Comunidad de Grano de Oro exige custodia de terreno abandonado
Voceros del consejo comunal denuncian que el inmueble de la Avenida 25, justo frente al Estadio Luis Aparicio. Abandonado por 11 años, se convirtió en foco delictivo, mientras 14 familias sin vivienda denuncian desalojos arbitrarios por tráfico de influencias
El Consejo Comunal del sector Grano de Oro alzó su voz para denunciar el estado de abandono crítico que presenta el terreno ubicado específicamente en la Avenida 25. Según los voceros principales, este espacio suma ya 11 años de abandono, convirtiéndose en un foco de inseguridad donde se ejecutan desvalijamientos de vehículos de forma constante, afectando la tranquilidad de los residentes y quienes transitan por esta importante arteria vial.
Ante esta situación, la organización vecinal ha solicitado formalmente a la presidenta del Concejo Municipal, Dessiree Fernández, una aclaratoria urgente sobre la condición jurídica del inmueble. El objetivo de la comunidad es obtener la guardia y custodia oficial del terreno para transformar este espacio ocioso en un proyecto habitacional que beneficie directamente a los habitantes del sector que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este predio se encuentran actualmente 14 familias conformadas por más de 60 integrantes, entre los que se cuentan niños, adultos mayores y personas con condiciones de discapacidad. Estas familias, que carecen de un hogar propio, han manifestado su firme voluntad de custodiar y recuperar el área, dándole un uso social que dignifique la vida de los miembros más desasistidos de la parroquia.
Sin embargo, los afectados denuncian un grave atropello contra el poder popular organizado. Según los testimonios recolectados, una ciudadana, valiéndose de supuestas influencias políticas, logró movilizar a la policía del estado para desalojar a las familias del terreno. Los voceros aseguran que dicha persona no posee títulos de propiedad legales, pero su accionar arbitrario ignoró la institucionalidad del consejo comunal y los derechos humanos de los presentes.
Los representantes comunitarios hacen un llamado directo al alcalde Gian Carlo Di Martino para que intervenga en este conflicto de tierras. Solicitan que se detenga el uso de la fuerza pública a favor de intereses particulares y que se dé prioridad a la necesidad habitacional del pueblo, permitiendo que el terreno sea gestionado por el consejo comunal bajo los lineamientos de la ley.