Alerta máxima en Caldono ante incursión de grupo armado en territorio indígena
Las autoridades indígenas de Sa’th Tama Kiwe han declarado alerta máxima en Caldono, Cauca, tras la presencia de disidencias de las Farc. La situación ha llevado a la comunidad a solicitar intervención estatal y medidas de protección ante posibles agresiones.
La comunidad indígena de Sa’th Tama Kiwe se encuentra en estado de alerta máxima en Caldono, departamento del Cauca, tras detectar la presencia de presuntos integrantes del grupo armado Dagoberto Ramos, vinculado a las disidencias de las Farc. Esta situación fue denunciada el pasado 9 de octubre de 2026, alrededor de las 5:00 p.m., durante un recorrido de la guardia indígena que custodia su territorio ancestral.
La Asociación de Cabildos Ukawesx Nasa Cxhab reportó que el hallazgo ocurrió en la vereda 20 de Julio, activando de inmediato controles comunitarios para salvaguardar la seguridad de los habitantes. Las autoridades indígenas han solicitado la intervención de entidades estatales y organismos de derechos humanos, alertando sobre el riesgo de amenazas o actos de violencia que podrían afectar a la comunidad y sus formas de gobierno.
En el marco de estas acciones, la guardia indígena retuvo dos camionetas Toyota blancas, una Nissan 4x4 y dos motocicletas de alto cilindraje, y revisará la legalidad de estos vehículos antes de decidir su entrega a la Justicia. La organización indígena enfatizó que estas medidas se enmarcan en la Resolución 003 de 2024, que prohíbe el tránsito de grupos armados por su territorio y vías.
“Estos controles se realizan en cumplimiento de la Resolución 003 de 2024, mediante la cual se orienta la prohibición de recorridos de grupos armados dentro del territorio ancestral”, indicó la Asociación en un comunicado. La denuncia fue firmada por las autoridades de los resguardos de La Laguna Siberia, Las Mercedes, Pueblo Nuevo, San Lorenzo de Caldono, Pioya y La San Aguada San Antonio.
Las autoridades ancestrales manifestaron su preocupación: “Denunciamos ante la opinión pública la presencia de grupos armados ilegales en nuestros territorios”. La comunidad asegura que la incursión de actores armados afecta su autonomía territorial, el ejercicio de la autoridad ancestral y los derechos humanos de las familias locales. Además, responsabilizaron al grupo Dagoberto Ramos de cualquier hostigamiento o amenaza que pudiera surgir contra las autoridades tradicionales y la guardia indígena.
La Asociación hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento cercano del caso y adopten medidas de protección adecuadas.
En días previos, el Gobierno nacional había anunciado que revisaría los recursos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y desplegaría medidas para evitar bloqueos y hechos violentos durante una movilización programada entre el 11 y el 14 de octubre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella hizo el anuncio tras un consejo de seguridad que se extendió por más de siete horas.
La jornada, denominada “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”, busca visibilizar las demandas de las comunidades. Sin embargo, De la Espriella subrayó que su administración mantendrá un diálogo directo con las comunidades indígenas, aunque diferenció entre estas y el Cric, afirmando que el Gobierno no negociará bajo presión.
El mandatario anunció una revisión exhaustiva de los $1,13 billones entregados por el Estado en planes acordados con el Cric, aunque no especificó qué entidad realizará esta tarea ni cuándo se conocerán los resultados. “Peso por peso vamos a revisar”, declaró, asegurando que el análisis abarcará cada contrato y convenio asociado a esos recursos.
Con esta postura, el Gobierno intenta equilibrar el reconocimiento de las comunidades indígenas y la necesidad de mantener el orden público, advirtiendo que no permitirá interrupciones en las carreteras ni agresiones contra civiles o miembros de la fuerza pública. La advertencia se dirige a quienes participen en actos violentos durante las jornadas de movilización, dejando claro que cualquier destrucción de infraestructura o ataque a la autoridad será castigado.