Justicia de EE. UU. imputa a Maduro y Cilia Flores por presunta conspiración para torturar
Los cargos están relacionados con presuntos actos de tortura cometidos contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante los años de gobierno de Maduro. La nueva acusación se suma a los cargos por narcotráfico que ya enfrentan Maduro y Flores ante la justicia estadounidense. Actualmente permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas, en una nueva acusación que amplía el proceso penal que ambos enfrentan en ese país.
Los cargos están relacionados con presuntos actos de tortura cometidos contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante los años de gobierno de Maduro. Entre los hechos señalados por los fiscales figuran la detención y tortura, en 2013, de un militar venezolano acusado de participar en un supuesto intento de golpe de Estado, así como el presunto maltrato en 2022 de un ciudadano estadounidense detenido por las autoridades venezolanas.
La nueva acusación se suma a los cargos por narcotráfico que ya enfrentan Maduro y Flores ante la justicia estadounidense. Ambos fueron capturados durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026 y posteriormente trasladados a Nueva York. Actualmente permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
Maduro y Flores se han declarado no culpables de los cargos anteriores. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, según documentos judiciales citados por Reuters.
La acusación constituye una ampliación del caso contra la pareja y coloca nuevamente las denuncias sobre presuntas torturas y abusos cometidos por organismos de seguridad venezolanos en el centro del proceso judicial en Estados Unidos.
Como ocurre con toda acusación penal, los cargos representan alegaciones de los fiscales y los acusados deben ser considerados inocentes mientras no exista una condena judicial.