Gobierno plantea participación privada en generación y distribución eléctrica
El Gobierno venezolano avanza en una reforma del sector eléctrico que contempla una mayor participación del capital privado y de empresas mixtas en actividades como generación, transmisión, distribución y comercialización, mientras busca apoyo tecnológico y financiero internacional para recuperar la deteriorada infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La propuesta fue expuesta durante un balance sobre el plan de recuperación del SEN presentado por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, Juan Fernández.
Según explicó Alcalá, la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico busca modificar el esquema actual y permitir la participación de actores privados en distintos eslabones de la cadena, con el objetivo de incrementar la eficiencia, promover la competitividad y atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, la apertura todavía no constituye un cambio plenamente vigente. La Asamblea Nacional aprobó en junio, en primera discusión, el proyecto de reforma, por lo que todavía debe completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
La propuesta se plantea sobre un sistema eléctrico que durante los últimos años ha registrado fallas recurrentes y prolongadas interrupciones del servicio, especialmente en los estados del interior del país.
Los problemas han estado asociados, entre otros factores, con el deterioro de las instalaciones, la falta de mantenimiento, la limitada disponibilidad de generación térmica y las deficiencias en las redes de transmisión y distribución.
En los períodos más críticos, usuarios de diferentes regiones han reportado interrupciones de varias horas al día, convirtiendo los apagones en uno de los principales problemas de infraestructura del país.
Mientras la reforma continúa su trámite legislativo, el Gobierno ya busca apoyo de compañías extranjeras para recuperar equipos y aumentar la capacidad disponible.
Alcalá mencionó acuerdos estratégicos con Eurobras, IMPSA, GE Vernova y Siemens, relacionados con la rehabilitación de instalaciones hidroeléctricas y termoeléctricas, así como con el suministro de repuestos, tecnología y equipos para generación, transmisión y distribución.
Con Eurobras, las autoridades trabajan en la recuperación de las máquinas 17, 18 y 20 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri.
En el caso de IMPSA, empresa argentina, se desarrollan proyectos relacionados con las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua.
Por su parte, GE Vernova y Siemens participan en procesos vinculados con la adquisición de piezas originales, tecnología y trabajos de repotenciación de infraestructura eléctrica.
Estos acuerdos, sin embargo, no implican por sí mismos una privatización de las instalaciones. Hasta ahora, lo anunciado está principalmente relacionado con rehabilitación de equipos, suministro tecnológico, recuperación de capacidad y modernización de la infraestructura.
Acuerdo con GE Vernova contempla nueva generación
Uno de los acuerdos de mayor alcance se concretó el 2 de septiembre, cuando Petróleos de Venezuela (PDVSA) y GE Vernova suscribieron una alianza para recuperar infraestructura eléctrica asociada a la industria petrolera.
Ese mismo día, Venezuela y la empresa estadounidense formalizaron otro acuerdo destinado a avanzar en la recuperación del SEN, durante una ceremonia encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
El entendimiento contempla recuperar capacidad instalada, estabilizar la red y añadir nueva generación durante los próximos años.
Wright planteó entonces un objetivo inicial de estabilizar el sistema en un período de seis a 12 meses, mediante la recuperación de activos existentes y la ampliación de las horas de servicio.
El acuerdo contempla además incorporar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses y otros 5.000 megavatios en los cuatro años siguientes.
El cronograma evidencia que la recuperación del sistema eléctrico venezolano requerirá un proceso de varios años y no se limitará a la reparación inmediata de las instalaciones existentes.
En ese contexto, la reforma legal y los acuerdos internacionales representan dos vías diferentes dentro del proceso de recuperación: mientras las alianzas con compañías extranjeras buscan aportar tecnología, equipos y capacidad para rehabilitar el sistema, el proyecto de reforma plantea abrir de manera más amplia las actividades del sector eléctrico a empresas privadas y mixtas
