Nacho Montes de Oca | El bumerán energético: La ansiedad petrolera que dejó a oscuras a Venezuela

La prisa de la industria petrolera venezolana por sacar más crudo de la tierra se convirtió en una trampa perfecta. Cada barril adicional que logran producir le roba directamente horas de luz a los hogares del país. Lo que está ocurriendo es una pelea desigual por una red eléctrica que está rota y colapsada.

Como la cantidad de energía disponible está estancada y no da abasto para todos, el sistema funciona como un juego de suma cero: si la industria petrolera sube, las ciudades se apagan. Este desastre no es un accidente, sino la consecuencia directa de una total falta de inversión previa por parte del Estado y de las empresas privadas. Y ahora se suma la priorización de los objetivos de la dictadura chavista y sus socios internos y externos.

La ansiedad por conseguir dinero rápido hizo que se encendieran taladros y bombas industriales sin haber construido antes las plantas eléctricas necesarias para alimentarlos, marchando a un ritmo irresponsable que la infraestructura nacional simplemente no puede aguantar.

Para entender el problema de forma muy sencilla, hay que mirar los números reales de la red. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene motores y centrales que, en teoría, podrían dar 36.000 megavatios (MW). Sin embargo, según datos de Monitor Ciudad, la red real hoy se encuentra en un estado de vulnerabilidad crítica. La generación realmente disponible ronda 12.000 a 13.000 MW, es decir entre 33 % y 36 % de lo instalado.

El problema es que cuando la población enciende la luz en sus casas. La demanda nacional llegó a picos de 15.579 MW en mayo, 15.625–15.726 MW en agosto y 16.030 MW el 18 de septiembre de 2026, el máximo en nueve años, según el Ministerio de Energía Eléctrica.

En horas pico, la brecha entre demanda y oferta estable se sitúa entre unos 2.000 y 4.000 MW. El 8 de mayo, por ejemplo, la demanda llegó a 15.579 MW y el sistema solo puso a disposición 11.993 MW (déficit de 3.586 MW). Tras las fallas de Guri en agosto-septiembre, especialistas hablaban de un hueco superior a 2.500 MW con demanda de 15.625 MW y oferta por debajo de 13.000 MW.

Imaginemos que la luz del país es un pastel que solo alcanza para doce personas, pero hay dieciséis invitadas; si la industria petrolera llega de golpe y exige comerse tres pedazos enteros, esos pedazos se los tienen que quitar a la fuerza a las familias de las ciudades. Y lo hace bajo la misma administración que redujo a menos de la mitad la cantidad de porciones originales.

Aquí es donde se ve el grave error técnico de no haber planificado. Para sacar el petróleo de los pozos maduros de Venezuela, que son viejos y pesados, se necesitan equipos que consumen cantidades enormes de electricidad las 24 horas del día.

José Gregorio Rodríguez, presidente de la principal cúpula comercial del país, Consecomercio, advirtió sobre este límite físico durante una asamblea del sector: “La ambición de alcanzar una producción de entre 4 y 5 millones de barriles diarios requiere, obligatoriamente, un soporte energético robusto que actualmente presenta serias limitaciones. Sin un sistema eléctrico confiable, las metas de producción y los servicios conexos a la industria se ven comprometidos”.

De acuerdo con reportes de la agencia Bloomberg, los registros históricos de la industria revelan que más del 95% de los pozos de Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco dependen exclusivamente de la red eléctrica nacional operada por Corpoelec. La investigación periodística destaca que menos del 5% de las plataformas e instalaciones de extracción en esa zona estratégica operan con generadores propios autónomos. Esta debilidad quedó en evidencia en abril, cuando fallas en el SEN paralizaron simultáneamente 827 pozos de producción de crudo operados en las empresas mixtas de Chevron, lo que provocó caídas inmediatas en el bombeo diario.

Los inviernos calurosos e improvisación marcaron la pauta. En lugar de construir centrales termoeléctricas independientes para blindar la actividad petrolera de antemano, las operaciones se conectaron directamente a la red nacional. El ingeniero y consultor de sistemas eléctricos Juan Carlos Rodríguez explicó en televisión nacional que el enorme déficit estructural de generación está ocasionando hoy “racionamientos severos de entre 8 y 12 horas diarias en gran parte del país”.

Cuando los taladros se conectan a una subestación saturada, la carga industrial empuja al sistema al límite. En Zulia, Falcón y Monagas se ha denunciado que, ante ese riesgo, Corpoelec prioriza los circuitos petroleros y raciona los residenciales para que PDVSA y sus socios no detengan el bombeo. Es un patrón reportado por comunidades e ingenieros; no hay un acta pública por cada interruptor, pero el resultado visible es el mismo: el pueblo se apaga para que el taladro no pare.

