Al que fuera “rey del camarón”, lo mantienen preso para repartir las sobras de Grupo Lamar

“Él está aislado, no tiene a nadie en la celda, sólo una letrina y lo sacan al patio de lunes a jueves solo 20 minutos y está recluido en El Rodeo I”, denunció Mariana Rincón, hermana de José Enrique Rincón, el 7 de septiembre de 2026, durante una protesta de familiares de presos políticos ante la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

A sus 62 años, el empresario zuliano que llegó a ser conocido como el “rey del camarón” permanece preso mientras el conglomerado que construyó desde 1988 quedó intervenido por el Estado y cuando estaba al mando de Grupo Lamar, llegó a convertirse en uno de los principales productores y exportadores de camarón del país y extendió sus operaciones a sectores como alimentos, restaurantes y transporte de carga.

Pero la caída empresarial de José Enrique Rincón comenzó en 2021 por un conflicto societario ajeno a la actividad camaronera escaló hasta los tribunales, y sus hijos también se incorporaron a la estructura empresarial: Juan Diego Rincón Sabatini, quien presidía Ingeniería 3030, adquirió el 15 de agosto de 2021 el 50 % de Reciclajes Occidentales JL y Tran-Occidente JL, dos empresas dedicadas al reciclaje de metales en las que Juan José Linares Flores, otro empresario venezolano, participaba desde 2015. Con sedes en La Cañada de Urdaneta y Ciudad Ojeda, las compañías producían lingotes de estaño y pailas de aluminio para los mercados nacional e internacional.

La sociedad se quebró en 2023, Rincón Sabatini intentó ejercer los derechos derivados de su participación de 50 %: pidió revisar los libros de las compañías y participar en la toma de decisiones. La disputa escaló en 2024 hasta convertirse en un proceso penal. Linares Flores, su esposa Lolimar Mujica y el abogado Carlos Atencio fueron detenidos e imputados por apropiación indebida, de acuerdo con esa reconstrucción.

Linares Flores recurrió entonces a Miriam Morandy, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, para asumir su defensa. La sentencia N.º 0005-4225-2025-24-0900 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), registra que Morandy actuó como defensora privada de Linares en una acción de amparo presentada el 24 de septiembre de 2024 contra una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. En esa misma acción, Susana Barreiros figuró como defensora privada de Lolimar Mujica y Carlos Atencio.

La Hora de Venezuela reportó que Morandy, conocida públicamente por su relación de compadrazgo con Cilia Flores, intentó intervenir ante Pedro Velasco, entonces presidente del Circuito Judicial Penal del Zulia, para conseguir la libertad de Linares Flores. El 20 de noviembre de 2024, Velasco fue detenido junto con el fiscal superior del Zulia, José Gregorio Rondón, y las juezas Maurelis Vílchez y Maryorie Plaza; quedaron relacionadas con el caso Linares.

Pero no fue hasta el 23 de ese mismo mes que Diosdado Cabello anunció la denominada “Operación No a la Navidad” y presentó a Rincón, como integrante de una supuesta conspiración para desestabilizar el país e impedir la juramentación de Nicolás Maduro.

Para ese momento, Rincón ya se encontraba en España. El empresario había salido de Venezuela semanas antes para someterse a tratamientos médicos tras sufrir severos problemas de salud, coincidiendo además con su deseo de apartarse del foco público luego de que las investigaciones a la Alcaldía de Maracaibo amenazaran con salpicarlo por los negocios de recolección de desechos.

A partir de esa acusación del 23 de noviembre, comenzaron a circular con fuerza los señalamientos sobre los contratos de Ingeniería 3030 —empresa presidida por su hijo Juan Diego Rincón— con la Alcaldía de Maracaibo para la recolección y reciclaje de basura. Según fuentes vinculadas con la administración de Rafael Ramírez Colina, las empresas brasileñas Manovial y Sustentare habían ganado la licitación y aportado la operatividad de 40 camiones, aunque esas mismas fuentes reconocían el padrinazgo de Rincón.

La respuesta del Estado fue la ocupación temporal de los establecimientos acuícolas del conglomerado. Solo cinco días después del anuncio político, el 28 de noviembre de 2024, el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura dictó la Resolución DM N.º 013-24, Esta norma estableció medidas extraordinarias para garantizar la continuidad alimentaria en el Zulia y ordenó la ocupación temporal de los establecimientos acuícolas de Rincón. La medida impuso una junta administradora coordinada por el entonces ministro Juan Carlos Loyo.

