Alcaldesa de Doral: "Acuerdo con ICE fue aprobado bajo presión del estado de Florida"

En un contexto de temor y tensión, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reveló que su voto a favor del acuerdo de cooperación migratoria con ICE fue tomado “con mucha reserva”. Las advertencias del estado sobre las consecuencias de no firmar el convenio 287(g) pesaron en la decisión del Concejo Municipal, que, según Fraga, no actuó por voluntad propia sino bajo presión.

“La Ciudad de Doral no decidió voluntariamente un día que quería involucrarse en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, declaró Fraga a DIARIO LAS AMÉRICAS. La presión desde Tallahassee fue palpable, manifestándose en un ambiente de coerción que se había intensificado meses antes de la votación.

El gobernador Ron DeSantis había dejado claro que las agencias policiales debían colaborar con ICE, y que quienes se negaran podrían enfrentar sanciones, incluyendo la suspensión de funcionarios. En este sentido, la alcaldesa mencionó el caso de Fort Myers, donde el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió sobre violaciones legales tras rechazar un acuerdo similar.

Fraga subrayó que la presión fue real y no meramente imaginaria: “Vimos claramente las consecuencias que el Estado estaba dispuesto a imponer a quienes no cumplieran”, afirmó. La interpretación de la obligación estatal, especialmente en relación con el artículo 908.11, ha generado controversia, ya que exige la firma de responsables de centros de detención, sin mencionar explícitamente a las policías municipales.

En abril de 2025, el Concejo de Doral aprobó un memorando con ICE por unanimidad, aunque Fraga insistió en que no fue ella quien firmó el acuerdo personalmente. “Fue firmado administrativamente por el City Manager”, aclaró, aunque su apoyo a la resolución fue innegable.

Sin embargo, la discusión sobre la firma se tornó secundaria cuando comenzaron a circular imágenes de detenciones en Doral, donde familiares denunciaron arrestos de personas con solicitudes de asilo pendientes. Comerciantes expresaron su preocupación por la caída en la clientela, mientras líderes políticos y activistas exigieron la ruptura del acuerdo con ICE.

Fraga defendió la posición de Doral, asegurando que la Policía local no ha realizado arrestos migratorios bajo el convenio 287(g). “Nuestros oficiales no salen a las calles buscando personas por su estatus migratorio”, afirmó, respaldándose en datos que muestran cero encuentros reportados por su departamento desde agosto de 2025 hasta septiembre de 2026.

En contraste, otras jurisdicciones de Miami-Dade han reportado arrestos migratorios por parte de policías locales, lo que plantea un escenario complejo en torno a la aplicación de las leyes de inmigración en el estado. Fraga también catalogó como “demasiado agresivas” algunas tácticas federales, que, según ella, afectan a “familias trabajadoras y a nuestra economía local”.

Ante esta situación, la alcaldesa reafirmó su compromiso de proteger a la comunidad, recordando que Doral no tiene el poder de dirigir las operaciones de ICE ni de redactar leyes federales. “Nuestra responsabilidad es proteger a la comunidad con las facultades municipales”, concluyó.