Trump refuerza control sobre contratistas ante investigaciones demócratas
En un contexto de creciente tensión política, Donald Trump ha emitido un nuevo decreto que obliga a los contratistas y subcontratistas federales a consultar con su administración sobre cualquier solicitud que reciban del Congreso. La medida, que busca frenar la supervisión esperada por parte de los demócratas cuando asuman el control del Congreso en enero, establece que las empresas deben coordinar con la Casa Blanca y agencias gubernamentales las "respuestas apropiadas" a tales requerimientos.
El mensaje es claro: el incumplimiento podría resultar en la terminación de contratos y la suspensión de futuros trabajos con el gobierno federal. Esta estrategia de la administración republicana es una respuesta directa a la atención que los demócratas han prometido dedicar a los contratos gubernamentales, especialmente aquellos que involucran a empresas vinculadas con la familia Trump, como es el caso del Pentágono.
Desde la Casa Blanca se han comenzado a tomar medidas para ejercer un mayor control sobre cómo las agencias y funcionarios responden a las solicitudes del Congreso. El abogado de Trump, Will Scharf, ha instruido a las agencias federales que obtengan aprobación de su oficina y de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca antes de comparecer ante el Congreso. En una carta reciente, Scharf incluso sugirió que algunas investigaciones podrían constituir "criminalidad flagrante".
En respuesta a estas maniobras, el representante Robert Garcia, líder demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara, ha instado a miembros de la familia Trump y a altos funcionarios de la administración a preservar documentos, desestimando los intentos de la Casa Blanca de limitar la transparencia. Garcia calificó el decreto como un "ataque descarado al derecho constitucional del Congreso a ejercer supervisión", afirmando que, a pesar de los obstáculos, "apenas estamos comenzando".
La Casa Blanca, en un documento informativo, ha enmarcado estas nuevas exigencias como una defensa de los privilegios ejecutivos ante lo que consideran un exceso del Congreso, argumentando que algunos líderes han intentado invadir las prerrogativas del poder ejecutivo al "hostigar a las empresas privadas que contratan con el gobierno federal".
Si bien presidentes de ambos partidos han invocado el privilegio ejecutivo para resistir investigaciones del Congreso, este tipo de alegaciones pueden generar disputas legales complicadas y prolongadas. El privilegio ejecutivo permite al presidente mantener información oculta de los tribunales, el Congreso y el público para proteger la confidencialidad de las deliberaciones de la Casa Blanca, aunque no es absoluto.
Este último decreto afecta a todos los contratistas y subcontratistas, un universo que abarca decenas de miles de empresas, dejando claro que la administración Trump no está dispuesta a ceder terreno ante las investigaciones que se avecinan.
