Denuncian ocultamiento de detenidos en EE. UU. ante la ONU
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una nueva práctica del gobierno estadounidense que dificulta el acceso a detenidos en proceso de deportación. Más de 16.000 personas están afectadas por esta medida, que ha generado un fuerte clamor por transparencia.
Un grito de auxilio resuena en la comunidad de derechos humanos: el gobierno de Estados Unidos ha implementado una política que oculta el paradero de miles de detenidos enfrentando deportaciones. Esta situación ha llevado a una coalición de más de 30 organizaciones a solicitar la intervención del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Desde el 15 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) eliminó de su Sistema en Línea de Localización de Detenidos los nombres de personas con órdenes finales de expulsión. Este cambio, que afecta a más de 16.000 individuos de un total de casi 69.000 detenidos, se ha llevado a cabo sin aviso ni explicación, generando un estado de incertidumbre y angustia entre las familias y abogados de los afectados.
Según Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, “un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos”. Decker califica la desaparición de personas en los centros de detención como la “definición de una desaparición forzada”, enfatizando la gravedad de la situación.
El clamor por justicia también ha llegado al Congreso. Más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por las representantes Luz Rivas y Veronica Escobar, han instado al ICE a restaurar la visibilidad de los nombres, señalando que esta práctica contradice los principios fundamentales del sistema legal estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido sus acciones, negando que su política equivalga a hacer desaparecer a personas y asegurando que todos los detenidos tienen acceso a comunicarse con sus familiares y abogados. Sin embargo, la realidad es que el acceso a la defensa legal se ha visto severamente obstaculizado, dejando a muchos sin la posibilidad de impugnar sus deportaciones.
Cerca de 1,4 millones de personas en EE. UU. están bajo órdenes finales de expulsión, lo que significa que han sido determinadas para ser deportadas por un juez de inmigración. A pesar de esto, tienen opciones legales para apelar su situación, y jueces federales han ordenado en numerosas ocasiones la liberación de detenidos o la concesión de audiencias de fianza.
La petición ante la ONU destaca que la nueva política ha impedido que los abogados accedan a sus clientes, dificultando intervenciones críticas para solicitar auxilio migratorio y evitar deportaciones ilegales. Se mencionan casos específicos, como el de una madre y su hija de 7 años que, al perder el contacto con sus abogados, enfrentaron la deportación a Venezuela hasta que un juez obligó al ICE a revelar su ubicación.
La situación es angustiante. Un hombre expresó que experimentó un estrés intenso y pensamientos oscuros tras la desaparición de su madre anciana con discapacidad del sistema. La política del ICE, que se ha vuelto más crucial en el contexto de la administración de Donald Trump, ha suscitado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
La petición ante la ONU solicita que el ICE publique la ubicación de todos los detenidos dentro de la próxima hora tras su arresto y que notifique a los abogados con 24 horas de antelación antes de cualquier traslado. El Grupo de Trabajo de la ONU, creado en 1980, se dedica a ayudar a las familias a localizar a seres queridos desaparecidos por agentes gubernamentales, y actualmente es presidido por Grazyna Baranowska, de Polonia.