Apure y su frontera: territorio cedido al ELN y la impunidad

La impunidad no es solamente la ausencia de castigo, sino también el silencio que se impone sobre una comunidad, el miedo estruendoso que impera en todo un territorio, aún en lo evidente e insoslayable como lo es la ocupación del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), de nuestro territorio. Así es como en la frontera la impunidad adquiere una dimensión todavía más grave, permitiendo que otros poderes ocupen el lugar del Estado y decidan sobre la vida, el trabajo y la libertad de sus habitantes.

El ataque reciente, contra el punto de acopio de cocaína en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, frente al departamento colombiano de Vichada, vuelve a poner sobre la mesa una realidad denunciada durante años: la presencia y actuación de grupos armados irregulares en Apure. Lo ocurrido no puede interpretarse como un hecho aislado, por el contrario obliga a mirar el territorio por completo, desde FundaRedes hemos insistido en esta realidad, y no se ha tratado de una preocupación abstracta, ni de una controversia reducida al discurso político, sino de la seguridad de familias que habitan una frontera donde denunciar, es un enorme riesgo para la vida, durante años se ha registrado en Apure, el control social ejercido por el ELN y grupos disidentes de las FARC, además de amenazas, secuestros, homicidios, trabajo forzado y reclutamiento de menores, contrabando de gas, oro, coltan, alimentos, gas y gasolina, venta de niños, trata de personas con fines sexuales, y venta de órganos, aprovechamiento sexual de indígenas de 12 y 13 años, estas investigaciones muestran que la preocupación por la presencia de grupos armados tiene antecedentes documentados y no nace del episodio de Buena Vista del Meta.

En este contexto resulta imposible dejar de mencionar a Javier Tarazona Sánchez, director de FundaRedes, quien fue excarcelado el 1 de febrero de 2026 después de 1.675 días de detención, aproximadamente cuatro años y siete meses, encarcelamiento injusto que no puede separarse del trabajo que realizó para visibilizar la actuación de grupos irregulares en Venezuela. Javier fue un preso del ELN y de los sectores militares cómplices de estos grupos, pero ninguna persecución puede conseguir que la frontera quede sin voz, lamentablemente todas las denuncias sobre el ELN, han tenido la acción del Ministerio Publico en Manos de Tareck Williams Saab, de  presionar y perseguir a través de sus Fiscales en las regiones que aun están en esos cargos, a quienes denunciamos, cuando la obligación institucional no consiste en exigir silencio a quienes denuncian, sino en recibir los señalamientos, verificar los hechos, identificar responsables y ofrecer una respuestas, las denuncias deben ser examinadas rigurosamente y no sepultadas como se ha hecho.

Ahora mismo se hace urgente bloquear la captación de jóvenes por grupos irregulares, se ha denunciado que algunos son incorporados a trabajos en laboratorios y cocinas de procesamiento de drogas dentro del estado y otros son llevados a Colombia para trabajar en cultivos de coca, como raspadores, esta situación debe ser entendida en su dimensión humana, detrás de cada joven captado puede existir una familia sin ingresos suficientes, una trayectoria escolar interrumpida, no podemos normalizar  que la juventud de la frontera sea tratada como mano de obra disponible para la guerra o el narcotráfico.

El mapa de Apure: un problema general.

La situación de Apure no se limita a una localidad ni a un solo municipio, abarca sectores de los siete municipios del estado, presentar este mapa no significa afirmar que cada comunidad esté sometida de idéntica manera; significa precisar los lugares sobre los cuales se necesita una investigación rigurosa e intervención real del Estado.

En el municipio Páez: se ha señalado la fuerte presencia de hombres armados en La Victoria, El Nula, El Amparo y Palmarito. Son localidades que no pueden quedar reducidas a referencias ocasionales en noticias de enfrentamientos, allí viven familias que necesitan seguridad permanente, no atención únicamente cuando ocurre una crisis, este municipio es medular en cuanto a ocupación de hombres en armas.

En el municipio Rómulo Gallegos: la situación es igualmente grave. Entre los testimonios figuran señalamientos sobre la intervención del ELN en la reparación de escuelas, ambulatorios y vías agrícolas, así como en el financiamiento a campesinos para el levante de ganado, y otras actividades económicas, demostrando el peligro de que una organización armada convierta las necesidades de la población en mecanismos de influencia y dependencia.