El 13 de diciembre, Undercurrent News informó que compradores internacionales habían sido notificados de que el Grupo Lamar estaba siendo administrado por Diego Castro Duno, a quien identificó como una figura de alto nivel del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Y el 20 del mismo mes, la nueva administración exportó los primeros 100 contenedores de camarón de Grupo Lamar hacia China. La operación mostraba que el control estatal ya no se limitaba a la ocupación de las instalaciones: también alcanzaba la actividad comercial del conglomerado.

Antes de estos hechos, en abril de 2022, Turquía y Venezuela dieron un paso importante: firmaron su primer acuerdo específico en pesca y acuicultura. La relación entre ambos países ya tenía acuerdos en otras áreas, pero ese memorando puso el negocio pesquero y acuícola sobre la mesa. Ambos gobiernos acordaron compartir experiencias, desarrollar proyectos y acercar a sus empresas.

Durante 2023, la relación entre Caracas y Ankara siguió ampliándose en comercio e inversión, por lo que el camarón venezolano estaba convirtiéndose en un negocio de escala internacional.

Para mayo, SeaFoodSource reportaba 32 granjas, cinco hatcheries, cinco plantas procesadoras y dos plantas de alimento, y calculaba que Lamar representaba alrededor de 80 % de la producción venezolana. Meses después, en el Global Shrimp Forum de Utrecht, José Enrique Rincón Sabatino presentó cifras todavía mayores: unas 13 000 hectáreas de granjas, cinco hatcheries, cuatro plantas procesadoras y tres plantas de alimento. La producción rondaba las 60.000 toneladas de camarón vannamei, equivalentes, según su presentación, a entre 60 % y 70 % del total venezolano y ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo describió al camarón como la principal cadena exportadora no petrolera de Venezuela.

En mayo de 2024, representantes venezolanos y turcos se reunieron para discutir específicamente la cooperación en pesca y acuicultura. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía informó que Venezuela buscaba aprovechar la experiencia turca en esos sectores, desarrollar la cooperación pesquera y ampliar el comercio bilateral de productos pesqueros. En ese encuentro también acordaron establecer un Comité Conjunto de Pesca.

El comité celebró su primera reunión en julio y, como parte de los acuerdos alcanzados, se planteó organizar una visita técnica de especialistas y representantes del sector venezolano a Turquía. Esa visita se concretó en noviembre mientras Lamar todavía pertenecía a Rincón, una delegación venezolana viajó a Izmir.

Allí recorrió instalaciones de acuicultura, criaderos y puertos pesqueros, además de participar en una reunión técnica con representantes del sector privado. Los funcionarios turcos informaron que durante la visita se discutieron oportunidades de cooperación y las condiciones, incluidos aspectos regulatorios, para una eventual actividad de pesca de embarcaciones turcas en aguas venezolanas.

La llegada de Saab marcó la pauta

Mientras Grupo Lamar quedaba bajo control del Estado durante los primeros meses de 2025, la cooperación entre Venezuela y Turquía en materia de pesca y acuicultura avanzaba hacia una etapa más orientada al contacto empresarial.

En mayo, representantes de los sectores público y privado de ambos países participaron en una reunión virtual convocada por las autoridades turcas. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía informó que el objetivo era presentar las características de ambos mercados y facilitar contactos directos entre empresas antes de la feria comercial Made in Venezuela, prevista para los días 16 y 17 de junio en Estambul.

Tres semanas después, el 17 de junio, Venezuela y Turquía celebraron en Estambul una nueva reunión del Comité Técnico de Pesca. El Ministerio turco informó que ambos países habían fortalecido la cooperación entre sus sectores público y privado y que habían elaborado una hoja de ruta para las acciones futuras en pesca y acuicultura. Fue en ese contexto de cooperación en el que Saab apareció públicamente dentro de la operación camaronera intervenida.

El 6 de agosto, Saab, entonces ministro para Industrias y Comercio, recorrió junto con el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y el gobernador del Zulia, Luis Caldera, la granja de engorde de camarón Inmarlaca, perteneciente al Grupo Lamar, en el municipio La Cañada de Urdaneta. Las autoridades visitaron las instalaciones de precría de larvas, las piscinas de engorde y la planta procesadora Atlántico.

Según las autoridades regionales, la visita, instruida por Maduro, tenía como objetivo constatar el funcionamiento de la cadena productiva, desde la siembra y el procesamiento hasta el traslado y la exportación, además de revisar planes de inversión estatal y mixta para pautar su “recuperación”. Y un mes después de la visita de Saab, la presencia de turcos fue recibida por los trabajadores de las distintas empresas de Grupo Lamar.