Esta desigual balanza de energía se vuelve todavía más injusta cuando se analiza quiénes manejan el negocio. Según investigaciones publicadas por la cadena internacional BBC, las operaciones de ciertas empresas privadas reciben un trato de prioridad absoluta por parte del Estado.

El caso más polémico es el del empresario Alejandro Betancourt, conocido por liderar al grupo de inversores denominados “bolichicos”, quien pasó de estar investigado en el exterior a convertirse en una pieza clave del sector energético nacional a través de su firma North American Blue Energy Partners.

Esta corporación recibió el control de 17 campos petroleros. El problema es que, para reactivar semejante cantidad de yacimientos maduros, la empresa planea desplegar más de 50 taladros de perforación. Documentos internos de NABEP, revelados por The Wall Street Journal y El Nacional, proyectan 6 taladros a finales de 2026, 12 más en 2027 y luego dos al mes hasta llegar a 52 equipos. La firma ya habría adquirido 23 taladros de Helmerich & Payne, Precision Drilling y Patterson-UTI.

Un taladro de perforación de 1 MW consume, en promedio, lo mismo que 1.100 hogares venezolanos o que tres transformadores del tamaño del que Corpoelec instaló en el Hospital Clínico de Maracaibo. Cincuenta taladros de ese porte suman unos 50 MW: el equivalente a dejar sin luz estable a 55.000 casas, o a una ciudad del tamaño de Cabimas o Valera en hora pico residencial. Y el taladro es solo uno de los aparatos de un yacimiento que devora electricidad.

Multiplicado por decenas de equipos, la carga industrial adicional compite por una red que por su obsolescencia apenas cubre la demanda residencial. El analista Aníbal Sánchez estima que la industria petrolera requiere alrededor de 1.600 MW solo para operaciones básicas.

Al ser un socio comercial prioritario y de alto nivel, los operadores de Corpoelec protegen los circuitos que van directo a sus pozos petroleros. En términos sencillos: si la subestación local no da abasto para mandarle luz al pueblo y mantener encendidos los taladros de la empresa de Betancourt al mismo tiempo, los cables de los ciudadanos se desconectan.

Aquí viene un dilema: si se duplica la producción petrolera como se proponen en Caracas y Washington, se duplicará también el consumo eléctrico. En el juego de suma cero, eso implica tomar el doble del consumo del resto de la economía. Para evitarlo, es necesario aumentar la oferta de energía y eso es algo que no puede suceder ni en el corto plazo ni sin inversión estatal, bloqueada por el esquema de regalías petroleras entregadas a cuentagotas, ni por los privados, que difícilmente acudan a invertir a un país que no puede proveerles de un servicio tan básico como es la energía que necesitan para instalarse y comenzar a producir. O que proveen de electricidad a industrias con un criterio de preferencia política.

Y puede pensarse en que construyan sus propios generadores. Pero allí hay un giro adicional. Para instalar plantas termoeléctricas propias, se necesita un suministro constante y limpio de gas natural o diésel. Irónicamente, el propio deterioro de las refinerías y la infraestructura de recolección de gas en Venezuela hace que el suministro de combustible para alimentar esas futuras usinas internas sea inestable, creando un círculo vicioso donde no se puede producir energía sin gas, pero no se puede procesar el gas de forma óptima sin energía eléctrica estable.

La suma de problemas en el reparto de energía y la preferencia por NABEP fue denunciada por analistas y portales económicos de investigación como EcoPolítica Venezuela, quienes recuerdan que Betancourt ya había recibido contratos millonarios en dólares en el pasado para construir plantas termoeléctricas que terminaron presentando fallas o quedaron abandonadas.

Aquella idea terminó convirtiéndose en un bumerán que golpeó a los mismos petroleros. Como el suministro es tan inestable, esos mismos “parpadeos” eléctricos terminan quemando los costosos motores de la industria. Las consecuencias comerciales ya quedaron registradas en las estadísticas oficiales: el Ministerio de Petróleo reportó a la OPEP que, tras haber subido la producción desde los 924.000 barriles a principios de año, el repunte petrolero se estancó drásticamente en el mes de agosto, registrando un aumento mínimo de apenas 1.000 barriles diarios (un insignificante 0,08%).

Los informes difundidos por el portal especializado Petroguía confirman que fue precisamente “la crisis eléctrica la que frenó el repunte de la producción petrolera” nacional. El colapso destruye el comercio de los ciudadanos, los deja sin agua y les pudre la comida en las neveras, pero al mismo tiempo rompe las máquinas de la industria, frenando la producción de crudo que tanto querían subir, justamente, para evitar un derrumba aun mayor de la economía.

