Defensores de "narcosobrinos" acusaron a EE.UU. de destruir pruebas
Este martes, los abogados de los "narcosobrinos" acusaron a agentes del gobierno estadounidense de destruir pruebas que, según ellos, demuestran que son jóvenes corrientes que fueron inducidos a participar en una operación de tráfico de cocaína.
Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, han sido acusados por las autoridades estadounidenses de asociación delictiva para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes de 29 y 30 años, respectivamente, se encuentran detenidos en Nueva York.
Según nuevos documentos del caso que lleva adelante la corte federal de Manhattan, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas aseguraron que los derechos de sus clientes fueron violados cuando agentes estadounidenses editaron y destruyeron grabaciones e imágenes de vídeo “que no encajaban en la narrativa que los informantes (agentes) querían elaborar”.
Un mensaje enviado por The Associated Press a portavoces de la fiscalía no fue respondido de forma inmediata.
Franqui Francisco y Efrain Antonio presentaron un escrito el viernes en una Corte Federal de Manhattan con el que buscaron suprimir declaraciones a las autoridades estadounidenses después de su arresto.
En declaraciones en primera persona, los hombres dijeron que durante una reunión en una habitación de hotel en Puerto Príncipe, Haití, unos 20 hombres fuertemente armados sin identificación visible ingresaron al cuarto y los secuestraron.
“Considerando mi relación familiar con altos miembros del Gobierno venezolano, creí que éramos blancos potenciales de un esquema extorsivo u otro intento violento como represalia contra mi familia y mi país”, dijo Campo Flores.
Recién varias horas después de ser puestos en un avión, las autoridades se identificaron como parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y les informaron que habían sido acusados, dijeron los hombres.
Agregaron que les advirtieron de que enfrentarían hasta una condena de prisión perpetua si no cooperaban. Los abogados de ambos dijeron que hablaron con los agentes sin entender totalmente el derecho estadounidense a permanecer en silencio. Sus letrados quieren que esas declaraciones sean suprimidas, reseñó la agencia Reuters.