Andrés Velásquez cuestiona acuerdo petrolero con EE. UU. y exige garantías jurídicas

El dirigente político venezolano Andrés Velásquez cuestionó el acuerdo petrolero anunciado entre Venezuela y Estados Unidos y advirtió sobre las dudas jurídicas que, a su juicio, existen en torno a los compromisos asumidos.

Velásquez señaló que existe poca información pública sobre los términos del convenio, pese a que involucraría una inversión estimada en 65.000 millones de dólares.

Contrasta hoy día con el acuerdo que compromete 65.000 millones de barriles, donde pocos o nadie conoce de su contenido”, afirmó el dirigente.

A su juicio, aunque Venezuela continuará produciendo petróleo junto con Estados Unidos y eventualmente se conocerán mayores detalles del acuerdo, el principal problema está relacionado con la legitimidad y capacidad jurídica del gobierno venezolano para comprometer activos nacionales.

Lo más grave y es lo que nos debería preocupar a nosotros y a la administración norteamericana, es que están firmando un acuerdo con un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene facultad alguna para enajenar o comprometer activos o bienes del país”, sostuvo.

El dirigente opositor insistió en que ninguna modificación a la estructura del convenio resolvería las dudas relacionadas con la seguridad jurídica de los compromisos.

“Ninguna vuelta que le den va a dar seguridad legal a esos compromisos. Ese es el punto”, manifestó.

Ante este escenario, Velásquez reiteró su llamado a convocar elecciones presidenciales como vía para restablecer, según su planteamiento, la legalidad y la institucionalidad en Venezuela.

El dirigente afirmó que continuará exigiendo un proceso electoral que permita recuperar condiciones de seguridad jurídica, Estado de Derecho e institucionalidad, elementos que considera actualmente ausentes en el país.

“Para devolver al país legalidad, seguridad jurídica, Estado de Derecho, institucionalidad; que hoy no existen”, expresó.

Velásquez sostuvo que recuperar esas condiciones sería fundamental para garantizar que futuros acuerdos relacionados con los recursos y activos venezolanos puedan desarrollarse bajo criterios de legalidad y transparencia.