El negocio cambia de dueño, pero no de ruta

En septiembre de 2025, trabajadores que permanecían vinculados a las operaciones contaron que hombres turcos habían llegado a las instalaciones para “poner orden” y “cuidar el negocio”. Según sus testimonios, algunos empleados fueron interrogados y, en determinados episodios, señalados con armas y trasladados hasta sus casas. Varios terminaron renunciando. También describieron restricciones para utilizar teléfonos personales y vigilancia de las comunicaciones corporativas. Los testimonios los ubicaban ejerciendo funciones de control dentro de las operaciones.

En paralelo, el rastro financiero de una de las empresas de Lamar avanzaba por otra vía. El crédito de Inmarlaca con el Banco de Venezuela, por 1,15 millones de dólares, había sido firmado el 25 de octubre de 2024, antes de la intervención estatal. El 5 de agosto de 2025, el banco registró una deuda de 2,45 millones de dólares y, nueve días después, demandó a la empresa por el incumplimiento de varios contratos.

Tres meses más tarde apareció el nombre que permitiría seguir el rastro de la nueva estructura. En noviembre, Undercurrent News reportó que Grupo Lamar y su planta procesadora operaban bajo el nombre de Xia Caribe Mar Miller y que Miller Holding, conglomerado turco con más de 3 000 millones de dólares en activos. Esta adjudicación a Xia Caribe Mar ocurrió por orden de Alex Saab, entonces ministro de Industrias y Producción Nacional y ya para este momento el grupo ya había desarrollado actividades empresariales en Venezuela, entre ellas proyectos vinculados al cemento y al café, antes de su entrada en el negocio camaronero.

Xia Caribe Mar deja poco rastro jurídico del relevo, pero sí algunos nombres. Esta investigación encontró tres perfiles de LinkedIn vinculados públicamente con la empresa: Orlando Lozano, en el área financiera; Enrique García, en capital humano; y María Verónica López, cuya trayectoria resulta especialmente reveladora: fue directora general de Acuicultura del Ministerio de Pesca, gerente encargada de Fomento del Desarrollo de la Acuicultura de INSOPESCA y, tras la intervención de Lamar, integró la junta administradora de las empresas intervenidas. En marzo de 2025 fue sustituida en el Ministerio por Mariam Agostini Aurrecoechea; hoy, su perfil la ubica en Xia Caribe Mar.

Dentro de las instalaciones, hablar de ellos parece ser otra cosa. Consultado sobre las funciones de estas personas, un trabajador respondió: “Sabrán su matraca, pero no tenemos permitido hablar públicamente de ellos”.

El 26 de noviembre de 2025, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia N.º 01113 en el litigio relacionado con Inmarlaca y otras sociedades vinculadas con Rincón. La Sala levantó el velo corporativo, una figura que permite extender determinadas medidas patrimoniales más allá de la sociedad demandada, y ordenó un embargo preventivo de hasta 5,64 millones de dólares sobre acciones, cuentas y otros bienes.

El asunto empeora para quienes permanecieron en la industria

Después de los sucesos que abrieron 2026 —el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue extraído del poder por Estados Unidos, y el 5 de enero, cuando Delcy Rodríguez asumió la Presidencia—, los meses siguientes transcurrieron sin mayor movimiento hasta agosto, cuando propios datos oficiales y gremiales mostraban una industria en una etapa distinta. El 6 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) presentó al Zulia como el “epicentro camaronero” del país y señaló que la región concentraba 90 % de la producción nacional y generaba miles de empleos. Dos días después, la Cámara de Comercio de Maracaibo reportó una caída de 70 % en la actividad camaronera del Zulia desde 2024 y la pérdida de más de 12 000 empleos directos e indirectos. Su presidente, Dino Cafoncelli, señaló que las exportaciones habían pasado de 4.160 toneladas métricas en 2004 a 1.265 toneladas en la actualidad.

Semanas después, se consultó a Dino Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, a través de Instagram, el único medio de contacto disponible. Se le preguntó si el gremio empresarial, al que pertenece Grupo Lamar, manejaba información sobre quién operaba las empresas. Su respuesta fue que tampoco ellos lo sabían.

De acuerdo con El Pitazo, durante este mismo mes, la defensa de Rincón solicitó al Tribunal anular la investigación en contra del empresario camaronero y ordenar su libertad inmediata al asegurar que en la acusación del Ministerio Público no había una sola prueba que lo incrimine con un supuesto plan conspirativo.

