberos de Miranda, Protección Civil, y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.
De acuerdo con el informe de los bomberos, la causa principal del siniestro fue una “instalación improvisada” que presentaba una fuga continua. La tubería dañada no solo era defectuosa, sino que su uso de mangueras flexibles sintéticas estaba prohibido por la normativa Covenin. Palacios recuerda cómo, la noche anterior a la explosión, su madre había detectado un olor a gas, lo que llevó a la familia a desconectar el horno. Sin embargo, al intentar encender la cocina al día siguiente, ocurrió la tragedia.
“Pensábamos que era otro terremoto”, relata Palacios, quien no puede olvidar el estruendo que sacudió su hogar. La investigación ha sido lenta; hasta ahora, ha recibido un par de informes, pero sigue a la espera de más detalles sobre cómo proceder legalmente. Tras consultar con un abogado, llegó a la conclusión de que la inmobiliaria, los antiguos propietarios y quienes realizaron la instalación tienen responsabilidad en el incidente.
La historia de Palacios es también la de un sueño que se convirtió en pesadilla. Compró su apartamento a finales de 2024 y se mudó en julio de 2026, tras una remodelación que nunca le explicaron adecuadamente. “La inmobiliaria Área 7 no me informó sobre cómo se había hecho la remodelación”, señala, subrayando la falta de transparencia en el proceso.
En medio de este escenario, Palacios se enfrenta no solo a la pérdida de su madre, sino a la incertidumbre de un sistema que parece no ofrecer respuestas claras. ¿Cuánto tiempo más deberá esperar para que se haga justicia por su tragedia?