Justicia y Transparencia lleva a la Corte de Apelaciones el caso de Richard Ramírez: “Es persecución política”
El caso de Ramírez no es nuevo para la ONG. A comienzos de septiembre, Justicia y Transparencia anunció una denuncia ante el Comité de Revisión del Poder Judicial por presuntas violaciones graves de derechos humanos en cinco procesos penales. Esos procesos se siguen contra los dirigentes sociales Miguel Ángel Sánchez, Richard R. Ramírez G., Alexander Navas C., María Luisa Sucre O. y Luis E. Bravo P.
La ONG Justicia y Transparencia dio un nuevo paso en su ofensiva jurídica contra la persecución política en Venezuela. La organización anunció que interpondrá ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas un recurso para que se revise el proceso seguido contra el dirigente social Richard R. Ramírez G. También pedirá que, en aplicación del debido proceso, se revoquen los actos persecutorios dictados en su contra.
La acción se fundamenta en el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y en los artículos 7 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 7 consagra la supremacía constitucional y el 49 garantiza el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Para la ONG, el expediente de Ramírez es un caso específico de persecución política que no puede seguir avanzando sobre bases irregulares.
El recurso forma parte de las gestiones que Justicia y Transparencia ha venido realizando para conseguir la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución por razones políticas. La organización insiste en exigir que se respete el debido proceso y que no se manipulen expedientes ni procesos judiciales.
El antecedente
El caso de Ramírez no es nuevo para la ONG. A comienzos de septiembre, Justicia y Transparencia anunció una denuncia ante el Comité de Revisión del Poder Judicial por presuntas violaciones graves de derechos humanos en cinco procesos penales. Esos procesos se siguen contra los dirigentes sociales Miguel Ángel Sánchez, Richard R. Ramírez G., Alexander Navas C., María Luisa Sucre O. y Luis E. Bravo P.
En aquella oportunidad, la organización señaló que los expedientes de Sánchez y Ramírez concentraban las principales objeciones. Según la ONG, ambos presentan “una estructura probatoria prácticamente idéntica” y las acusaciones se sustentarían en la actuación de un agente oculto. La denuncia también advertía de otras irregularidades:
- teléfonos incorporados a los expedientes sin que se determine su procedencia,
- ausencia de una cadena de custodia verificable,
- vaciado de dispositivos sin claridad sobre quiénes participaron,
- inconsistencias probatorias graves.
Justicia y Transparencia había adelantado entonces que no limitaría su actuación a esa denuncia. Dijo que llevaría los casos “a todas las instancias correspondientes”, y el recurso ante la Corte de Apelaciones es la materialización de ese compromiso.
Reconocimiento a Versión Final
La ONG Justicia y Transparencia agradeció y reconoció igualmente la lucha que mantiene el Diario Versión Final por la libertad de los presos políticos. También destacó el apoyo que este medio brinda a las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país.