AN se va de receso con más de dos tercios de la promesa legislativa pendiente
Entre las iniciativas que permanecen sin aprobación se encuentran la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, leyes relacionadas con ciberseguridad, derechos digitales, inteligencia artificial, telecomunicaciones, sistema eléctrico nacional, propiedad industrial y uso racional de la energía
La Asamblea Nacional (AN) sancionó nueve leyes durante los primeros siete meses del periodo constitucional 2026-2031, un ritmo que representa 24,3% de cumplimiento frente a las 29 normas ordinarias y orgánicas previstas en la Agenda Legislativa anual.
El Parlamento entrará en receso con más de dos tercios de los proyectos planteados aún pendientes de discusión, mientras la propuesta de aprobar ocho códigos para reorganizar el marco jurídico venezolano continúa en fase de planificación, reseña Tal Cual.
Los nueve instrumentos aprobados recibieron respaldo unánime en segunda discusión. Las observaciones de los sectores opositores, según el balance presentado, estuvieron enfocadas en aspectos de forma y no en modificaciones de fondo, lo que abrió cuestionamientos sobre el nivel de debate parlamentario dentro del hemiciclo.
Entre las normas aprobadas destacan la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada el 10 de marzo con el objetivo de adaptar el marco legal petrolero a nuevos esquemas de inversión; la Ley Orgánica de Minas, aprobada el 12 de mayo; y las leyes relacionadas con el fomento del café y el cacao venezolano.
En el área política y social, el Parlamento aprobó el 24 de marzo la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento de 18 artículos destinado a establecer condiciones jurídicas para sobreseimientos y medidas de libertad por hechos de naturaleza política.
También fueron sancionadas la Ley de la Cruz Roja Venezolana, la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la reforma del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.
Debate sobre la gestión parlamentaria
El desempeño de la AN generó posiciones encontradas entre los diputados. El parlamentario Henrique Capriles, de Unión y Cambio, calificó el balance de los primeros siete meses como "totalmente negativo" y aseguró que el Legislativo no ha cumplido con su función de control político.
El manejo de la Asamblea Nacional desde el día uno ha sido siempre opaco: sesiones convocadas sin conocer el orden del día (...) No ha habido el primer debate político en la Asamblea Nacional", afirmó Capriles.
El diputado también cuestionó la falta de rendición de cuentas y de interpelaciones a funcionarios públicos. "¿A dónde van los ingresos que llegan al país? ¿Dónde está la rendición de cuentas?", expresó.
Desde otra posición, el diputado de Acción Democrática José Gregorio Correa defendió el desempeño del Parlamento y destacó leyes como la de Amnistía y las vinculadas con hidrocarburos y el sistema eléctrico como mecanismos orientados a la recuperación nacional.
Correa sostuvo que la eficiencia de un Parlamento no debe medirse únicamente por la cantidad de leyes aprobadas, sino por la aplicación de las normas. Además, señaló que la oposición ha acompañado los proyectos presentados por el Gobierno durante este periodo legislativo.
Proyectos pendientes
Entre las iniciativas que permanecen sin aprobación se encuentran la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, leyes relacionadas con ciberseguridad, derechos digitales, inteligencia artificial, telecomunicaciones, sistema eléctrico nacional, propiedad industrial y uso racional de la energía.
La agenda pendiente también incluye proyectos vinculados con igualdad de las mujeres, juventud, convivencia estudiantil, cambio climático, patrimonio cultural, salud pública y cultura.
Además de las leyes restantes, la directiva parlamentaria plantea la creación de ocho códigos que reorganizarían áreas como el sistema penal, civil, económico, electoral, ambiental y de protección familiar.
La propuesta de unificar normas consideradas desactualizadas enfrenta el reto de una revisión jurídica amplia, debido a la complejidad de consolidar múltiples instrumentos legales en nuevos cuerpos normativos.