David Morán Bohórquez | Es botinaje, no tutelaje
En el debate contemporáneo sobre la crisis venezolana, la diplomacia y el análisis político suelen recurrir a eufemismos como «asistencia», «supervisión» o «tutelaje» para calificar las dinámicas de intervención, mediación o negociación en torno al país. Esta narrativa sugiere la existencia de un proceso ordenado mediante el cual actores internos y externos procuran administrar una transición o contener un colapso. Sin embargo, un examen riguroso de los hechos desmiente esta ficción institucional: lo que experimenta Venezuela no es un esquema de tutela orientado a la reconstrucción republicana, sino un ejercicio descarado e impune de botinaje.
La génesis del despojo: 27 años de latrocinio y agobio popular
La lógica del botín, ese despojo por conquista, no surge en un vacío político; es el corolario de casi tres décadas de degradación autocrática. Durante veintisiete años, la hegemonía chavista convirtió al Estado en una estructura patrimonialista donde la frontera entre el tesoro público y el interés de facción o grupo mafioso quedó abolida. Este latrocinio sistemático desmanteló el aparato productivo, licuó el tejido social y destruyó la moneda, sumiendo a la población en una crisis humanitaria compleja sin precedentes para una nación sin guerra formal.
Para el ciudadano común, estos 27 años no se traducen en abstracciones macroeconómicas, sino en un agobio cotidiano marcado por la pulverización del salario, el colapso de los servicios esenciales y la tragedia de la migración forzada. El sufrimiento del pueblo venezolano es la consecuencia directa de una élite que entendió el poder no como responsabilidad pública, sino como un fuero para el saqueo.
La capitulación interna: La subasta bajo institucionalidad espúrea
Ante el agotamiento del modelo y la asfixia financiera, la cúpula que detenta el control de facto ha sustituido su pretérita retórica de «soberanía energética» por una capitulación cínica e inescrupulosa. Lejos de responder a una adaptación estratégica, esta conducta revela una absoluta bancarrota ética: el desmantelamiento voluntario del interés nacional para asegurar el beneficio de facción en el poder tutelado. Bajo el amparo de una institucionalidad espúrea —carente de legitimidad de origen y ejercida al margen de los controles constitucionales que exigen la fiscalización y aprobación parlamentaria—, el interinato de Delcy y sus voceros procede al remate impúdico de los activos estratégicos de la nación.
La entrega opaca de bloques petroleros, las concesiones mineras discrecionales y los acuerdos operativos sin contrapeso legal no constituyen una política económica, sino un mecanismo amoral y desesperado de captación de liquidez. Se liquida el patrimonio colectivo sin el menor reparo ético para garantizar la supervivencia del grupo en el poder, consolidando un mercado ilícito donde la soberanía nacional es entregada a cambio de impunidad y permanencia.
Tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Desde entonces cambió el discurso de “soberanía energética” por una entrega acelerada, sin los contrapesos que la Constitución exige. Los hechos documentados:
– La reforma de la Ley de Hidrocarburos (29 de enero de 2026) facilitó la participación privada y formalizó la producción compartida. Fue aprobada por una Asamblea oficialista.
– El acuerdo con NABEP (agosto-septiembre de 2026). Según la Casa Blanca, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tomaría 35% de la matriz de NABEP, que operaría 17 campos con unos 65.000 millones de barriles durante 100 años. El Departamento de Estado podría comprar 20% de la producción a costo y tendría preferencia sobre el 80% restante, además de veto sobre la junta directiva. El acuerdo se rige por ley estadounidense y se somete a tribunales de EE. UU.
– El socio. NABEP pertenece a Alejandro Betancourt, quien según Reuters fue investigado en EE. UU. por blanqueo vinculado a fondos malversados de PDVSA. No hubo licitación pública conocida.
– El control legislativo. El 1 de septiembre la Asamblea Nacional “respaldó el anuncio”, pero su presidente reconoció que no discutía el fondo del acuerdo porque el documento aún no había sido consignado.
– La opacidad en volumen. El 8 de octubre, ante Fedecámaras, Delcy Rodríguez informó que PDVSA ha firmado 61 acuerdos, que se negocian otros 44 y que hay 18 en minería. No identificó contrapartes, montos ni plazos. El 24 de agosto había hablado de 50: en menos de dos meses se sumaron once, sin que se haya publicado ninguno. Hasta la diputada chavista Iris Varela sostiene que el pacto con Washington “puede ser revocado”.