Para buscar una respuesta desde dentro de la industria, el 3 de septiembre de 2026 se contactó, a través de su número personal, a una de las trabajadoras, quien contó que las condiciones dentro de la empresa no habían cambiado del todo. Durante la jornada laboral, los empleados no pueden llevar sus teléfonos personales y deben utilizar dispositivos corporativos que, según su relato, están intervenidos. Toda la información empresarial se maneja a través de una dirección de correo electrónico aparte, cuya ubicación y responsable tampoco conoce, mientras que el personal encargado de las labores operativas está sujeto a acuerdos de confidencialidad.

También confirmó que los hombres de nacionalidad turca continuaban en Xia Caribe Mar C.A., ahora con sede en el sector Tierra Negra de Maracaibo. Los trabajadores no conocen sus nombres reales y los identifican por apodos que pueden cambiar con frecuencia. Son generalmente altos y de distintos tonos de piel. La vigilancia también continúa: en ocasiones hay personas armadas dentro de las instalaciones. Uno de los hombres llegó a decir que “se estaban moviendo las cosas arriba”. Los salarios oscilan entre 300 y 600 dólares mensuales, según las funciones.

Sobre el estado de la operación, lo resumió como “regular”: la actividad continúa y se sigue extrayendo camarón del lago, que cada vez está “peor”, y que las medidas destinadas al cuidado y preservación del producto también son ignoradas, además de mencionar que no se habían renovado contratos ni incorporado nuevos trabajadores, ni mucho menos vacaciones.

12 días después, el 15 de septiembre, Saab se declaró culpable ante la justicia de EE. UU. de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas al mismo tiempo que se le pusieron cifras a ese “regular” que reveló la trabajadora: se reportaron que las exportaciones de Grupo Lamar habían pasado de entre 200 y 240 contenedores mensuales en 2024 a apenas 34 entre enero y agosto de 2026.

Y el arresto de Jesús Enrique Rincón, ocurrido el 14 de junio de 2026 en el Aeropuerto Internacional La Chinita al regresar de Panamá, bajo las cargos de conspiración, traición a la patria, financiamiento del terrorismo, asociación para delinquir y retraso u omisión de funciones tampoco ha alterado la rutina dentro de las empresas: su nombre no se menciona entre quienes permanecían allí y estos tampoco preferían hablar del caso por temor a perder sus puestos de trabajo. Su hermana, Mariana Rincón, había señalado previamente que las empresas de la familia fueron expropiadas y que el Estado solo tiene interés en las ganancias.

Solo en 2016, un envío de 880 toneladas de camarón desde el Zulia fue valorado en aproximadamente 2,64 millones de dólares. Para ese momento, la industria proyectaba exportaciones cercanas a 20.000 toneladas y unos 105 millones de dólares en ventas internacionales.

8 años después, en 2024, fueron reportadas exportaciones de 3.498 toneladas hacia China, de las cuales unas 2.800 toneladas correspondieron al Grupo Lamar, según la información divulgada sobre ese envío.

La Sociedad Venezolana de Acuicultura estimó en 2025 una producción nacional cercana a 65.000 toneladas anuales, con unas 60.000 destinadas a mercados internacionales y una generación de entre 14.000 y 17.000 empleos directos, pero el tamaño económico de la industria no permite determinar por sí mismo cuál es su impacto sobre el lago.

Aunque el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (MINPESCA) publicó un primer balance de 2026, correspondiente al período enero-mayo que registró 2.386.062 toneladas de producción acuícola en Zulia y 1.247.106 toneladas de captura pesquera, se mantiene opaca la dimensión económica y empresarial de esa producción: no desagrega cuánto corresponde al camarón, qué empresas aportaron ese volumen ni cuál fue su valor económico, pese a que el Estado ya había intervenido Grupo Lamar bajo la acusación de una presunta conspiración.

La situación ocurre en una industria exportadora cuyas ventas al exterior, según datos de Trade Data Monitor citados por The Wall Street Journal, cayeron alrededor de 50 % entre 2024 y 2025. Para el cierre de 2026, estos trabajadores tampoco ven una recuperación: describen una dinámica de extracción descontrolada, que se resume como un “saco, pero nunca invierto en un arreglito”, ni para sostener las condiciones de la propia producción.

Antes de los turcos, así funcionaba Grupo Lamar

Para entender qué cambió —y qué permaneció— después de la llegada de los turcos, hay que volver a quienes conocieron las operaciones de Lamar antes de la intervención estatal. Sus testimonios permiten reconstruir cómo funcionaban las granjas y plantas cuando el negocio todavía estaba bajo el control de Rincón.

