La Ley de Nietos enfrenta un nuevo desafío a un mes de las elecciones
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presenta un recurso ante el Constitucional contra la suspensión de la Ley de Nietos por el Supremo. Este movimiento agita el ya convulso escenario político a menos de un mes de las elecciones generales.
La incertidumbre política en España se intensifica a medida que se acercan las elecciones generales del 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la suspensión de la Ley de Nietos dictada por el Tribunal Supremo (TS). Esta acción no solo reabre un conflicto jurídico ya resuelto por el Alto Tribunal, sino que también pone a Gabilondo, quien está en el ocaso de su mandato, en el centro de un desafío político.
La maniobra busca aglutinar una reclamación colectiva en nombre de aquellos que podrían verse perjudicados por la decisión del TS. Se trata del último intento del Gobierno de Pedro Sánchez para que la Corte de Garantías, presidida por Cándido Conde-Pumpido y con una mayoría afín al Ejecutivo, resuelva el entuerto antes de las próximas elecciones.
El tiempo apremia. Gabilondo culminará su mandato el 16 de noviembre, apenas dos semanas antes de la jornada electoral. Además, el TC tendría que actuar con una celeridad inusual si decide admitir a trámite la impugnación del socialista y otorgar medidas cautelares que neutralicen las restricciones vigentes. Sin embargo, Conde-Pumpido ya ha advertido que el Pleno del Constitucional no abordará este asunto antes del 29 de noviembre, dejando a Gabilondo en una posición comprometida.
La acción de Gabilondo busca mantener en el censo electoral a los votantes nacidos fuera de España de ascendencia española que hayan perdido o renunciado a su nacionalidad por motivos de exilio. Esta situación afecta a un número significativo de personas que, residiendo en el extranjero, desean recuperar su nacionalidad bajo la Disposición Transitoria de la Ley de Memoria Democrática. Una norma que, tras su aprobación, fue ampliada por el Ministerio de Justicia para incluir a quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 por razones económicas.
El conflicto surge porque el Supremo ha bloqueado provisionalmente la inclusión de un alto número de nacionalizaciones y las correspondientes inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que podría sumar hasta 400.000 personas, según el Gobierno. La Abogacía del Estado y la Fiscalía han reconocido que no se pueden garantizar los requisitos exigibles para estas inscripciones.
Desde que el Supremo suspendió los efectos electorales de gran parte de estas inscripciones en respuesta a recursos de Vox e Iustitia Europa, el Gobierno ha tratado de revertir esta decisión que complica sus planes electorales. El 12 de octubre, el TS confirmó estas medidas en un contexto oficial, desestimando los recursos del Estado y el Ministerio Público.
Estas resoluciones impactan a cerca de 163.020 personas inscritas en el CERA hasta el 1 de agosto de 2026, la fecha límite para la inclusión en el censo electoral. El Supremo sostiene que la precisión y transparencia del censo deben prevalecer sobre los derechos individuales de sufragio, especialmente ante un aumento "extraordinario" de electores en el exterior, lo que podría poner en riesgo la objetividad del proceso electoral.
Los que logren acreditar su condición de descendientes de exiliados ante los consulados antes del 29-N podrán recuperar su derecho al voto, mientras que el resto quedará en suspenso hasta que se resuelva el fondo del asunto. Sin embargo, el Gobierno ha señalado la imposibilidad de verificar los expedientes en el tiempo disponible, lo que también se ha cuestionado durante los procesos de nacionalización.
En este contexto, la intervención de Gabilondo se presenta como la única vía institucional viable, dado que la Abogacía del Estado no tiene legitimación para interponer un recurso de amparo. El Defensor del Pueblo ha solicitado medidas cautelarísimas para que los afectados puedan votar el 29 de noviembre y ha instado al TC a pronunciarse sobre la interpretación del Supremo. La institución ha actuado tras recibir múltiples peticiones de ciudadanos y entidades.
Este caso enfrenta dos valores fundamentales: la integridad del proceso electoral, defendida por el Supremo, y el derecho de participación política de ciudadanos que no han perdido su nacionalidad. Con el recurso en manos del TC, el desenlace dependerá de si el tribunal estima que la interpretación del Supremo vulnera el artículo 23 de la Constitución y decide actuar con urgencia. A medida que se acercan las elecciones, cualquier resolución tendrá profundas implicaciones tanto jurídicas como políticas.