Estados Unidos frena la investigación en España de Alejandro Betancourt, su nuevo ‘zar’ del petróleo en Venezuela
La Audiencia Nacional espera respuestas de Washington sobre una investigación por presunto blanqueo y evasión fiscal que involucra al empresario venezolano
La investigación que lleva la justicia española contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a encontrarse en un punto crítico. La causa, relacionada con presuntas operaciones de blanqueo de capitales y evasión fiscal, podría ser archivada nuevamente si Estados Unidos no responde a una solicitud judicial pendiente desde hace más de nueve meses.
Según una investigación publicada por El País, los investigadores españoles necesitan tomar declaración por videoconferencia a cinco personas condenadas en Estados Unidos por la trama de corrupción conocida como "Money Flight". La solicitud fue enviada a Washington y, hasta ahora, no habría recibido respuesta.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz estableció diciembre como fecha límite. Si para entonces las autoridades estadounidenses no atienden la comisión rogatoria, el magistrado podría archivar por segunda vez el procedimiento, debido a las dificultades para acreditar el origen ilícito de los fondos que presuntamente fueron blanqueados en España.
La causa española investiga operaciones que, de acuerdo con la información difundida por El País, estarían vinculadas con el supuesto desvío de más de 4.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante préstamos y sociedades pantalla. Parte de esos fondos habría terminado en España a través de inversiones inmobiliarias, empresas y marcas comerciales.
Para avanzar en el proceso, la justicia española solicitó interrogar a Abraham Ortega Morales, Carmelo Urdaneta, Álvaro Ledo Nass, Luis Fernando Vuteff y Luis Carlos de León, todos vinculados a la trama de corrupción investigada en Estados Unidos.
El problema es que la cooperación solicitada a Washington no llega pese a que España cuenta con canales judiciales bilaterales y un juez de enlace en Estados Unidos. Para la justicia española, esta falta de respuesta complica la posibilidad de demostrar el delito precedente necesario para sostener una acusación por blanqueo.
Un caso que también pasó por Suiza
El episodio recuerda a la investigación que durante años siguió la Fiscalía de Zúrich contra Betancourt. El País señala que las autoridades suizas llegaron a mantener una orden de arresto que restringió los movimientos del empresario mientras permanecía en Reino Unido.
Posteriormente, según la investigación del diario español, intervenciones de funcionarios estadounidenses del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado habrían influido en el desenlace del procedimiento suizo y en el abandono de la solicitud de extradición.
La situación adquiere una dimensión particular debido al nuevo peso de Betancourt en el sector petrolero venezolano. El empresario ha ganado protagonismo en los acuerdos energéticos entre Caracas y Washington, en un contexto en el que la Administración de Donald Trump busca mantener una participación decisiva sobre el negocio petrolero venezolano.
Mientras tanto, la Fiscalía venezolana también ha intervenido en el caso. De acuerdo con El País, el organismo remitió a la defensa de Betancourt un certificado que sostiene que su situación judicial en Venezuela quedó prescrita y juzgada desde 2023, un documento que podría ser utilizado por sus abogados para invocar el principio de cosa juzgada ante tribunales extranjeros.
Betancourt, quien ha negado las acusaciones en su contra, ha contado además con una defensa de alto perfil en Estados Unidos y está representado en España por el abogado José Antonio Choclán.
Con diciembre como fecha clave, el futuro de la investigación depende ahora de una respuesta que Madrid lleva meses esperando. Si Washington mantiene el silencio, la justicia española podría quedarse sin los elementos necesarios para continuar adelante con el caso.