La UE extiende sanciones contra Ortega y Murillo hasta 2027
La Unión Europea prorroga por un año las sanciones al régimen nicaragüense, evidenciando su rechazo a la represión y el deterioro de los derechos humanos en el país. Las medidas incluyen la congelación de activos y prohibiciones económicas.
La sombra de la represión se alarga sobre Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo han mantenido su control sobre el país durante 29 años, en un periodo marcado por la violencia y el autoritarismo. Este viernes, los Estados miembros de la Unión Europea decidieron extender por un año más, hasta el 15 de octubre de 2027, el marco de sanciones que pesa sobre su régimen.
La decisión, tomada en Bruselas, no es casual. Responde a la persistente represión que las autoridades de Managua han ejercido sobre la población, así como al deterioro continuo de los derechos humanos y la democracia en el país centroamericano. Las medidas restrictivas afectan a 21 funcionarios del régimen y a tres entidades clave en su estructura de poder.
El paquete de sanciones incluye la congelación de activos en territorio comunitario y prohíbe a ciudadanos y empresas europeas poner a disposición de los señalados cualquier tipo de fondos o recursos económicos. Además, se veta la entrada o tránsito por los países de la Unión Europea a los sancionados.
En un comunicado, el Consejo Europeo condenó la “represión sistemática” del aparato estatal nicaragüense y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. El bloque también instó al régimen a restablecer el Estado de derecho, permitir el regreso de organismos internacionales de derechos humanos y abrir un diálogo genuino con la oposición para acordar reformas electorales transparentes.
El régimen de sanciones fue establecido originalmente en octubre de 2019, tras la violenta respuesta del gobierno a las protestas cívicas. Con esta nueva extensión, la Unión Europea reafirma su postura de presión diplomática y financiera sobre la cúpula de Managua, condicionando cualquier alivio de las restricciones a avances verificables en la restitución de las garantías democráticas en el país.