Carlos J. Sarmiento Sosa | Troya, Ceuta y el post Maduro

Pocas imágenes han simbolizado con mayor fuerza la caída de una civilización que el caballo de Troya. Durante diez años, las murallas de la ciudad resistieron el asedio de los ejércitos aqueos. La fuerza de las armas fue incapaz de doblegarla. Entonces, Ulises concibió una estrategia distinta: sustituir el asalto por el engaño.

Construido por Epeo bajo la dirección de Ulises y aceptado por Agamenón como la maniobra decisiva para poner fin a la guerra, el gigantesco caballo de madera fue presentado como una ofrenda sagrada. En su interior permanecía oculto un reducido grupo de guerreros. Convencidos de que el enemigo había abandonado el combate, los troyanos introdujeron voluntariamente el caballo dentro de sus murallas. Aquella noche, mientras la ciudad celebraba una victoria que nunca existió, los soldados ocultos abrieron las puertas a los ejércitos griegos. Troya no fue conquistada desde fuera; fue destruida desde dentro.

Desde entonces, el caballo de Troya dejó de ser un episodio de la antigüedad para convertirse en una de las metáforas políticas más perdurables de la historia. No representa únicamente el engaño militar; simboliza el fracaso de quienes, teniendo la responsabilidad de proteger una comunidad, dejaron de distinguir entre una apariencia tranquilizadora y una amenaza cuidadosamente concebida.

Más de tres mil años después, hoy el mundo contempla situaciones que evocan aquella antigua lección. Las entradas masivas e irregulares de personas en Ceuta no constituyen un ejército oculto en un caballo de madera. Son seres humanos, muchos de ellos impulsados por la pobreza, la violencia o la desesperación; otros, utilizados por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y, en determinadas circunstancias, por Estados que recurren a la presión migratoria como instrumento de influencia política o diplomática. Seres que requieren tratamiento humanitario.

De otro lado, desde la perspectiva constitucional, la protección de las fronteras constituye una responsabilidad esencial del Estado. El artículo 149.1.2.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. A ello se añade la obligación de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104), dirigir la política interior y exterior (artículo 97) y preservar, en el ámbito que constitucionalmente corresponda, la integridad territorial del Estado (artículo 8). Como frontera exterior de la Unión Europea, España ejerce además esas competencias en el marco del Derecho de la Unión y de los compromisos internacionales asumidos en materia de protección de los derechos humanos y del derecho de asilo.

Por ello, cuando la gestión de la migración pierde sus objetivos y se subordina a la improvisación, a la presión exterior, al cálculo político o a la preservación del poder, no solo se debilita la seguridad nacional, también se deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de proteger el interés general. La legitimidad de un Estado de Derecho depende, primordialmente, de su capacidad para ejercer con eficacia, prudencia y firmeza las competencias que la Constitución y las leyes le encomiendan.

Defender las fronteras españolas no significa solamente levantar barreras contra las personas ni renunciar a los principios humanitarios. Significa preservar el marco jurídico dentro del cual pueden ejercerse la libertad, la solidaridad, la justicia y la convivencia. Sin fronteras eficaces no existe soberanía y, sin ésta, el Estado pierde la capacidad de garantizar los derechos y libertades que constituyen el fundamento de toda democracia.

El verdadero caballo de Troya nunca fue la madera ni los guerreros ocultos en su interior. Fue la incapacidad de una dirigencia para comprender que la primera obligación de todo Estado consiste en proteger la comunidad política cuya defensa le ha sido confiada. Troya cayó porque abrió sus puertas al engaño. Las democracias contemporáneas deben recordar que la compasión y la firmeza no son principios incompatibles. La primera dignifica al Estado; la segunda garantiza su supervivencia.

Las murallas de Troya fueron derribadas una sola vez. Las de las naciones modernas, en cambio, no siempre caen con estrépito. A veces desaparecen lentamente, cuando quienes tienen el deber de defenderlas dejan de comprender que las fronteras no son el límite de una civilización, sino la condición necesaria para que esta pueda perdurar en libertad.

En otro contexto, el 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue extraído de Venezuela por las fuerzas militares de los Estados Unidos y trasladado para ser juzgado ante un Tribunal de Manhattan. A raíz de ese momento, quien usurpa el poder en Venezuela cumple las funciones de procónsul de Washington, prácticamente a pie juntillas, mientras que la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026 —dirigida a resguardar los ingresos petroleros venezolanos— declaró una emergencia nacional y sometió tales ingresos a custodia del Departamento del Tesoro, con autorización previa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como condición para cualquier disposición de los fondos.

Al respecto, puede decirse que la ayuda norteamericana para la captura de un capo del narcotráfico y cabeza de una organización terrorista —y desalojarle del poder— ha sido invaluable, pero hay que tener presente que, de desvirtuarse ese apoyo por otros intereses, podría convertirse en un caballo de Troya que facilitara la sustitución progresiva de la soberanía por la tutela financiera de terceros Estados.

Como advirtió Laocoonte antes de la caída de Troya: «Timeo Danaos et dona ferentes» («Desconfío de los griegos, incluso cuando llegan con regalos»). O en palabras de mi padre ante una inflada amabilidad: «Demasiado amable para ser honesto».