México niega patrón de desapariciones forzadas de buscadoras ante la ONU
En respuesta a un informe de la ONU, el Gobierno de México rechaza la existencia de un patrón de desapariciones forzadas de buscadoras y destaca su compromiso con la atención de este fenómeno. Sin embargo, las denuncias de violencia y agresiones contra defensoras de derechos humanos continúan creciendo.
La Secretaría de Gobernación (Segob) de México ha salido al paso de las acusaciones de desapariciones forzadas de personas buscadoras, tras un comunicado emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 30 de septiembre. La Segob sostiene que no existe un patrón estatal o recurrente de tales desapariciones y asegura que cada caso se trata con la debida diligencia.
Este posicionamiento oficial se produce luego de que los expertos de la ONU documentaran una serie de agresiones en Sinaloa ocurridas en un breve lapso de 72 horas, que incluyen la desaparición de una defensora y el ataque a una activista junto a su hija y dos menores. En un contexto de creciente violencia, la Segob enfatiza que la atención al problema de la desaparición de personas “constituye una de las más altas prioridades nacionales”.
La dependencia también ha manifestado su disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos, reafirmando que la búsqueda de personas desaparecidas es una “obligación primaria e irrenunciable” del Estado. En su comunicado, la Segob destaca que México cuenta con un marco jurídico específico para prevenir y sancionar este delito, así como para proteger a los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, el informe de la ONU, firmado por expertos como Andrea Bolaños Vargas y Morris Tidball-Binz, plantea una realidad alarmante: las mujeres buscadoras enfrentan niveles de violencia que pueden culminar en su propia desaparición o asesinato. Entre los casos citados se encuentra la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla y la agresión sufrida por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida.
Los expertos subrayan que la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos presenta características específicas de género, lo que exige al Estado actuar con diligencia para prevenir y sancionar tales actos. La ONU ha recordado que las mujeres que luchan contra la impunidad son uno de los grupos más vulnerables y que la violencia de género contra ellas está en aumento.
Frente a estas críticas, el Gobierno mexicano ha enumerado diez medidas en el marco de su Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, que incluyen la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de abrir investigaciones ante el primer reporte de desaparición. La Segob destaca la importancia de que los registros oficiales de personas desaparecidas contengan datos mínimos para facilitar la identificación de las víctimas.
Amnistía Internacional se ha sumado al llamado de los expertos de la ONU para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de protección. La organización ha documentado formas de violencia específicas que enfrentan las buscadoras, incluyendo desplazamiento forzado y estigmatización, y ha señalado que las mujeres indígenas y migrantes sufren discriminación adicional que complica su acceso a la justicia.
En un reclamo paralelo, el colectivo Sabuesos Guerreras ha exigido un trato digno y respeto hacia las madres buscadoras, sumándose así a las demandas de organismos internacionales. A la luz de estos acontecimientos, el camino hacia la justicia y la verdad para las víctimas de desapariciones en México aún presenta enormes desafíos.