Bukele asegura que ningún pandillero saldrá libre tras revisión de casos
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la revisión de más de 10 mil casos de detenidos por colaboración con pandillas, pero enfatizó que los pandilleros no serán liberados. A pesar de los avances en la reducción de homicidios, las críticas por violaciones a derechos humanos persisten.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dejó claro el viernes que ningún pandillero saldrá libre del sistema penitenciario. En una conferencia de prensa, anunció que se revisarán los casos de 10.626 detenidos considerados como colaboradores no habituales de pandillas, en un intento por ajustar su política de encarcelamiento.
Recientemente, Bukele había mencionado un plan que permitiría la liberación anticipada y condicional de aquellos que hayan cometido delitos menores relacionados con estas organizaciones criminales. Aseguró que alrededor del 50% de los detenidos podría beneficiarse de este programa, que busca ofrecer alternativas a quienes no tienen un historial delictivo fuerte.
En su exposición, el mandatario reveló que actualmente hay 120.956 reos en el país, de los cuales 96.457 están encarcelados por su vínculo con las pandillas. De estos, 42.125 son identificados como “homeboys”, mientras que 25.910 son “paros”, es decir, individuos que no han pasado por el ritual de iniciación de la pandilla. Los restantes 10.626 son colaboradores ocasionales.
El programa denominado Cero Ocio permitirá que algunos de estos colaboradores realicen trabajos comunitarios, lo que podría reducir su tiempo de prisión. Sin embargo, Bukele insistió en que “ningún pandillero va a salir libre nunca”, marcando una línea clara en su política de seguridad.
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un estado de excepción, instaurado tras una ola de violencia que dejó 62 asesinatos en un solo día. Esto llevó a la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad que alberga a los pandilleros más peligrosos, aislados de la población y sin comunicación con el exterior.
Las pandillas habían dominado el 90% del territorio salvadoreño, generando ingresos de casi 2.000 millones de dólares anuales por extorsiones. El estado de excepción ha implicado la suspensión de derechos fundamentales, como el acceso a un abogado y el derecho a ser informado de los motivos de detención, además de extender el tiempo de detención sin audiencia de 72 horas a 15 días.
Desde la implementación de estas medidas, se han detenido 93.162 personas acusadas de tener vínculos con pandillas. Bukele ha declarado que 8.000 inocentes han sido liberados, pero organizaciones de derechos humanos reportan más de 6.000 denuncias de abusos y al menos 575 muertes bajo custodia policial.
En el contexto de la violencia, El Salvador vivió uno de sus años más sangrientos en 2015, con 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el país cerró 2025 con apenas 82 homicidios, un mínimo histórico que contrasta con la violencia del pasado.