El Gobierno de Milei desata la represión contra estudiantes y docentes en Buenos Aires
La violenta intervención policial en una manifestación pacífica por la educación pública deja al menos 25 detenidos y numerosos heridos. La represión se enmarca en el rechazo del presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario
La jornada del 15 de octubre en Buenos Aires se convirtió en un escenario de violencia estatal, cuando las fuerzas de seguridad argentinas, bajo el mando del presidente Javier Milei, lanzaron un operativo represivo frente al Congreso de la Nación. La intervención, que incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, buscaba dispersar a una masiva movilización de estudiantes, docentes y trabajadores que exigían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica se tornó en caos tras la llegada de la policía, que avanzó de manera indiscriminada contra los manifestantes. Los relatos de testigos documentados por medios locales señalan que la intervención coercitiva del aparato estatal fue desproporcionada y brutal.
El saldo de esta represión fue alarmante: al menos 25 personas detenidas y numerosos heridos, entre ellos legisladores nacionales y periodistas que cubrían la protesta. La situación se agrava en un contexto donde el Gabinete de Milei ha ignorado la legislación aprobada por el Poder Legislativo, que garantiza el presupuesto de las universidades públicas.
El despliegue policial se caracterizó por el uso sistemático de químicos irritantes y chorros de agua a presión, dirigidos a quienes se congregaban pacíficamente en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Según referentes de la oposición y manifestantes, la marcha se desarrollaba con normalidad hasta que las fuerzas de seguridad intervinieron, lo que sugiere la posible presencia de elementos infiltrados que buscaban provocar disturbios.
La protesta social surge como respuesta a la decisión de Milei de vetar y frenar la aplicación de la norma presupuestaria, lo que asfixia financieramente a las instituciones de educación superior del país. Desde diversos sectores políticos y sindicales, se ha responsabilizado directamente al Gobierno por la integridad física de los manifestantes y por cerrar las puertas al diálogo institucional, optando por la represión.
Diputados y líderes de organizaciones sociales han enfatizado que el uso de la violencia policial es un intento de amedrentar a la sociedad civil y de imponer un ajuste presupuestario en el sistema universitario, violando así las garantías constitucionales de protesta y reunión pacífica.