– La minería. Minerven acordó vender entre 650 y 1.000 kg de oro dore a Trafigura con intermediación de Washington, y la reforma de la Ley de Minas extiende las concesiones de 20 a 30 años. La organización SOS Orinoco ha exigido “total transparencia, kilogramo por kilogramo”.
La convergencia externa: "To the victor belong the spoils"
A este remate interno se suma una visión extractiva desde el exterior. En un mitin en las afueras de Las Vegas, en agosto de 2026, Donald Trump dijo que de Venezuela salían “billones y billones de barriles”, que su país había actuado “a la antigua usanza” y remató: “To the victor belong the spoils, right?” (“Al vencedor le pertenece el botín, ¿verdad?”). Repitió la frase después ante la Asamblea General de la ONU. Su postura de fondo (“keep the oil”, quedémonos con el petróleo) la sostiene desde su primera campaña.
El mayor ejemplo de opacidad compartida es el dinero. Según el Financial Times, la venta de crudo venezolano ha generado más de 13.000 millones de dólares desde enero, y Trump lo confirmó. Washington decide quién vende ese crudo (Vitol, Trafigura y Chevron manejaron cerca de 77% de las exportaciones) y custodia el dinero en cuentas que han cambiado de lugar sin publicar un balance. Un funcionario del Departamento de Estado dijo al Congreso en abril que unos 3.000 millones habían llegado a Venezuela, y el portal venezolano de transparencia registra una sola transferencia de apenas 300 millones de dólares. Entre una cifra y otra, cerca de 10.000 millones de dólares carecen de rendición pública. Esa cifra es una diferencia entre reportes, no un desfalco comprobado, pero obliga a una pregunta: ¿por qué no se publican las cuentas? Mientras el gobierno encargado firma acuerdos sin dar contrapartes y Washington licencia a un círculo cerrado de empresas, ninguno de los dos muestra los libros.
El patrón es consistente: el liderazgo externo presenta como botín lo que el liderazgo interno entrega como “acuerdos”. Para ambos, la soberanía popular es un obstáculo menor, prescindible
La lectura contraria y por qué no se sostiene
El argumento más fuerte a favor de la entrega caprichosa de contratos es que, aún opaca, estabiliza la economía y destraba la transición. Los datos no lo respaldan esa hipérbole
La economía no se ha estabilizado. El BCV reportó una inflación mensual de 32,6% en enero y 14,6% en febrero. El tipo de cambio oficial pasó de unos 301 bolívares por dólar a fines de 2025 a unos 855 a fines de septiembre de 2026. El salario base sigue en centavos de dólar y el “ingreso mínimo” de 240 dólares se compone sobre todo de bonos.
Ni siquiera el petróleo confirma la bonanza. Según datos de la EIA, las exportaciones semanales de crudo venezolano a EE. UU. pasaron de unos 100-200 mil barriles diarios a comienzos de año a cerca de 600 mil desde mayo, y desde entonces no han crecido. La propia presidenta interina admite que el impacto de la producción se verá “a partir del año que viene”.
La energía se ha vuelto el cuello de botella. La demanda pico llegó a 16.030 MW frente a unos 12.415 MW disponibles. Los racionamientos de 10 a 16 horas diarias en estados del interior han provocado protestas nocturnas en al menos nueve estados. Miembros de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela advierten que la electricidad es hoy el principal freno a la recuperación.
La transición está en suspenso. A más de nueve meses de la captura de Maduro, no hay fecha para la elección presidencial. Rodríguez dice que habrá elecciones “cuando Venezuela esté lista”. La mesa de diálogo con apoyo de Washington excluye a María Corina Machado y a Edmundo González, y la oposición convoca para el 22 de octubre una movilización para exigir una fecha. Machado propone el 24 de julio de 2027. Según Meganálisis (Septiembre 2026) el 95.1% de los venezolanos niegan mejoras en los ingresos económicos y la calidad de vida en sus hogares y el 89,6% considera urgente que Delcy salga del poder
Un país donde sube el barril y se apaga la luz no está estabilizado: está liquidando activos.
Redefinir la soberanía desde la democracia
La Constitución de 1999 es categórica en su Artículo 5: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». Por ende, cualquier transacción, contrato o concesión pactado sobre las riquezas de Venezuela al margen de la Constitución y sobre la base de la emergencia social adolece de nulidad absoluta. Ninguna ficción legal ni pragmatismo diplomático puede validar la enajenación del patrimonio público realizada por autoridades ilegítimas o bajo presiones de reparto internacional.
