Cuba propone nueva Ley de Educación en medio de crisis escolar
La educación en Cuba, un pilar de la revolución de 1959, se enfrenta a un replanteamiento significativo. El régimen somete a consulta popular un anteproyecto de Ley de Educación que busca derogar la normativa vigente y adaptarla a las realidades actuales, marcadas por la crisis económica, la escasez de recursos y la falta de personal docente.
Este texto, que ha pasado por diecinueve versiones, incluye diez títulos y 243 artículos. La intención del gobierno es presentarlo en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un órgano legislativo unicameral que opera sin oposición política. Si se aprueba, la Reforma Integral de la Enseñanza de 1959 quedará derogada, marcando un cambio histórico en la educación cubana.
La reforma actualiza formalmente un sistema que el régimen ha promocionado como uno de sus mayores logros. Sin embargo, esta narrativa se ve empañada por la falta de docentes, cortes eléctricos, problemas de transporte y la continua emigración de maestros y familias, que agravan aún más la situación.
El anteproyecto establece la obligatoriedad educativa desde el nivel preescolar hasta el noveno grado, definiendo la educación como un “bien público social” y un derecho universal. Asegura que la enseñanza debe ser pública, gratuita, inclusiva, accesible, laica y equitativa, reafirmando la responsabilidad del Estado en la organización y provisión del sistema educativo.
A pesar de estas afirmaciones, el régimen mantiene un control centralizado que limita la participación de actores externos. Aunque se abren vías para el financiamiento no estatal, la rectoría sobre los contenidos y la autorización de instituciones educativas queda en manos del Estado. Esta apertura a lo privado contrasta con décadas de defensa del monopolio estatal en la educación.
Las familias, por su parte, enfrentan una realidad dura, donde los gastos de transporte, alimentación y materiales escolares se suman a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. La promesa de educación gratuita se siente lejana para muchos.
Entre las novedades más destacadas está la legalización de las clases particulares, conocidas como "repasos". La ministra de Educación, Naima Trujillo, defendió esta opción, argumentando que permite un diálogo más abierto entre escuelas y familias. Sin embargo, esta regularización podría profundizar la desigualdad entre quienes pueden pagar por apoyo extraescolar y quienes dependen exclusivamente de un sistema educativo debilitado.
Además, el anteproyecto incorpora el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada en la gestión educativa, aunque su implementación enfrenta el desafío de las condiciones precarias en muchas escuelas, donde la conectividad y el acceso a recursos son limitados.
El texto también aborda la protección de niños y adolescentes, estableciendo protocolos contra la violencia y mecanismos de denuncia. La votación que se avecina decidirá si el régimen cubano reemplaza una norma fundacional de 1959 por una ley que, bajo control estatal, busca integrar soluciones privadas y tecnológicas a los problemas de la educación en la isla.
