La industria ecuatoriana enfrenta un reto eléctrico inminente
El reloj avanza inexorablemente hacia diciembre de 2026, un hito que marcará un cambio radical en la forma en que las grandes industrias de Ecuador se abastecen de electricidad. A partir de esa fecha, deberán ser capaces de generar la energía necesaria para cubrir su propia demanda, una exigencia que se estableció hace más de un año y que, para muchos, continúa siendo un desafío considerable.
Este mandato se encuentra estipulado en el Decreto Ejecutivo 32, promulgado por el presidente Daniel Noboa en junio de 2025. La normativa otorgó un plazo de 18 meses a los consumidores de tarifa de alto voltaje sin sistemas de generación propios para implementar sus soluciones energéticas. El 15 de diciembre de 2026 se ha fijado como la fecha límite para cumplir con esta disposición.
La medida afecta a los consumidores clasificados como Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2, que incluyen algunas de las industrias más grandes del país, como las actividades mineras, siderúrgicas, cementeras, camaroneras y manufactureras. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma dista mucho de ser generalizado. Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, reveló en una entrevista que solo 47 empresas cuentan con la autogeneración necesaria para cubrir el 100% de su consumo, muchas de las cuales habían realizado esas inversiones antes de la crisis eléctrica de 2024.
Según el portal Primicias, alrededor de 135 empresas de alto consumo aún carecen de la capacidad de generación propia requerida y deberán considerar alternativas propuestas por el Gobierno para evitar quedarse desconectadas al expirar el plazo. El reto de instalar nueva capacidad es considerable: los costos para una solución termoeléctrica industrial oscilan entre USD 500.000 y USD 600.000 por megavatio, y la importación de equipos puede tardar hasta cuatro meses, mientras que la instalación podría requerir un mínimo de seis meses antes de que comience a operar.
El vencimiento de diciembre también coincide con otra intervención a los grandes consumidores. Desde el 22 de septiembre, 185 empresas de las categorías AV1 y AV2 participan en un esquema temporal que les permite reducir su consumo del Sistema Nacional Interconectado una vez a la semana. Esta medida busca optimizar aproximadamente 3.100 megavatios hora, con reducciones observadas que han variado entre 135 y 200 megavatios en los primeros días de aplicación.
La estrategia tiene como objetivo preservar las reservas hidroeléctricas en medio del estiaje que enfrenta Ecuador. El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, ha reconocido un déficit de generación de entre 1.000 y 1.200 megavatios, y ha indicado que los proyectos térmicos planificados para cubrir esta brecha no se concretaron durante 2026.
Ante la inminente posibilidad de que muchas industrias lleguen a diciembre sin la capacidad suficiente de autogeneración, el Ejecutivo está preparando una segunda opción: las empresas podrían seguir tomando electricidad del sistema, pero a un costo que incluya los gastos de generación térmica. Desde el 21 de septiembre, dos nuevas barcazas, Emre Bey y Eri Sultan, comenzaron a aportar alrededor de 200 megavatios. Esta generación podrá abastecer a las empresas que no logren alcanzar el 100% de autogeneración, aunque su costo será trasladado a esos consumidores.
Antes de que llegue diciembre, se implementará otro cambio. El Gobierno ha anunciado una nueva tarifa para los segmentos AV1 y AV2 a partir del 1 de octubre. Actualmente, estas empresas pagan aproximadamente USD 0,12 por kilovatio hora, pero el nuevo valor, que se estima podría estar entre USD 0,30 y USD 0,31 por kWh, estará sujeto a la determinación de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Este ajuste tendrá un carácter permanente, lo que añade otro nivel de presión sobre las industrias ecuatorianas.
