Rodrigo Rivera Morales | Las leyes del terror y el sicariato judicial

Hemos sustentado que el Estado venezolano fue capturado por una banda criminal cívico-militar, destruyendo la institucionalidad y poniendo a su servicio personal los poderes del Estado. El poder legislativo fue sometido a sumisión bajo diversas formas. Cuando en 2015 lo perdieron abrumadoramente por la voluntad del pueblo venezolano, emplearon el poder judicial usurpador para despojar de sus funciones constitucionales y dejarlo a la deriva, además. Aprovecharon que en el parlamento había individuos sin convicción que podrían ser sobornados. Súmese a esto la torpeza y falta de formación política de quienes fungían de lideres de la oposición.

La banda impuso el terrorismo de estado para perpetuarse en el poder. Desde las instituciones del Estado, empleando el uso de las armas asesinaron, torturaron, encarcelaron y persiguieron solo por el hecho de disentir del régimen. Hoy día, aún permanecen en el poder, pues, a los únicos que han sacado han sido Maduro, Cilia y al colombiano Alex Saab. Continúan los Rodríguez, Padrino, González López, Diosdado, y otros de bajo perfil, pero, usufructuando el poder, como Tareck William, Rodríguez Chacín, la jefe de la banda del tren de Aragua, Reverol y demás secuaces.

Para darle un manto de legalidad a sus atrocidades la pandilla cívico-militar utilizó al poder legislativo y poder judicial, montando allí gente totalmente a su servicio, erigiéndose en colaboradores y facilitadores directos de los crímenes que cometían los cuerpos represivos. Aún mantienen presos políticos, los tienen como rehenes y mensaje subliminal para acallar a los disidentes. El patético Diosdado, en su grotesco programa, dijo que permanecerían en la cárcel, afirmación respaldada por un miembro de la comisión de la Asamblea Nacional, l quien Silva en su programa ha tildado del gallinita Arreaza.

La banda encomendó a Rodríguez y su manada de focas de la asamblea nacional elaborar leyes que criminalizarían las protestas y la disidencia. Bajo una narrativa de amor y demócrata, aprobaron leyes cuyo único objetivo es perseguir a opositores. Dejaban abierto el tipo facultando a los sicarios judiciales: fiscalía y jueces, con amplio margen discrecional para calificar los hechos como propios del tipo penal. Estas leyes sembraron el terror en el pueblo, pues, incluso cualquier mensaje en celular podía ser calificado arbitrariamente como traición a la patria, actos de terrorismo, incitación a la violencia y el odio y asociación para delinquir. Basta con indicar el caso de una médica, en el Táchira,  que en su whatsapp tenía un chiste sobre Maduro y fue condenada a 10 años de `risión. ´

El poder judicial se convirtió en el sicariato jurisdiccional. Especialmente se usa el proceso penal como forma de ejecutar la libertad del opositor, privarlo de libertad, y condenarlo en juicio sin el debido proceso, No solo en el campo penal sino también el civil, confiscando bienes o decretando indemnizaciones gigantescas, totalmente desproporcionadas. En la jurisdicción administrativa siempre gama el Estado y cuando es tan evidente que no hay norma que el favorezca no deciden y dejan engavetado los expedientes, por ejemplo, los casos de expropiaciones, vale nombrar, el caso del Hato El Frío, las minas de carbón en Táchira, hay más de centenar de casos que no han sido resueltos. Los informes de la ONU documentan cientos de casos de violación de derechos humanos avalados por los jueces.

Todo el poder usurpador tiene que salir. Ser removido. Ha violado la Constitución, ha quebrantado el Estado de derecho y ha participado de la corrupción en diversos grados, ya como ejecutor, bien como colaborador o facilitador. Legisladores y jueces han sido participes y cómplices de la ruina del país, no solo económica, sino, también moral. La reinstitucionalización tiene que ser con un cambio radical de los poderes usurpadores constituidos.

Nos parece muy acertada la orientación que ha dado el periódico Versión Final de solicitar la derogatoria de todas esas leyes que sembraron el terror del Estado y que por su aplicación cientos de personas están en prisión. Mos parece loable esa campaña de Versión Final por la liquidación del estado terrorista y la liberación de los presos políticos. No habrá estabilidad no paz si se mantiene el andamiajes jurñidico del terror, pues, eso genera inseguridad jurídica. La paz y cohesión social tiene que ser a partir del pluralismo de ideas, leyes justas y administración pública al servicio del interés general. Los venezolanos tenemos que la tarea de exigir elecciones libres e imparciales. El interinato fáctico es continuidad del terrorismo de estado lo que se convierte en factor principal de perturbación. Mucha gente se pregunta ¿por qué no se somete a juicio a Diosdado vive amenazando e incitando al odio? Muy sencillo, la leyes de la pandilla se hicieron para liquidar a los opositores. No hay duda que debe haber elecciones libres para aniquilar el nefasto régimen de la pandilla cívico- militar. ¡Hasta el final!