Cidh lleva a la Corte-IDH el caso de Fernando Albán y responsabiliza al Estado venezolano
Albán, de 56 años, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas. Fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de regresar de Nueva York, donde había participado en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, dirigente opositor venezolano que murió bajo custodia estatal en octubre de 2018, tras concluir que el Estado venezolano incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su detención, tortura y muerte.
El organismo informó que el expediente, identificado como caso N.º 14.267, fue sometido a la Corte IDH el pasado 5 de agosto. La denuncia había sido presentada ante la Cidh el 26 de abril de 2019 y también incluye señalamientos sobre las agresiones que, según la comisión, sufrieron familiares de Albán y la falta de una investigación efectiva sobre su fallecimiento, reseña El Nacional.
Albán, de 56 años, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador de Caracas. Fue detenido el 5 de octubre de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de regresar de Nueva York, donde había participado en actividades relacionadas con la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según la Cidh, la detención ocurrió sin una orden judicial y las autoridades negaron durante unas 20 horas que Albán se encontrara bajo custodia. Esta situación llevó a sus familiares a denunciar una desaparición forzada.
Tres días después, el 8 de octubre, mientras sus abogados esperaban que fuera presentado ante un tribunal, el entonces fiscal general informó que Albán había muerto tras caer desde una ventana de la sede del Sebin. La versión oficial fue cuestionada por sus familiares y representantes legales, quienes señalaron inconsistencias sobre las circunstancias del fallecimiento, entre ellas contradicciones en los certificados de defunción.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25, la CIDH determinó que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. Asimismo, concluyó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras permanecía bajo custodia estatal.
La comisión también sostuvo que el proceso penal iniciado contra el dirigente opositor vulneró garantías fundamentales y que las autoridades no realizaron una investigación diligente sobre su muerte. De acuerdo con el organismo, los hechos estuvieron relacionados con su actividad política y su militancia opositora.
La Cidh atribuyó al Estado venezolano la violación de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos los relativos a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personales, garantías judiciales, principio de legalidad, presunción de inocencia, honra y dignidad, vida privada y familiar, igualdad y protección judicial. También señaló incumplimientos de obligaciones previstas en las convenciones interamericanas contra la tortura y sobre desaparición forzada.
Ante la Corte IDH, la comisión solicitó que se declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano y que se establezcan medidas de reparación para los familiares de Albán. Entre ellas planteó realizar una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas, incluida la cadena de mando.
El organismo pidió además que los familiares puedan participar en las investigaciones mediante su representación legal y que reciban una reparación integral por los daños materiales e inmateriales. También propuso un programa de atención psicológica y psicosocial para quienes manifiesten su voluntad de recibirlo.
Entre las medidas solicitadas figura igualmente eliminar las consecuencias que pudieran derivarse de procesos o antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales relacionados con Albán y sus familiares.
La Cidh pidió al Estado adoptar medidas para prevenir y sancionar posibles actos de hostigamiento, persecución o amenazas contra los familiares del dirigente opositor y los integrantes de su defensa. Como garantías de no repetición, planteó fortalecer la independencia en la designación de la Fiscalía General, asegurar investigaciones imparciales en casos de muertes bajo custodia estatal y evitar declaraciones públicas de autoridades sobre causas penales que se encuentren en trámite.
La comisión también recomendó capacitar a funcionarios del Sebin, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas privadas de libertad y los estándares de debida diligencia aplicables a investigaciones por muertes bajo custodia.
Con el sometimiento del expediente, el caso pasa a una nueva etapa ante la Corte IDH, tribunal que deberá determinar las eventuales responsabilidades internacionales y las reparaciones que correspondan conforme a los hechos y argumentos presentados por la comisión.