Daniel García Arellano | Entre la tutela de Washington, la ilegalidad y el clamor popular
Los venezolanos, en un claro y evidente estado de indefensión, secuestrados por la pobreza inducida por el modelo socialista y ahora privados por el gobierno norteamericano de sus derechos para restituir la democracia se niegan a continuar siendo conejillos de india de los laboratorios perversos impuestos por los modelos ideológicos y políticos. Salimos parcialmente del laboratorio dirigido por modelo cubano que controlo y sometió al país alcanzando exitosamente el control social para entrar al laboratorio capitalista que ensaya inexplicablemente un modelo mixto inaplicable sobre una población diezmada, vulnerada y huérfana de una dirigencia ética y moralmente formada.
La normalidad que se pretende vender contrasta con la realidad que se ve y se vive en las calles y la prórroga permanente a las soluciones elementales juega en favor del continuismo lacerante de la condición humana. Existe un ambiente de convivencia y frenesí entre políticos cuestionados, de poco prestigio, empresarios inescrupulosos y medios de comunicación complacientes todos responsables, corresponsables y cómplices de la debacle del país que obviamente demandan de una sólida y decidida contraparte conformada por todos los sectores sociales que enfrente y que cambie la realidad existente.
Las cifras no admiten matices ni maquillaje oficial. Según todos los estudios elaborados responsablemente por diferentes encuestadoras e instituciones definen con claridad meridiana que la gestión encabezada por Delcy Rodríguez evidencia un rechazo abrumador en la opinión pública venezolana. El dato más contundente refleja el colapso del sistema eléctrico, donde un 70 y 80% de los consultados califica el servicio como "Pésimo". Lejos de tratarse de un problema aislado, esta cifra condensa el deterioro cotidiano de una nación sometida a continuos apagones que paralizan centros de salud, destruyen la productividad y pulverizan la calidad de vida de las familias. El descontento es transversal a toda la administración impuesta y sostenida por la administración de Donald Trump: en cuanto a la ineficaz lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, principalmente la precariedad creciente de la economía familiar, la deficiente atención médica y en general la inoperancia absoluta en todas las instituciones que deben atender y servirle eficientemente al ciudadano.
Sin embargo, el drama venezolano no es solo la consecuencia inevitable de la ineficiencia, sino el resultado directo de un esquema de poder asentado en la inconstitucionalidad y la ilegalidad continuada. Hoy en día, el país se halla sumergido en un ejercicio legislativo e institucional gravemente viciado: las instancias parlamentarias y la propia presidencia interina, las gobernaciones y alcaldías carecen de legitimidad de origen y de fondo, operando al margen de los marcos constitucionales verdaderos.
Esta anomalía institucional se sostiene lamentablemente gracias a quien prometió ayudar a liberar a Venezuela del autoritarismo y hoy solo se evidencia que decidió unilateralmente cambiar de carcelero, maltratando, vejando,defraudando y subyugando a un pueblo entero. Además, este salvador se convirtió en verdugo de los venezolanos en suelo norte americano y sorprendentemente en un muro de contención difícil de sortear para alcanzar la libertad de la Venezuela petrolera de la cual se sirve igualmente por la vía de la fuerza, realidad inobjetable y cuestionada incluso por los mismos habitantes y políticos estadounidenses.
En el sentir colectivo existe la convicción clara de que la responsabilidad de devolver a Venezuela al sendero de la legitimidad recae en gran medida en las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. El tiempo transcurrido bajo el esquema del interinato, impuesto y respaldado por la política estadounidense, demuestra una falta de voluntad real para propiciar humanamente una solución efectiva a la crisis. Por el contrario, la negativa a trazar una ruta electoral clara a corto plazo y la constante indefinición para fijar fechas concretas a un proceso comicial transparente generan un clima de incertidumbre que perpetúa el sufrimiento de la población.
Esta indefinición política mantiene a Venezuela aislada del sistema financiero global. Los mercados e inversionistas internacionales perciben al país en una situación de extrema desventaja y riesgo, dada la ausencia total de garantías jurídicas e institucionales para la inversión extranjera. Mientras no exista un marco legal sólido y legítimo, el capital internacional seguirá distante, profundizando la parálisis económica que asfixia a los ciudadanos.
Ante este panorama, el clamor popular exige un punto de quiebre definitivo. Venezuela no solo necesita un cambio de gobierno mediante elecciones libres y transparentes; la sociedad demanda con urgencia la refundación de las estructuras públicas sobre un nuevo modelo de Estado.
Se requiere un Estado sólido, moderno, eficiente, transparente y plenamente adaptado a las dinámicas del siglo XXI y a la realidad global. Solo restableciendo la legitimidad democrática y devolviendo la soberanía al pueblo será posible reconstruir la confianza, reactivar la economía y devolverles la dignidad, la esperanza y el bienestar a todos los venezolanos.
Mientras no hagamos frente a la opresión y la barbarie seguiremos siendo esclavos de las circunstancias y esclavos del sistema imperante.