Aprehensión de Fiscal General de Bolivia desata crisis política y diplomática
Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, fue detenido en un hecho calificado como "ilegal". La Asamblea Legislativa se prepara para investigar las acusaciones de corrupción que han llevado a Washington a revocar visados a altos funcionarios bolivianos.
En un giro inesperado que agita las aguas políticas de Bolivia, el fiscal general Roger Mariaca fue aprehendido en la región de Santa Cruz, en un operativo que el Ministerio Público califica de "ilegal". La noticia, que se conoció el miércoles 30 de septiembre de 2026, ha desatado una serie de reacciones en el país, donde se denuncia una intervención policial en la sede de la Fiscalía en Sucre, la capital constitucional.
Las circunstancias que rodean la detención de Mariaca son confusas. Un funcionario de la Fiscalía, en un conmovedor llamado durante una transmisión en vivo, denunció el "secuestro" del fiscal, quien, según medios locales, fue detenido en el aeropuerto Internacional de Viru Viru. Hasta el momento, no se han esclarecido las razones detrás de esta aprehensión.
La situación se complica aún más por el contexto internacional. La Asamblea Legislativa de Bolivia ha convocado una sesión para el próximo 5 de octubre con el fin de discutir la creación de una comisión que investigue las acusaciones lanzadas por el gobierno de Estados Unidos contra varios altos funcionarios, incluyendo a Mariaca, cuyas visas fueron revocadas por supuestas actividades ilícitas y corrupción.
El Parlamento boliviano, a través de su Cancillería, ha enviado "notas" al Departamento de Estado estadounidense solicitando antecedentes sobre los casos de Mariaca y de otras autoridades que figuran en esta polémica lista de funcionarios sancionados. Esta acción refleja la preocupación del gobierno boliviano ante las acusaciones que considera "graves".
El lunes pasado, en un movimiento que ha elevado las tensiones diplomáticas, el gobierno de Donald Trump revocó los visados de varios altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, acusándolos de "socavar gobiernos elegidos democráticamente" y de corrupción. Bolivia se ha convertido en el país con más ciudadanos sancionados, con un total de trece funcionarios y un empresario en la lista.
Las acciones de Mariaca han sido calificadas por Washington como un obstáculo para los esfuerzos del presidente Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y como un ataque a las instituciones democráticas bolivianas. En respuesta, el Ejecutivo boliviano ha prometido solicitar información a Estados Unidos para asegurar un "proceso de investigación a fondo" y que los implicados respondan ante la justicia.
La crisis no solo pone en jaque a Mariaca, sino que también amenaza con desestabilizar aún más las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos en un momento crítico para la política interna del país.