Editorial: Del paredón de Bolívar a la cadena perpetua
Entre los resultados de la más reciente encuesta de Meganálisis hay un ítem que desnuda el agotamiento y hartazgo de los venezolanos frente a la corrupción, un monstruo que se instaló y expandió sus tentáculos sobre el país desde finales de los ’90, con la llegada al poder de Hugo Chávez y su bandera del Socialismo del Siglo XXI.
Hoy, el 96,6 % de los 1.129 consultados considera que nuestra tristemente colonizada nación no podrá recuperarse si persisten estos actos en la Administración pública y, sobre esa base, no sorprende que 60,7 % se muestre en disposición de apoyar la cadena perpetua para los corruptos en un nuevo sistema de justicia.
Las cifras expresan una desesperanza profunda.
Los venezolanos quieren que robar desde el poder deje de ser un negocio rentable y que la impunidad no sea vista como un refugio por quienes saquean los recursos de todos.
Y en este tema, tenemos que ser exageradamente responsables. Sí, el cáncer de la corrupción es parte del cuadro político actual, pero cuenta con empaque multicolor. Y cada ladrón roba proporcionalmente, según el presupuesto que maneja.
Por eso, sería un error atribuir este flagelo exclusivamente al chavismo-madurismo, aunque su responsabilidad en la destrucción institucional, el despilfarro y el enriquecimiento de grupos privilegiados resulte inocultable.
Todos deben responder. Quienes, en nombre de la oposición, protagonizaron o aún protagonizan o toleran prácticas incompatibles con la transparencia y la ética pública, no están exentos. Ninguna bandera política puede convertirse en salvoconducto para delinquir.
Duele ver como la inmensa mayoría de quienes integran esta generación política no podría tan siquiera justificar sus bienes en una nación con instituciones sanas. Tours por países, viajes glamurosos, adquisición de lujosas propiedades y un grosero derroche a la vista de todos los exhibe.
La riqueza inexplicable, los patrimonios desproporcionados y el uso del Estado para favorecer intereses particulares deben ser objeto de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes.
Sin dudas, el mayor reto que tenemos en Venezuela es recuperar y rescatar la ética y la moral pública. Porque la corrupción se traduce en hospitales sin insumos, servicios públicos destruidos, salarios insuficientes, empresas quebradas y familias obligadas a emigrar.
Cada recurso desviado representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de la población. Detrás de cada contrato amañado y cada presupuesto saqueado hay ciudadanos que pagan las consecuencias.
Recordamos, por ejemplo, la eliminación de las licitaciones en contratos, desde la época del COVID. Aquello se convirtió en otro factor importante para promover despilfarro de recursos.
La ausencia de controles, la contratación opaca y la discrecionalidad en el manejo del dinero público abren las puertas a los abusos.
Y qué decir del más reciente ejemplo es el mega-acuerdo petrólero impulsado por Donald Trump bajo la reverencia y sumisión de los hermanos Rodríguez. Aún nadie sabe la letra chica de ese contrato, en medio de un supuesto auge petrolero cuyos resultados en materia económica esquivan los bolsillos de los venezolanos. Ninguna emergencia puede justificar que la transparencia se convierta en una opción.
La rendición de cuentas no puede depender de la voluntad de quien administra los recursos. Tiene que ser una obligación legal y permanente.
La historia venezolana ofrece una referencia ineludible.
Simón Bolívar entendió que la independencia militar no bastaba para consolidar la República.
En el Discurso de Angostura de 1819 defendió la virtud republicana y la necesidad de instituciones capaces de contener los abusos del poder. La honestidad pública no era un adorno moral, sino una condición para sostener la nación.
La evocación del paredón no pretende idealizar las ejecuciones ni legitimar la venganza. Que quede claro. Eso sí, nos recuerda que la responsabilidad pública debe estar por encima de la ambición individual.
Con la evolución del ordenamiento jurídico venezolano, la pena de muerte quedó abolida y la Constitución vigente, en su artículo 44, prohíbe las condenas perpetuas y establece que las penas privativas de libertad no excederán de treinta años.
Lo que plantea la demanda ciudadana de castigos más severos es la certeza del castigo, la recuperación de los bienes robados y la inhabilitación efectiva de los responsables.
El corrupto, sea un político-empleado público o una persona jurídica, debe, además de ser condenado a prisión, estar inhabilitado para ejercer derechos ciudadanos ni contar, por ejemplo, con aval bancario para acceder a beneficios financieros y fiscales.
No bastan las comisiones investigadoras, las detenciones selectivas ni las cruzadas moralizadoras que terminan en expedientes engavetados. Venezuela necesita jueces autónomos, organismos contralores independientes, protección para los denunciantes, mecanismos eficaces para recuperar activos y reglas que impidan a los condenados utilizar nuevamente el sistema financiero o contratar con el Estado al margen de las restricciones legales.
Del paredón de Bolívar a la cadena perpetua transcurren casi dos siglos de historia y permanece una misma pregunta: ¿para qué sirve el poder si no está al servicio de la nación?
Venezuela no saldrá de su crisis sin enfrentar la corrupción en todas sus expresiones y colores. Recuperar el país exige reconstruir las instituciones, restablecer la transparencia y hacer de la ética una obligación innegociable. El objetivo no es satisfacer la sed de venganza, sino garantizar justicia, reparar el daño y evitar que el saqueo vuelva a repetirse.
Que robar lo público deje de ser una apuesta segura. Que la impunidad deje de ser la regla. Y que la ética y la moral vuelvan a ser los cimientos de la República.
Carlos Alaimo, presidente-editor.