En el municipio Muñoz: llama particularmente la atención sobre la zona de Quintero, que necesita protección urgente. También debe verificarse la ocupación y utilización por grupos irregulares de territorios correspondientes a hatos expropiados que, según denuncias, se encuentran bajo administración del Ministerio de Agricultura y Tierras y de la Gobernación de Apure, estos hatos hoy improductivos, le pertenecen a la Compañía Inglesa, y el mítico Hato el Frio de la familia Maldonado, en otrora un ejemplo de preservación de la biodiversidad, ahora en ruinas y al servicio del ELN y el narcotráfico, todos expropiados por Hugo Chávez.

En el municipio Achaguas: debe garantizarse seguridad en los sectores de Apurito y El Samán, donde el aprovechamiento de las rutas fluviales han favorecido la presencia de comandantes de las FARC en etapas anteriores y, posteriormente, del ELN, asimismo sobre la situación de las parroquias El Yagual y Guachara, exactamente en el Hato Chaparralito, también expropiado y otras zonas colindantes.

En el municipio Biruaca: esta problemática en el eje Santa Elisa–Bagazú–Juanaparo y en las sabanas de La Guanota, que se prolongan hacia Arismendi, en el estado Barinas. La preocupación que planteo es que estas conexiones territoriales permitan una movilidad que excede los límites municipales y estatales, además de la complicidad de dueños de hatos con estos grupos.

En el municipio Pedro Camejo: la existencia de numerosas pistas clandestinas y la incidencia de actividades vinculadas con el narcotráfico en Río Claro, La Macanilla, Cinaruco y la zona del Meta. Es en este contexto territorial donde debe examinarse lo denunciado sobre Buena Vista del Meta, sin reducir toda la discusión a un campamento o a un único operativo.

Municipio San Fernando: la influencia de grupos armados en San Rafael de Atamaica y en Arichuna, específicamente en el sector El Terrón, este breve recorrido expresa el alcance de los grupos irregulares, la respuesta institucional debe tener la misma amplitud, no basta con intervenir un punto mientras las comunidades de otros sectores continúan esperando protección. Amplias zonas de Apure han quedado al servicio de intereses vinculados con el narcotráfico internacional, al afirmar que las estructuras guerrilleras se han cartelizado, expreso una valoración sobre su subordinación a economías criminales que debe examinarse a partir de sus operaciones, sus fuentes de financiamiento y sus vínculos logísticos, es demasiado el dinero ilícito que permea las actividades económicas en San Fernando de Apure; cadenas de ferreterías, fabricas de motos, control de la carne, etc.

No debemos confundir un golpe militar con la salida del ELN.

Los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad antes de afirmar que el ELN está abandonando Venezuela. Una conclusión de esa magnitud requiere pruebas de alcance territorial y seguimiento en el tiempo, un ataque puede afectar una instalación, un desplazamiento puede modificar temporalmente la ubicación de una estructura, ninguno de esos hechos demuestra, por sí solo, la desaparición de sus redes, su influencia o sus relaciones económicas, el territorio venezolano sigue ofreciendo condiciones que deben ser investigadas y desmontadas, por eso cuestiono cualquier relato que dé por resuelto el problema sin escuchar a quienes permanecen en las comunidades afectadas.

La salida no puede ser una sucesión de operativos sin continuidad, hace falta una política de fronteras seria, estructurada y evaluable, que combine seguridad, justicia y atención a las comunidades, eso significa investigar las denuncias presentadas ante el Ministerio Público; proteger a víctimas, testigos y defensores de derechos humanos; atender de manera especializada a niños y adolescentes; prevenir el reclutamiento y la explotación sexual; y examinar con rigor las denuncias de trata y tráfico de niños con fines de extracción de órganos, significa también investigar las pistas clandestinas, los laboratorios, las rutas de contrabando y las posibles redes de protección institucional, y al mismo tiempo, recuperar escuelas, ambulatorios, vías agrícolas y oportunidades productivas sin intermediación de organizaciones armadas.

Apure está en rojo, esa es la grave realidad, y no debe verse como un castigo sobre nuestra población, sino como un llamado urgente frente a las condiciones que imperan en la región, nuestro estado no nació para ser refugio del narcotráfico, corredor de grupos irregulares, es tierra de familias trabajadoras, comunidades indígenas, productores, maestros y jóvenes que tienen derecho a construir su vida sin someterse a poderes armados, la soberanía comenzará a recuperarse de verdad cuando ningún apureño tenga que elegir entre callar para sobrevivir y denunciar a costa de su seguridad.