Al reloj del supuesto tutor externo o del calculador de coyunturas le quedan apenas dos años de mandato; en cambio, el reloj del «We the People» venezolano acumula 27 años de resistencia, dolor y dignidad en marcha. Si ambos relojes no convergen en el corto plazo, las tensiones entre la exigencia de libertad y el cálculo de conveniencia irán en un aumento inevitable. Nada ha mejorado en la realidad interna venezolana para suponer que un reparto de despojos pueda anestesiar la demanda republicana: la economía sigue destruida, la represión continúa y el descontento social es total.
Ese reloj popular no se detuvo ni se resignó: el 28 de julio de 2024 la voluntad soberana se expresó de manera categórica, aplastante e inapelable, otorgando un mandato claro de cambio. Venezuela no necesita un nuevo repartidor de sus ruinas ni un tutor de paso que administre sus despojos. El rescate de la nación exige desmantelar de raíz la lógica del botín y hacer respetar la decisión popular expresada en las urnas. La única soberanía legítima reside en el pueblo venezolano, y su mandato del 28J no está sujeto a subasta ni a tutelaje alguno.
El Artículo 5 de la Constitución de 1999 es categórico: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. A ello se suma un vicio de procedimiento: el Artículo 150 exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional, y el 187.9 le otorga la facultad de autorizarlos. Si el convenio con NABEP crea obligaciones de ese tipo, un respaldo político al “anuncio” no sustituye el trámite constitucional.
Hay además un cuestionamiento de fondo: juristas y ex magistrados sostienen que el interinato venció y que quien actúa sin autoridad no puede comprometer al Estado. Es una tesis defendible, pero los árbitros internacionales no necesariamente la compartirán. Por eso la advertencia a los inversionistas debe ser precisa: la transición democrática auditará, revisará y, de ser procedente, revertirá las transacciones cerradas a espaldas de la Constitución.
Cabe recordar que Venezuela no es una advenediza en materia de atracción de inversiones ni en la estructuración de alianzas energéticas complejas. En los años noventa, el país ensayó una Apertura Petrolera de vanguardia que se convirtió en un referente global por su solidez institucional, rigor legal y capacidad para conciliar la soberanía nacional con el capital internacional. Una apertura petrolera seria no es un remate de ocasión ni un reparto de asignaciones a dedo; es una institución en sí misma, articulada mediante licitaciones transparentes, contrapesos legislativos y marcos regulatorios estables. Lejos de la improvisación y la opacidad actuales, bien podrían los actores estadounidenses —y los inversionistas globales— escuchar y aprender de los técnicos y profesionales venezolanos que diseñaron y ejecutaron aquel proceso, demostrando que la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones son la única garantía real para una relación energética sostenible a largo plazo.
Los tres frentes
Desmantelar el botinaje exige actuar en tres frentes:
1. Jurídico y financiero internacional. Notificar a mercados, corporaciones e instancias arbitrales que todo contrato aprobado sin control parlamentario ni legitimidad de origen conlleva un riesgo legal y reputacional, y que será auditado.
2. Interno. Denunciar sistemáticamente el remate patrimonial y contrastarlo con la penuria cotidiana: apagones, salarios, hospitales y servicios básicos.
3. Diplomático. Exigir coherencia a la comunidad internacional. No hay seguridad energética sostenible sobre la ruina moral de una nación, y la fecha de la elección presidencial no puede seguir fuera de la agenda.
Parafraseando a Don Quijote: “Sancho, con la dignidad de los venezolanos nos hemos topado”.
Los dividendos de erradicar el botinaje
Solo elevando el costo de saquear a Venezuela se extinguirá la tentación del botín. Y hacerlo ofrece beneficios estratégicos concretos:
– A corto plazo (EE. UU. y la región): atenúa el principal catalizador de la crisis migratoria, frena el flujo de capitales ilícitos y reduce un enclave de redes criminales transnacionales. Una Venezuela con electricidad deja de frenar su propia recuperación y la de la región.
– A mediano plazo (América): restablece un proveedor energético confiable, legal y transparente en el hemisferio occidental, con inversiones seguras bajo el Estado de Derecho.
– A largo plazo (el mundo occidental): reafirma la vigencia de las democracias liberales y del derecho internacional frente a la lógica del “botín de guerra”, y demuestra que los recursos naturales pertenecen a naciones soberanas regidas por instituciones legítimas, no al autócrata de turno ni al mejor postor.