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Presos mueren en la cárcel por enfermedades infecciosas

Un total de 17 presos han fallecido en centros de detención preventiva del país, entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, de este año, según el informe realizado por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, quienes a través de una nota de prensa, explicaron que un porcentaje de estas muertes se debe a enfermedades infecciosas y contagiosas, como tuberculosis y amibiasis. De estos 17, ocho reos fueron asesinados por otros reclusos y uno se suicidó.

La organización durante su monitoreo sobre el estado de los derechos humanos, en 87 centros de detención preventiva de Caracas, Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal de Venezuela, pudieron conocer que estas estructuras con capacidad para 1.995 personas, tienen una sobrepoblación del 378 %. Estos actualmente albergan a 7 mil 546 privados de libertad. Explicaron que en una habitación individual, en promedio, hay cuatro personas. Señalaron que, aproximadamente, de 2 mil 458 detenidos, solo el 32,57 % ya los han procesados y aún no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

Carencias masivas

En el escrito revelaron que el 57 % de las penitenciarias no posee comedor, el 60 % no cuenta con espacios para el aseo de la ropa, el 56 % no posee áreas recreativas, el 50 % carece de zonas para recibir visitas, el 34 % no tiene servicio de recolección de basura y el 12 % no ofrece servicios higiénicos a los presos. Solo 21 de los 87 centros abarcados en el estudio, que representan el 24 %, cuentan con acceso al agua potable.

“La acumulación de basura, la ausencia de servicios higiénicos y de agua potable y la inexistencia de espacios para el lavado de la ropa, generan una situación de caos propicio para el desarrollo y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, que puede poner en peligro la vida de los detenidos, como de hecho ocurrió”, advierte el estudio.

Una Ventana a la Libertad, expresó que el Estado tiene responsabilidad en esta situación “deplorable”, al no tomar acciones para atender los problemas de higiene y retardo procesal.

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