Luz Neira Parra | Cuando Trump pone precio a la democracia

Hay momentos en que la política internacional deja al descubierto la verdadera naturaleza del poder. El acuerdo de Donald Trump para facilitar la comercialización de diésel ruso, mientras presiona al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para que abandone el poder, plantea algo que trasciende las fronteras de Estados Unidos y Europa: ¿qué queda de la defensa de la democracia cuando los intereses económicos de un gobernante parecen tener más peso que la soberanía de una nación agredida?

Thomas L. Friedman, columnista de The New York Times, ha formulado una crítica contundente   dice  que el presidente Trump  está traicionando los valores democráticos al comprarle Diesel a Rusia mientras debilita el respaldo a Ucrania. Es más hizo comparación con Neville Chamberlain, aquel desdichado  primer ministro británico que quiso hacer un pacto con  Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. De verdad que es una crítica feroz. Porque plantea  ¿Puede una potencia reclamar autoridad moral para defender la libertad mientras negocia con un gobierno autocrático que invadió a otro país y que  simultáneamente, presiona a la nación agredida?

El problema no es que los Estados negocien. La diplomacia exige transacciones, compromisos y concesiones. El problema aparece cuando el pragmatismo deja de ser un instrumento para alcanzar objetivos legítimos y se convierte en una justificación para ignorar las consecuencias políticas y morales de las decisiones. Trump ha hecho de la negociación una marca personal, pero gobernar una potencia mundial no es administrar un negocio privado. Las decisiones presidenciales afectan vidas, fronteras, alianzas y la credibilidad de las instituciones internacionales.

Desde América Latina, esta contradicción tiene una resonancia histórica. Nuestro continente conoce demasiado bien el lenguaje de las grandes potencias cuando la defensa de la libertad coincide con sus intereses estratégicos y el silencio que sobreviene cuando esos intereses aconsejan otra conducta. Hemos padecido intervenciones, tutelas políticas, alianzas con gobiernos autoritarios y acuerdos sobre nuestros recursos naturales en los que la voluntad de los ciudadanos ha ocupado un lugar secundario.

Trump no inventó esa tradición, pero su manera de ejercer el poder la vuelve particularmente visible y hasta grotesca, porque se jacta de ello, con burla hacia los ciudadanos sobre todo hacia los venezolanos. La democracia parece adquirir valor según la utilidad del interlocutor; la soberanía, según la capacidad de negociación de cada país; y los principios, según el precio que se esté dispuesto a pagar por ellos. El acuerdo con Rusia y la presión sobre Zelenski no constituyen solamente una controversia sobre combustibles. Revelan una concepción de las relaciones internacionales en la que el poder puede pretender que sus intereses justifiquen sus propias contradicciones.

Nuestro pais ofrece un ejemplo especialmente patético. Mientras millones de venezolanos han reclamado durante años elecciones libres, instituciones independientes y respeto a la voluntad popular, Washington ha impulsado acuerdos energéticos con el gobierno chavista  encabezado por la vicepresidenta del encarcelado dictador Maduro  y ha establecido una relación empresarial con Alejandro Betancourt, un empresario vinculado al gobierno chavista y acusado de enriquecimiento ilícito con  contratos públicos multimillonarios robados a la nación desde  la época de Chávez.

El caso adquiere una dimensión política mayor tras las declaraciones de María Corina Machado desde Panamá calificando  de corrupto a Betancourt. Lo responsabilizó de una corrupción que describió como obscena y cuestionó su papel en los negocios petroleros respaldados por Washington. Afirmó, además, que no lo consideraría un socio comercial viable si llegara al poder. Machado  también ha denunciado que su movimiento quedó fuera de las negociaciones políticas que se desarrollan en Venezuela, aunque el Departamento de Estado sostiene lo contrario, que su partido fue invitado a participar. Por fin Machado se atrevió a criticar al gobierno de Trump.

¿Cómo puede justificarse una política que proclama la necesidad de transformar el país mientras privilegia acuerdos económicos con actores vinculados al sistema de poder cuya transformación se reclama?

No basta con señalar que los contratos petroleros pueden atraer inversiones o incrementar la producción. También hay que preguntar quién los negocia, bajo qué condiciones, con qué controles y en beneficio de quién. La reconstrucción de una economía devastada exige capital, tecnología y seguridad jurídica; pero ninguna de esas necesidades convierte la transparencia en un asunto secundario. La inversión privada no sustituye la legitimidad política, y la recuperación de la industria petrolera no puede confundirse con la democratización del país.

Si Washington considera indispensable trabajar con determinados empresarios, tiene la obligación de explicar los criterios de selección y las garantías de transparencia que ofrece.

La posición de María Corina Machado introduce otra cuestión incómoda. Desde que los norteamericanos se llevaran a Maduro ha defendido la Tesis de una transición democrática y ha depositado expectativas en el respaldo estadounidense.No obstante ahora debe confrontar públicamente las decisiones de una Administración que, según sus propias denuncias, ha privilegiado negociaciones de las que ella no se siente parte. Su crítica a Betancourt marca una toma de posición explícita frente a los acuerdos empresariales de Washington. Queda por ver hasta dónde está dispuesta a llevar esa exigencia cuando entre en tensión con sus expectativas de apoyo político.

No se trata de exigirle una ruptura automática con Estados Unidos ni de desconocer la importancia de las alianzas internacionales. Se trata de reconocer que la defensa de la democracia pierde consistencia cuando se subordina a la conveniencia de quien ofrece respaldo. Ninguna oposición puede convertir la confianza en una potencia extranjera en sustituto de una estrategia propia, ni confundir el apoyo internacional con una garantía de que los intereses nacionales serán respetados.

La controversia sobre el diésel ruso y los negocios petroleros venezolanos conduce, así, a una misma interrogante: ¿qué valor tienen los principios cuando se enfrentan a los beneficios económicos? Trump puede alegar que defiende los intereses de Estados Unidos. Todo gobierno tiene esa responsabilidad. Pero invocar el interés nacional no resuelve el problema cuando las decisiones adoptadas pueden beneficiar a un adversario estratégico, debilitar a un aliado y relegar las aspiraciones democráticas de otro país.

América Latina no necesita escoger entre la subordinación a Washington y la dependencia de otras potencias. Necesita relaciones internacionales que respeten la soberanía, la transparencia y la voluntad popular, sin importar quién controle los mercados o disponga de los recursos que otros desean.

La lección es antigua, pero sigue vigente:

Si la libertad se defiende únicamente cuando resulta rentable, deja de ser un principio y se convierte en propaganda. Y cuando una potencia pretende decidir el futuro de otras naciones sin asumir las obligaciones que acompañan a su poder, la soberanía de los pueblos termina negociándose en mesas donde sus ciudadanos no tienen asiento.

Esa es la advertencia que América Latina, por su propia historia, no debería ignorar. Porque el peligro no reside solamente en que Trump ponga precio a la democracia, sino en que el mundo termine aceptando que ese precio puede pagarse con la soberanía de los demás.