Para sacar al SEN de su estado de colapso definitivo, las matemáticas de la ingeniería no mienten. Técnicos de Siemens Energy y General Electric, tras inspeccionar Guri, Caruachi y Macagua en marzo de 2026, estimaron que reconstruir el sistema exigiría entre 15.000 y 40.000 millones de dólares en un horizonte de 5 a 15 años. Monitor Ciudad ha cifrado en unos 20.000 millones un plan de cinco años para recuperar generación y transmisión. Miguel Lara habla de al menos 15.000 millones solo para un plan de estabilización de tres años.

Alexis Barroso, de la UCAB, estimó en agosto de 2026 que estabilizar el SEN requeriría entre 9.000 y 11.000 millones de dólares en cuatro años, con un plan que cubra generación, transmisión, distribución y comercialización.

Sin embargo, a pesar de que el país vive un repunte en sus exportaciones de crudo, esos millones no están regresando a las subestaciones de los barrios. La explicación es el resultado de un intrincado laberinto financiero y político.

El primer motivo por el cual el dinero del petróleo no repara los interruptores de los ciudadanos es un mecanismo de control internacional conocido como el freno de las cuentas custodiadas. Tras los acuerdos políticos entre Caracas y Washington, una gran parte de los fondos generados por la venta de crudo en mercados internacionales no se dirige al Banco Central de Venezuela ni a PDVSA.

Desde la Orden Ejecutiva 14373 (9 de enero de 2026), los ingresos petroleros que corresponden al Estado van a cuentas custodiadas por el Tesoro de EE. UU. Transparencia Venezuela estimó que en el primer semestre de 2026 las exportaciones valieron 15.167 millones de dólares y que entre 12.513 y 13.574 millones habrían ingresado al Fondo Petrolero.

El Gobierno venezolano solo ha publicado el uso de 300 millones -cerca del 2 % de ese fondo- en un programa de protección social. Funcionarios de EEUU han hablado de desembolsos de 3.000 millones en abril y de “miles de millones” después, pero no hay auditoría pública de KPMG ni estado de cuenta que sustente tales cifras ni consta una partida verificada que haya llegado a Corpoelec o a las subestaciones residenciales. Entre tanta afirmación inverificable, Venezuela se parece mas a Cuba por sus apagones, las excusas políticas y la falta de inversión.

Informes de Bloomberg y de firmas de auditoría como KPMG dejan claro que estos ingresos petroleros van a parar a cuentas especiales estrictamente supervisadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El dinero está allí, pero sus reglas de uso son tan rígidas que el Gobierno venezolano solo tiene permitido utilizarlo para gastos muy específicos de la propia operación petrolera o importaciones humanitarias, quedando el sector eléctrico completamente por fuera de los fondos autorizados.

El segundo factor responde a un crudo análisis político: la urgencia de supervivencia del propio Gobierno. Para la administración nacional, un barril de petróleo extraído significa dinero en efectivo inmediato por cobro de impuestos directos para mantener el gasto público, pagar nóminas estatales y asegurar el control político en el corto plazo. El sistema eléctrico, en cambio, requiere obras de infraestructura que tardan años en completarse antes de dar el primer resultado visible.

Tampoco puede costearse una renovación con mayores tarifas. El precio nominal que paga el ciudadano promedio en Venezuela por la energía eléctrica es uno de los más bajos de América Latina, de 0,15 a 0,17 dólares por kWh. Pero esto se explica además porque el salario mínimo en Venezuela es uno de los más bajos de América Latina. Por lo tanto, el cliente domiciliario promedio no puede financiar con aumentos lo que tampoco el estado y los privados no hacen.

Ante la disyuntiva política de elegir entre financiar la estabilidad del aparato estatal hoy o enterrar miles de millones de dólares bajo tierra en turbinas que tardarán un lustro en encenderse, la balanza de la prioridad fiscal siempre se inclina hacia el pozo petrolero. Finalmente, el dinero petrolero que sí logra entrar de manera directa al país padece el peso del bucle de la desconfianza. El propio diseño de la red eléctrica es un devorador de recursos debido a decisiones del pasado.

Transparencia Venezuela y comisiones parlamentarias documentaron un gasto enorme con escaso resultado. Un informe de 2018 cifró 37.691 millones de dólares solo en 40 proyectos termoeléctricos entre 1999 y 2014, con sobreprecio estimado de 23.033 millones. Cedice ha hablado de hasta 120.000 millones dispuestos hasta 2021. Derwick Associates, de Alejandro Betancourt, recibió contratos por unos 5.000 millones para 12 proyectos que, según Transparencia, debieron costar cerca de 2.100 millones.

