Jesús Esparza: “Ninguna ley resuelve problemas de carácter económico”
El Rector de URU sostiene que la “Ley Antibloqueo” solo supone la necesidad del gobierno de legitimar su actuar sin renunciar a ciertas prácticas.
El pasado 12 de octubre se proclamó en la Gaceta Oficial extraordinaria Nro. 6.583 la llamada “Ley Antibloqueo”, que a groso modo contempla mecanismos que a juicio del presidente Nicolás Maduro contribuirán a reactivar la economía del país y desarmar las medidas imperialistas que atentan contra el libre desenvolvimiento del crecimiento de la nación.
A propósito de ello, el Rector de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), Jesús Esparza Bracho, visitó el programa “A 8 columnas” del periodista Rafael Galicia en el que se pasearon por la interpretación que el jurista brinda sobre esta mencionada Ley.
En tal sentido, el Académico refirió que tal Ley, “la cual se atribuye rango constitucional”, carece de este por imputarse un carácter que solo puede ser otorgado por una consulta popular. Arrebatando incluso de vigencia a la Constitución del 1999. “El Gobierno lo que busca es legitimar sus acciones” sugirió el exsenador del extinto Congreso nacional, mientras agregó que “el país atraviesa una crisis social y política, la cual tiene que ser enfrentada de alguna manera y el Gobierno, aparentemente quiere hacerlo sin renunciar a ciertas cosas (…) por lo cual tiene que recurrir a un proceso de legitimación formal a través de esta autodenominada Ley Constitucional”.
El ex vicerrector de la Universidad del Zulia opinó que “Ninguna ley resuelve problemas de carácter económico. Los problemas económicos los resuelven decisiones económicas tomadas en consideración a la situación”. Agregando además que el régimen en su atención no se encuentra en condiciones para hacerle frente al “Bloqueo comercial” que mantiene Venezuela con EE.UU. y varios países.
Durante la entrevista sostenida por Galicia, el moderador infirió la posibilidad que el texto legal podría incluir una agenda oculta, a lo cual Esparza respondió: “No hay agendas públicas u ocultas, hay agendas (…) es evidente que el contenido que esa ‘Ley Constitucional’ va dirigida a entregar servicios públicos”. El abogado acotó que las medidas tomadas de manera transitoria por el Gobierno para abastecer los anaqueles en el país se debían a la relajación dispuesta por el Ejecutivo en materia de importación y esto no puede mantenerse así por más tiempo, por lo cual también hizo referencia a el cómo afectará a la familia venezolana diezmada por la migración y golpeada por una economía que no incluye el pago de servicios públicos, hoy deficientes, pero que serían privatizados a costa de la Ley.
“El contenido de la Ley permite la privatización de vastos sectores de la vida pública (…) es una privatización que se orienta a eludir los efectos del ‘Bloqueo’”, sentenció el Rector, quien se cuestionó si el país resistiría una privatización de sus servicios públicos en las actuales circunstancias.
“¿Cuál va a ser el sector de la población que pueda pagar estos servicios?” preguntó el jurista ante la ilusión de que empresas extranjeras asuman los sectores referidos si la situación actual narra un resultado contrario.
Con base en ello, el Doctor en Derecho, concluyó que la “Ley constitucional no correrá con suerte”. A su juicio el texto solo será uno más de los mecanismos que intento utilizar el Gobierno para enfrentar unas condiciones insostenibles. “¡Esto es muy peligroso!”, exclamó con preocupación, mientras aludió no referirse a un alzamiento popular, sino a la sostenibilidad que supone unas condiciones mínimas para la subsistencia de la población.
Esparza Bracho finalizó aclarando que su expectativa respecto a la norma radica más que en el resultado de una acción económicamente sana, en la incapacidad de la población de hacer frente al consumo que supone cubrir rubros por ahora incosteables. “Estamos pagando una receta económica al estilo del Fondo Monetario Internacional sin hacerla del modo que hubiera dado resultado”.