De la Espriella ordena traslado de 117 reclusos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad
La medida busca reforzar el control penitenciario y evitar que estructuras criminales operen desde las cárceles. Los internos serán trasladados a establecimientos de alta seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar y otras ciudades. El Gobierno colombiano advirtió que aplicará la ley contra quienes intenten utilizar los centros penitenciarios para coordinar actividades delictivas
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 117 personas privadas de libertad consideradas de alto perfil, algunas de ellas vinculadas a procesos de negociación de paz con distintos sectores, según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia.
La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que dispuso la reubicación de los internos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión tiene como objetivo fortalecer el control de los centros penitenciarios, elevar las condiciones de seguridad y evitar que organizaciones criminales mantengan o coordinen actividades ilícitas desde las cárceles.
El Ejecutivo colombiano presentó el traslado como una de sus primeras acciones orientadas a recuperar el control permanente de los establecimientos penitenciarios, garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución de las órdenes judiciales.
La Presidencia también advirtió que quienes intenten utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales serán sometidos a las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
"El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional", señaló el documento oficial.
La decisión se produce en medio del nuevo enfoque de seguridad impulsado por el mandatario colombiano, quien ha planteado una política de mayor autoridad frente a las organizaciones criminales y la recuperación del control estatal sobre los territorios y el sistema penitenciario.