Alejandra Oraa | La ley puede ser firme sin ser ciega
Me ha resultado especialmente doloroso ver a venezolanos que viven fuera de Estados Unidos opinar sobre lo que está ocurriendo en Doral desde una incomprensión absoluta del sistema migratorio estadounidense. Peor todavía, verlos despotricar contra sus propios compatriotas y asumir que todos los casos son iguales. No lo son.
En Doral existe miedo. Las calles están más vacías, algunos negocios han perdido clientes y hay padres que evitan llevar personalmente a sus hijos a la escuela por temor a ser detenidos. No se trata solamente de una percepción difundida en redes sociales. Residentes y comerciantes han descrito públicamente cómo los operativos migratorios han cambiado la vida cotidiana de una ciudad donde una parte importante de la población es venezolana. También es importante explicar correctamente el papel de la ciudad. En abril de 2025, el Concejo de Doral aprobó la resolución que autorizó la incorporación de su policía al programa federal 287(g). El acuerdo final con ICE, bajo el modelo de fuerza de tarea, fue firmado el 7 de enero de 2026. Ese convenio permite que oficiales locales debidamente entrenados ejerzan algunas funciones migratorias limitadas durante sus labores habituales y bajo la supervisión de ICE. La propia agencia federal explica así el alcance del programa. Pero ese acuerdo no fue lo que permitió que ICE entrara en Doral. ICE es una agencia federal y ya tenía autoridad para operar allí. En la entrevista que le hice a la alcaldesa Christi Fraga, ella sostuvo que la Policía de Doral no dirige ni participa en los operativos federales que estamos viendo y que la ciudad tampoco puede impedirlos ni declararse ciudad santuario bajo las leyes de Florida.
Eso no significa que la discusión sobre el convenio local sea irrelevante. Su existencia puede afectar la confianza de una comunidad que no siempre sabe distinguir entre un policía municipal y un agente federal. Pero tampoco sería correcto atribuirle automáticamente a la ciudad cada arresto realizado por ICE o la Patrulla Fronteriza. Aquí es donde necesitamos dejar las consignas y comenzar a hablar de los casos concretos. No es lo mismo una persona que ingresó al país, nunca presentó ninguna solicitud migratoria y tiene una orden definitiva de deportación, que alguien que solicitó asilo, acudió a sus citas, entregó sus documentos y lleva años esperando que el propio gobierno estadounidense decida su caso. La precisión legal es importante, porque con estos arrestos están encasillando los dos casos en uno. Presentar una solicitud de asilo no convierte automáticamente a una persona en residente, ni significa que su caso será aprobado. Tampoco todos los solicitantes tienen exactamente la misma situación jurídica. Sin embargo, USCIS señala que una persona puede vivir en Estados Unidos mientras su formulario de asilo I-589 se encuentre pendiente ante la agencia. Si USCIS rechaza el caso y la persona no posee otro estatus, el expediente puede ser enviado ante un juez de inmigración.
Pensemos en un ejemplo hipotético. Una persona llega en 2014, solicita asilo y recibe su primera entrevista en 2025. Pasó una década esperando que el gobierno revisara su expediente. Un caso exactamente así fue reportado recientemente en Doral ¿Significa esa espera que su asilo debe ser aprobado? No. Significa que merece una decisión. A marzo de 2026, más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo continuaban pendientes ante USCIS. En los tribunales migratorios, el atraso también alcanza millones de casos. Por eso no es extraño encontrar personas que llevan cinco, ocho o diez años esperando.
Ese colapso no comenzó con la Administración Trump. Es el resultado de décadas de leyes contradictorias, falta de recursos, decisiones judiciales y políticas cambiantes bajo gobiernos de ambos partidos. Lo que sí corresponde a cada administración es decidir cómo utiliza sus facultades y cuáles serán sus prioridades de detención y deportación.
También escucho con frecuencia que existen muchos casos de asilo falsos. Seguramente los hay. Una solicitud fraudulenta debe ser investigada y rechazada. Pero determinar si alguien cumple los requisitos para recibir asilo corresponde a USCIS o a un juez de inmigración, dependiendo del procedimiento. No le corresponde a las redes sociales ni a quienes desconocen el contenido del expediente.
Además, el panorama para los venezolanos acaba de cambiar. El 4 de septiembre de 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que la salida de Nicolás Maduro del poder y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio en las condiciones de Venezuela que debe ser considerado al evaluar el temor de persecución futura. Pero el fallo no dice que todos los asilos venezolanos sean falsos ni que deban ser negados automáticamente. Ordena examinar cómo esos cambios afectan el riesgo particular de cada solicitante. Es decir, exige exactamente lo que muchos comentarios públicos se niegan a hacer: analizar cada historia de manera individual.
La represión del chavismo nunca se limitó a dirigentes políticos conocidos. Durante años, las autoridades utilizaron la detención de ciudadanos comunes, familiares de opositores, periodistas y personas que expresaban críticas en redes sociales como una forma de intimidación colectiva. La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y una política dirigida a silenciar la disidencia.
El caso de la doctora Marggie Orozco lo dejó claro. Tenía 65 años cuando fue condenada a 30 años de prisión por un audio de WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Maduro. No era una dirigente nacional ni una figura pública. Era una médica de San Juan de Colón. Fue excarcelada bajo medidas cautelares el 25 de diciembre de 2025, pero su liberación no borra la condena ni lo que su caso demuestra sobre el aparato represivo venezolano.
Eso no convierte automáticamente en legítima toda solicitud presentada por un venezolano. Pero sí demuestra por qué es irresponsable asumir que una persona tiene que ser famosa o pertenecer a la dirigencia opositora para haber sufrido persecución.
Hay otro elemento que casi nunca se menciona cuando alguien dice: “Que se vaya”. Irse, ¿adónde y con qué documento? Muchos venezolanos tienen pasaportes vencidos, anulados o imposibles de renovar después de años sin servicios consulares efectivos en distintos países. Yo misma llevo casi una década sin pasaporte venezolano porque el gobierno se ha negado a entregarme documentación. La falta de un pasaporte vigente no impide necesariamente que Estados Unidos ejecute una deportación mediante documentos coordinados entre gobiernos.
Pero sí puede hacer extremadamente difícil que una persona salga voluntariamente, viaje legalmente a un tercer país o comience una nueva vida en otro lugar. Por eso la respuesta no puede reducirse a “que se vayan”.
Estados Unidos tiene todo el derecho de establecer sus reglas migratorias, controlar sus fronteras y decidir quién puede permanecer dentro de su territorio. También tiene el derecho y la obligación de deportar a quienes hayan recibido una orden definitiva, especialmente cuando se trata de personas que han cometido delitos graves. Pero defender la ley no exige borrar las diferencias entre los casos.
Podemos respaldar controles fronterizos estrictos. Podemos exigir que se investiguen los fraudes. Podemos defender la deportación de criminales. Incluso podemos concluir que una persona determinada no tiene derecho a permanecer en Estados Unidos. Lo que no podemos hacer es llamar criminal a todo el que tenga un expediente pendiente, ignorar que el propio gobierno puede tardar una década en responder y después responsabilizar únicamente al inmigrante por esa demora.
La ley puede ser firme sin ser ciega. Y los venezolanos, que sabemos lo que significa ser juzgados desde el poder sin que nadie escuche nuestro expediente, deberíamos ser los primeros en entenderlo.
Tomado de sus redes sociales.
