La Cidh exige liberación de militares presos por motivos políticos en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la situación de miembros de la Fanb detenidos por razones políticas en Venezuela. Urge al Estado a liberar a estas personas y critica las condiciones de detención y el uso de la jurisdicción militar
La situación de los miembros y exmiembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en Venezuela es alarmante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha expresado su profunda preocupación por las detenciones políticas que afectan a estas personas, quienes se encuentran privadas de libertad y son procesadas en la jurisdicción penal militar. En un comunicado, la Cidh urge al Estado venezolano a proceder con su liberación inmediata e incondicional.
La CIDH también muestra solidaridad con los familiares de los detenidos, quienes han denunciado la falta de información y comunicación con sus seres queridos. Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), hasta el 20 de septiembre, al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB y otros cuerpos de seguridad estaban detenidos por motivos políticos, de los cuales 165 estaban en servicio activo y 31 en retiro al momento de su arresto.
Por su parte, el Foro Penal reportó que, al 14 de septiembre, había 144 militares entre las 344 personas que considera presas políticas en el país. Esta discrepancia en cifras refleja los diferentes criterios de las organizaciones para documentar las detenciones, lo que subraya la necesidad de datos oficiales que cumplan con estándares de transparencia.
A pesar de que el 18 de agosto, cinco militares fueron excarcelados de Ramo Verde, sus procesos judiciales permanecen abiertos y están sujetos a medidas alternativas a la privación de libertad. Esto incluye restricciones como presentaciones periódicas y prohibiciones para salir del país.
La CIDH ha señalado que la mayoría de las detenciones provienen de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros cuerpos de seguridad. Los delitos más comunes en estos casos son la conspiración y la rebelión civil, frecuentemente invocados sin un contexto claro de manifestaciones.
Las condiciones de detención también son motivo de preocupación. La Cidh ha recibido denuncias sobre muertes bajo custodia y condiciones inhumanas, como el hacinamiento y la falta de atención médica. Datos de la JEP informan sobre el fallecimiento de al menos seis personas bajo custodia, mientras que el Foro Penal reporta cuatro decesos recientes.
La Comisión advierte que muchas de estas personas están detenidas en instalaciones militares, lo que plantea un riesgo adicional para su integridad. La Cidh recuerda que, en 2019, otorgó medidas cautelares a favor de todos los detenidos en la Dgcim, y hasta la fecha ha emitido 20 medidas cautelares para militares detenidos por motivos políticos.
Respecto a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada en 2026, la Cidh observa que su aplicación es limitada para los militares detenidos, ya que excluye a quienes enfrentan cargos por rebelión militar o por participar en acciones armadas contra la república.
La Cidh reitera su llamado al Estado venezolano para que libere de manera inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las militares, y que se abstenga de utilizar la jurisdicción penal militar como un mecanismo de persecución política.
Como órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Cidh tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en la región, actuando como consultora en estos temas. Está compuesta por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA.