Venezolanos en Miami exigen respuestas por detenciones de ICE: "Esto no era por lo que votamos"

Humberto Castro, un venezolano de 59 años que reside desde hace ocho años en Doral, se dirigía a su trabajo cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un caso que refleja la preocupación creciente entre la comunidad venezolana del sur de Florida por el aumento de las detenciones migratorias.

Según explicó su hija, Arianna Castro, de 29 años, su padre cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y mantiene una solicitud de asilo pendiente. "Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron", relató. Castro ingresó a Estados Unidos con una visa y, de acuerdo con su hija, no tiene antecedentes criminales.

El caso se produce en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de Florida que ha generado preocupación entre la comunidad venezolana, una de las más numerosas del país. Organizaciones del exilio reclaman ahora respuestas y medidas concretas a sus representantes en el Congreso, a menos de tres meses de las elecciones de medio término.

Dos organizaciones, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), elaboraron un informe dirigido a congresistas y senadores para solicitar una investigación sobre las detenciones de venezolanos con solicitudes de asilo y otros procesos migratorios pendientes.

Según el informe, venezolanos en Estados Unidos han sido afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias, mientras personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos migratorios son detenidas para su deportación, incluso hacia terceros países como Liberia.

Como referencia, el documento señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia de ICE, de las cuales más de 70 % no tenía antecedentes criminales. También recoge al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que contaban con autorización de empleo y tenían solicitudes de asilo pendientes.

Helen Villalonga, presidenta de Amavex, afirmó que las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump han "lastimado de manera brutal" a la comunidad venezolana.

Doral concentra una importante población venezolana y su municipalidad suscribió el año pasado un acuerdo 287(g) para colaborar con las autoridades migratorias.

Buena parte de la comunidad venezolana del sur de Florida respaldó a Trump en las elecciones anteriores, según Villalonga, con la expectativa de que aumentaría la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y que las deportaciones estarían dirigidas principalmente contra criminales y personas vinculadas con el chavismo.

"Esto no era por lo que votamos. Esto no era lo que estábamos esperando", aseguró Villalonga que le han expresado incluso venezolanos vinculados al Partido Republicano tras conocer el contenido del informe.

Organizaciones del exilio buscan presionar a los legisladores antes de las elecciones de noviembre. Villalonga señaló que, aunque algunos representantes han mostrado respaldo a la comunidad venezolana, esas expresiones no se han traducido en soluciones concretas.

"Ya estamos cansados de que los legisladores se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas", afirmó.

Entre las solicitudes planteadas figura la realización de audiencias de supervisión sobre las detenciones de venezolanos, además de informes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE con datos sobre las nacionalidades de los detenidos, sus antecedentes penales y sus procesos migratorios pendientes.

También se reclama una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre los arrestos realizados en aeropuertos, así como una revisión individual de los casos por parte del DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

José Antonio Colina, presidente de Veppex, sostuvo que su organización está de acuerdo con que el Gobierno haga cumplir las leyes migratorias, pero cuestionó que se criminalice a la población venezolana.

"Estamos de acuerdo en que el Gobierno quiera hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Lo que no nos parece que está bien es que intenten criminalizar la inmigración venezolana", afirmó.

Según Colina, los cambios en las políticas migratorias han dejado a muchas personas en una situación de incertidumbre, particularmente a quienes solicitaron asilo político y ahora enfrentan procesos de detención pese a no contar con un estatus migratorio definitivo.

Los legisladores, agregó, "tienen que pasar de lo comunicacional a los hechos", al considerar que las respuestas ofrecidas hasta ahora no han sido suficientes.

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, los tres representantes republicanos del sur de Florida mencionados en el informe, no respondieron a las solicitudes de comentarios. El DHS tampoco ofreció una respuesta.

Por su parte, la congresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz expresó su preocupación por el aumento de las operaciones de ICE en aeropuertos y comunidades, y aseguró que se ha comunicado con el DHS sobre asuntos relacionados con las detenciones.

Wasserman-Schultz señaló que varios informes han documentado un aumento de la actividad de ICE en los aeropuertos, aunque precisó que una investigación de la GAO debe ser solicitada por determinados líderes del Congreso o representantes con posiciones específicas dentro de los comités que tienen jurisdicción sobre el asunto.

Dos legisladores del sur de Florida ocupan posiciones relacionadas con esas áreas de supervisión. Giménez preside el subcomité de Seguridad Nacional encargado de la seguridad aeroportuaria, mientras Salazar encabeza el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las políticas migratorias hacia los venezolanos han experimentado importantes cambios. La Administración puso fin a determinadas protecciones temporales y humanitarias concedidas durante el Gobierno de Joe Biden y posteriormente amplió las medidas contra personas cuyos procesos de asilo permanecían pendientes.

Los tres legisladores republicanos del sur de Florida habían pedido anteriormente que los venezolanos sin antecedentes y que huyeron de la persecución política fueran tratados de manera diferente. Giménez solicitó una solución individualizada para estos exiliados, mientras Salazar impulsó un proyecto de ley bipartidista para otorgar TPS a venezolanos que cumplieran con la ley.

Mientras continúa el debate migratorio, Arianna Castro intenta conseguir la liberación bajo fianza de su padre, quien permanece detenido en las oficinas de ICE en Miramar, al norte de Miami.

"Se siente totalmente irreal. Nosotros vinimos buscando una vida mejor y lo único que hemos hecho es trabajar, construir una vida acá y aportar a la comunidad", relató.

La familia, añadió, ha comenzado a experimentar nuevamente una sensación de temor que creía haber dejado atrás tras emigrar de Venezuela. "Es raro volver a ese miedo que tuvimos alguna vez en Venezuela, de que no podíamos salir, porque nos iban a perseguir. No puedes vivir así", afirmó.

Con información de El País de España.