Gran parte de ese dinero se esfumó en contratos asignados a dedo, sobreprecios y la compra de equipos termoeléctricos defectuosos que hoy son chatarra. Otra vez sobrevela el espíritu de Betancourt. De las 40 plantas termoeléctricas compradas en esa década, el 80% se encuentra totalmente inoperativo en la actualidad.

Esta enorme deuda histórica y la falta de transparencia institucional hacen que las grandes corporaciones eléctricas extranjeras se nieguen a dar créditos o a trabajar fiado. Como ni el Estado tiene la confianza internacional para pedir prestados los 40.000 millones de dólares necesarios, ni los ingresos petroleros pueden desviarse legalmente de las cuentas supervisadas por las restricciones de las licencias, el sistema eléctrico queda atrapado en el abandono.

Por si el laberinto financiero y la prioridad a los circuitos petroleros VIP no fueran suficientes, el sistema padece un último e implacable enemigo: el factor climático. El entramado eléctrico de Venezuela sufre de una debilidad estructural de origen: Entre 70 % y 85 % de la electricidad que realmente se genera depende de las hidroeléctricas del Bajo Caroní. Guri es la central principal, pero no la única.

La intensificación del fenómeno climático de El Niño derrumbó los niveles de precipitaciones en el norte de Sudamérica. Sin lluvias suficientes para llenar los embalses, la represa perdió la fuerza hidráulica necesaria. Guri tiene 20 turbinas y una capacidad instalada de unos 10.235–10.350 MW. En septiembre de 2026, 7 estaban fuera de servicio y los 13 restantes aportaban cerca de 6.141 MW (menos del 60 % de su capacidad). Las unidades 17 y 15 se detuvieron el 29 de agosto y el 10 de septiembre; la 17, de 770 MW, puede tardar hasta dos años en volver. En consecuencia, el gobierno ordenó racionar de manera drástica el agua y la luz al mismo tiempo.

En condiciones normales, cuando un país se queda sin agua en sus represas, enciende sus plantas térmicas a base de diésel o gas para compensar la falta de energía. Sin embargo, la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos detalla que el 80% de las plantas termoeléctricas del país están fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Según Monitor Ciudad, el parque termoeléctrico tiene unos 21.000 MW instalados y en agosto de 2026 aportaba apenas 2.700 MW: alrededor del 13 % de su capacidad. Plantas emblemáticas como Planta Centro y Tacoa están fuera o apenas parciales.

A esto se le suma un pico histórico de calor que disparó el uso de sistemas de refrigeración domésticos. La propia dictadora interina, Delcy Rodríguez, admitió en declaraciones oficiales que las altas temperaturas y las sequías extraordinarias están poniendo al límite las líneas de transmisión, un argumento que la oposición y los ingenieros independientes rebaten señalando que el clima solo desnuda la falta de previsión estructural de las últimas dos décadas.

La crisis llegó a un punto tan insostenible que el Gobierno tuvo que sacar una regulación de emergencia de última hora. Según reveló la agencia financiera internacional Bloomberg, las nuevas normativas obligan a las multinacionales extranjeras a instalar centrales eléctricas propias para operar de forma independiente fuera de la red nacional. El borrador legal es la admisión definitiva del problema: el Estado reconoce que no puede alimentar los pozos y las ciudades al mismo tiempo sin apagar el país.

Sin embargo, como el capital privado y el público no invirtieron a tiempo, la orden congeló los planes de expansión. Comprar, importar e instalar una planta termoeléctrica de gran escala toma años y cuesta millones de dólares que nadie tenía planeado gastar. El apuro y la falta de inversión previa terminaron apagando las ciudades del ciudadano y paralizando el propio negocio del petróleo. Excepto el de los socios del causante del problema y de sus tutores.

Al final, se cierra un círculo insólito para el ciudadano común: el mismo Betancourt, cuyas plantas defectuosas ayudaron a dejar al país sin luz hace una década, hoy regresa para absorber con una prioridad ostentosa los pocos megavatios que quedan en la red pública, apagando los hogares vecinos para encender sus nuevos pozos petroleros privados.

El bolichico está otra vez drenando recursos de los venezolanos de a pie, pero esta vez blindado por un doble padrinazgo político que generan un presente y un futuro sombrío para Venezuela.

Nacho Montes de OcLa prisa de la industria petrolera venezolana por sacar más crudo de la tierra se convirtió en una trampa perfecta. Cada barril adicional que logran producir le roba directamente horas de luz a los hogares del país. Lo que está ocurriendo es una pelea desigual por una red eléctrica que está rota y colapsada.