Miguel Suárez trabajó en Inmarlarca entre 2019 y 2021. La empresa, vinculada a Grupo Lamar, aparece identificada en una tesis de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) de 2018 como una granja de cultivo de camarón en el Zulia, con las coordenadas 10.198846, -71.867597. Suárez reconoce la operación y confirmó que allí se desarrollaba el cultivo camaronero. También mencionó la existencia, en esa zona, de otra operación llamada Agrodirecto C.A., ubicada en el sector La Ceiba, parroquia San José de Potreritos del municipio La Cañada de Urdaneta. Sus coordenadas registradas son 10.202253, -71.867043. La infraestructura existe en la zona desde el período 2004-2006, cuando operaba como Agrocellaca (Fundo El Palmar), antes de ser adquirida y constituida formalmente como Agrodirecto C.A. entre 2007 y 2008.

La magnitud que había alcanzado esa operación la conoció Suárez por trabajadores que llevaban años allí. Según le contaron, en 2017 llegaron a manejar unas 1.500 piscinas de 15 hectáreas en la zona de Miranda, en Los Puertos de Altagracia. Cuando comenzó a trabajar, parte de esa infraestructura ya estaba siendo desmantelada y las operaciones se desarrollaban con mayor discreción.

“Ahí mismo descabezaban los camarones y salían directo para Europa, pero jamás se sabía el precio ni si el cliente quedó satisfecho”, afirmó.

Una cosecha podía movilizar a cientos de trabajadores durante varios días. Las jornadas eran de 21 días de trabajo por nueve de descanso al mes y el salario rondaba los 200 dólares. Suárez terminó renunciando por razones de seguridad cuando lo que ocurría dentro de las empresas comenzó a comentarse fuera de ellas.

En 2022, otro trabajador vinculado a Grupo Lamar describió una operación con controles internos estrictos y protocolos de confidencialidad. Afirmó que existía vigilancia sobre los trabajadores y que los teléfonos corporativos eran intervenidos.

“Hasta llegan al punto de prohibir la interacción con otros compañeros. Recuerdo que se tenía la sospecha de que se trabajaba con gente allegada al Estado”, expresó.

Ese mismo año, Elisa Chacín trabajó en Inmarlarca en el pelado, descabezado y revisión del camarón. Asegura que más de 200 personas participaban en esa etapa antes del empaque.

“Que el camarón esté limpio, que no tenga resto de venas. Después lo pasan para la máquina, al proceso de hidratación y luego se empaca para exportarlo”, comentó.

En 2023, Chacín pasó a Prisma, otra empresa vinculada al procesamiento camaronero, junto con Roxy Pérez, a quien conoció allí. Ambas trabajaron primero en mantenimiento y después en producción, donde se revisaba el camarón antes del procesamiento final. Las dos terminaron dejando la industria para dedicarse a otras actividades porque el salario, que entonces rondaba los 240 dólares, no les parecía suficiente para asumir tanta responsabilidad.

Ahora, José Enrique Rincón, pasó de ser el “rey del camarón” a ser el rey de la miseria: permanece detenido en El Rodeo I con una huelga de hambre para exigir su libertad. Desde el 23 de septiembre se empezaron a repartir, otra vez, las sobras: El Pitazo informó que ya Delcy Rodríguez busca terminar el convenio con Xia Caribe Mar C.A. —a apenas diez meses de su aparición formal, después de que Alex Saab visitara Inmarlaca en agosto de 2025, cuando Maduro todavía era presidente— para entregar las pequeñas fincas a privados bajo comodato —una figura que permite entregar bienes públicos a particulares cuando existe un interés público que lo justifique y que, además, debe quedar sustentada en un contrato—, con 30 % de las ganancias para la Gobernación del Zulia.

Según dos fuentes consultadas, que son integrantes del gabinete de Luis Caldera, el presunto reparto sería de 50 % para Rodríguez, 30 % para la Gobernación —para “mejorar al Zulia”— y el 20 % restante para una empresa privada con el fin de mantener “operativo” el negocio.

Familiares de Rincón, distintos de su hermana Mariana y cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad, temen nuevas acusaciones o un proceso indefinido e incluso si lo liberan, consideran que difícilmente volvería a ser el dueño del conglomerado. Además, aseguran que los nuevos actores seguirán pegados a Grupo Lamar por la plata que “genera”.

Para esta investigación se visitó el 31 de agosto de 2026 el Registro Mercantil Primero del Zulia para consultar la estructura societaria de Grupo Lamar. Aunque el artículo 9 de la Ley de Registros y Notarías establece el carácter público de sus asientos, el acceso fue negado. El 7 de septiembre se realizó un último intento para consultar la información mercantil de Xia Caribe Mar C.A., vinculada a la operación turca y la respuesta también fue negativa. Desde el Registro indicaron que “no tienen conocimiento” de lo consultado.