Venezolanos de Doral presionan al Ayuntamiento para cancelar acuerdo de cooperación con ICE
La protesta contó con el respaldo de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles. La alcaldesa de Doral, la republicana Christi Fraga, ha defendido la permanencia del acuerdo al argumentar que la ciudad está obligada por una ley estatal promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis
Activistas y residentes de Doral, Florida, reclamaron este miércoles al Ayuntamiento de la ciudad que cancele su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que el convenio ha contribuido a convertir a esta localidad, con una elevada población venezolana, en uno de los principales focos de operativos migratorios del país.
Durante una reunión del Concejo Municipal, Eleazar Guevara, emprendedor y miembro del Venezuelan American Caucus (VAC), entregó firmas de 170 familias para respaldar la solicitud de revocar el acuerdo conocido como 287(g), que permite a agentes policiales locales colaborar con autoridades federales en determinadas funciones de control migratorio.
Guevara aseguró que el temor generado por las redadas y detenciones también está teniendo consecuencias sobre la actividad comercial de la ciudad. Según testimonios recopilados por los activistas, algunos establecimientos han registrado reducciones de entre 70 % y 80 % en sus ventas durante los últimos meses.
“Ya basta”, expresó Guevara, quien sostuvo que Doral se ha convertido en un centro de las detenciones migratorias y pidió a las autoridades municipales tomar distancia de las políticas que, a su juicio, están afectando a la comunidad.
La protesta contó con el respaldo de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que reúne a más de 80 organizaciones.
Los activistas sostienen que la oficina de ICE en Miami, cuya jurisdicción incluye a Doral, se encuentra entre las que concentran el mayor número de arrestos migratorios en Estados Unidos.
Los grupos que se oponen al acuerdo anunciaron que continuarán recopilando firmas y apoyos ciudadanos con el objetivo de conseguir que el Concejo de Doral someta a votación la permanencia del convenio con ICE.
La alcaldesa de Doral, la republicana Christi Fraga, ha defendido la permanencia del acuerdo al argumentar que la ciudad está obligada por una ley estatal promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los activistas, sin embargo, sostienen que otras ciudades no han suscrito convenios similares y reclaman que Doral revise su posición.
Thomas Kennedy, consultor de FLIC, pidió al gobierno local enviar una señal de respaldo a los residentes y cuestionó que la ciudad mantenga un mecanismo de cooperación con las autoridades migratorias.
El debate también se ha trasladado al ámbito económico. El activista Juan Cuba afirmó, citando datos del Economic Policy Institute (EPI), que las deportaciones han representado un costo de 62 millones de dólares para los contribuyentes locales.
A esto se suman reportes de comerciantes sobre una fuerte caída en las ventas, que los activistas atribuyen al temor de trabajadores y residentes a salir de sus viviendas ante la posibilidad de ser detenidos.
Guevara relató que algunas familias llevan semanas evitando salir de sus casas y que otras dependen de terceros para recibir alimentos y productos básicos.
La residente Liz Rebecca Alarcón, fundadora del medio sin fines de lucro Pulso, describió un ambiente de temor en la comunidad y aseguró que no había visto anteriormente a Doral con un nivel similar de desocupación y preocupación entre sus habitantes.
El temor también se refleja, según Alarcón, en conversaciones entre padres y madres de la ciudad, donde algunos manifiestan preocupación incluso por salir de sus viviendas para llevar a sus hijos a actividades cotidianas.
La controversia aumentó después de la visita a Doral del zar de la frontera, Tom Homan, quien la semana pasada aseguró que las autoridades migratorias habían alcanzado cerca de 200.000 arrestos en los cuatro meses anteriores y advirtió que las deportaciones podrían intensificarse durante 2027.
Mientras los activistas buscan llevar la permanencia del acuerdo 287(g) a una votación, las autoridades locales enfrentan una creciente presión para definir hasta dónde debe llegar la cooperación de Doral con ICE y cómo responder al impacto que los operativos migratorios están teniendo en la comunidad y la economía local.